Hay momentos en la vida de las instituciones en que la legalidad resulta indispensable, pero es insuficiente. El caso que envuelve a la presidenta del Instituto Nacional Electoral ha llegado a ese punto.
Lo conocido en los últimos días dejó de ser sólo una sucesión de revelaciones periodísticas. El 23 de octubre, la Auditoría Superior de la Federación anunció una investigación de oficio y señaló que cuenta con elementos e indicios relacionados con irregularidades en contrataciones, posibles conflictos de interés, colusiones y triangulación de recursos. La indagatoria comprende al INE, organismos electorales locales, empresas, proveedores y personas servidoras públicas relacionadas.
Una precisión es indispensable: una investigación no acredita culpabilidad. Hasta este 25 de octubre no se ha informado de una resolución oficial que determine actos de corrupción, desvío de recursos o responsabilidades individuales.
Éste no es un detalle menor. Quien defiende la democracia tiene que comenzar respetando sus propias reglas: presunción de inocencia, debido proceso y derecho de defensa.
Pero tampoco podemos caer en el extremo contrario: suponer que mientras no exista sentencia firme nada ha sucedido y ninguna responsabilidad política existe.
Aquí empieza el verdadero problema de la presidenta del consejo general del INE, quien ha reaccionado afirmando que está a favor de que se investigue a fondo y que el INE entregará a la ASF y al Órgano Interno de Control los antecedentes, contratos, documentos y evidencias requeridos. También informó de relevos en áreas de alta responsabilidad ejecutiva y administrativa.
Es lo procedente, pero ya no parece suficiente. Durante el próximo pasado sábado circularon incluso informaciones contradictorias.
Un medio aseguró que presentaría su renuncia; otras informaciones posteriores sostienen que no renunciará. Sin embargo, existe, al momento de escribir estas líneas, una renuncia oficial confirmada.
Termina la incertidumbre que reflejó la dimensión de la crisis. No es solamente un problema legal. El artículo 41 de la Constitución no creó al INE como una oficina administrativa más. Lo convirtió en pieza central del sistema democrático mexicano y sujetó la función electoral a principios que comprenden certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.
La Ley General de Responsabilidades Administrativas añade otro estándar: quienes ejercen responsabilidades públicas deben conducirse bajo principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, imparcialidad, integridad y rendición de cuentas. Por eso la pregunta está mal planteada si se reduce a: ¿se ha demostrado que la presidenta del INE cometió una ilegalidad? Todavía no, a pesar del anuncio de renuncia. La pregunta políticamente relevante ya fue contestada: ¿no puedo la presidenta del árbitro electoral conservar autoridad ética, política e institucional necesaria para conducir una elección mientras la propia institución esté sometida a una investigación de esta gravedad?
No hablamos de una institución cualquiera. México ya está en proceso electoral. El proceso federal 2026-2027 comenzó el 10 de septiembre, renovará las 500 diputaciones federales y concurrirá con elecciones locales en las 32 entidades. El propio INE informa que, únicamente en el ámbito local, estarán en disputa más de 19 mil cargos. La confianza en el árbitro es, por ello, parte de la integridad de la elección.
La distinción fundamental es inocencia personal y responsabilidad pública. La presunción de inocencia la protege como persona y servidora pública. Debe respetarse escrupulosamente. Pero la presunción de inocencia no equivale a una presunción perpetua de idoneidad política.
La responsabilidad penal pregunta si alguien cometió un delito. La administrativa determina si existieron faltas. Ambas requieren investigación, pruebas, procedimiento y resolución. La responsabilidad política y ética plantea algo diferente: si una persona mantiene las condiciones de confianza necesarias para encabezar una institución.
Y todavía existe un tercer nivel: la responsabilidad social. Quien dirige una institución de Estado debe comprender que, llegado determinado punto, protegerla puede exigir sacrificar la permanencia personal.
Por eso una renuncia mientras se desarrollan las investigaciones no equivaldría a confesión de culpabilidad. Podría representar exactamente lo contrario: un ejercicio de responsabilidad pública. ¿La persona o la institución? Ése es, finalmente, el dilema. No se debe condenar anticipadamente a quien preside al INE. Pero tampoco debemos permitir que la posible defensa de una persona se confunda con la defensa a la presidencia y a la institución. Son cosas diferentes.
El país necesita una investigación responsable e independiente. Si los señalamientos son falsos, deberán quedar plenamente desmentidos. Si existen responsabilidades, deberán individualizarse y sancionarse conforme a derecho.
Entretanto, una pregunta permanece sobre la mesa: ¿Qué protege más al INE: la permanencia de su presidenta o su separación mientras se esclarecen los hechos? En la democracia constitucional, las personas pasan, las instituciones permanecen, “ergo”, se debe proteger la credibilidad del árbitro electoral, por encima de todas las cosas debe prevalecer el INE, felicidades a la presidenta, su decisión deja que el proceso electoral no tenga duda. Como ciudadana de la República deberá enfrentar su propia circunstancia.
