Un negocio familiar reúne patrimonio, trabajo y una expectativa de continuidad. Cuando una generación entrega a la siguiente una empresa viable, transmite conocimientos y confianza en su comunidad. Esta realidad merece reconocimiento en la política económica.
Proponemos definir al negocio familiar como una unidad económica donde personas vinculadas por parentesco participan significativamente en la propiedad, influyen en la estrategia o administración y buscan preservar la empresa entre generaciones. Esta identidad puede existir en cualquier sector y tamaño.
Reconocerla permite identificar al destinatario de una política que transforma México. Desde CONCANACO SERVYTUR hemos impulsado medidas para mejorar condiciones de operación. El desafío es integrarlas en un Programa Nacional de Justicia Económica para los Negocios Familiares, con identidad y acceso claro.
El Pacto por la Prosperidad, la Justicia Económica y la Seguridad articula ese esfuerzo mediante la corresponsabilidad. Iniciado en Tijuana, se ha firmado en 21 entidades federativas. Su alcance nos compromete a escuchar realidades distintas y a exigir que cada participante cumpla su tarea.
La agenda recoge la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión y la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos. Incluye el impulso al RESICO, en el marco de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y el avance legislativo de la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos.
A estos avances se suman la Plataforma Nacional de Establecimientos Mercantiles, la vinculación con NAFIN y el trabajo sobre REPSE. Reconocemos la apertura del gobierno a la agenda. Ahora necesitamos que una familia pueda reconocer sus beneficios como parte de una ruta común.
Quedan pendientes comisiones bancarias accesibles y la posibilidad de cobrar servicios para atraer clientes. También crédito con condiciones acordes al negocio y una política de seguridad social y cargas laborales que sostenga el empleo formal sin disminuir derechos. Trabajamos para que esas propuestas se conviertan en oportunidades.
La transición a la formalidad requiere acompañamiento. Proponemos conectar orientación y regularización con capacitación, financiamiento y protección social, aprovechando el permiso municipal como entrada cuando corresponda al comercio en espacios públicos.
La extorsión amenaza la continuidad entre generaciones. Al Estado le toca combatirla; a los negocios, actuar honestamente; a las cámaras empresariales, acompañar y dar seguimiento. La corresponsabilidad da fuerza al Pacto. La identidad del programa permitirá que las familias reconozcan una política construida para ayudarlas a continuar.
