Durante casi cien años, comerciantes, MiPyMEs y negocios familiares exigimos que abrir una empresa no fuera una carrera de obstáculos. Ante quienes dicen que la simplificación llega tarde, respondemos: después de un siglo, este Pacto es el primer paso nacional que nunca se había dado.
Es justo reconocerlo. En este sexenio, la presidenta Claudia Sheinbaum escuchó la demanda que CONCANACO SERVYTUR llevó hasta convertirla en ley. Con Pepe Merino y la Agencia de Transformación Digital se firmó un pacto nacional y municipal en donde las 32 entidades acordaron homologar 300 trámites estatales y más de 100 municipales. Por fin, la voluntad, la ley y la tecnología está de nuestro lado.
La sobrerregulación no solo produce ineficiencia: genera discrecionalidad y corrupción. Robert Klitgaard lo resumió así: corrupción es monopolio más discrecionalidad menos rendición de cuentas. Cuando una autoridad controla el permiso, interpreta los requisitos y nadie vigila su decisión, el trámite puede convertirse en cobro irregular o caja chica. Esa caja chica municipal debe terminar.
Desde la Cámara de Diputados lo advertí esta semana: no podemos hablar del futuro de México si obligamos a las nuevas generaciones a enfrentar la burocracia del pasado. Hoy, 162 municipios trabajan con la plataforma activa de establecimientos mercantiles: apenas 6.5% de los 2,478. Los 2,316 restantes, 93.5%, todavía deben incorporarse, pero con el pacto firmado con la Agencia de Transformación Digital retoma una nueva velocidad su implementación.
No presentamos estas cifras para descalificar. Lo que no se mide, no se corrige. Hasta hace una semana nuestra red de Cámaras de Comercio y Comercio en Pequeño presentamos 2,008 oficios a presidencias municipales y cabildos para que informen qué hicieron, qué les falta y cuándo cumplirán. También impulsamos la Ventanilla Única y el Observatorio Nacional para la Simplificación y Formalización de Negocios de CONCANACO .
La simplificación ha sido promesa de campaña de políticos de todos los niveles desde 1927. Hoy ya no es promesa ni concesión: desde el 16 de julio de 2025 es una obligación legal y un derecho ciudadano. Los plazos para crear autoridades y designar enlaces locales vencieron desde enero 2026. Los artículos 113 y 114 establecen responsabilidades administrativas ante su incumplimiento.
Reconocemos a quienes avanzan y colaboraremos con quienes quieran cumplir. Pero también señalaremos a quienes simulen. En las elecciones de 2027 impulsaremos una gran campaña pública, objetiva y verificable para que la ciudadanía y los comerciantes conozcan, municipio por municipio, quién cumplió la ley y quién decidió ignorarla. El avance podrá ser premiado y el incumplimiento castigado en las urnas.
Digitalizar un abuso no lo vuelve moderno: únicamente cambia la ventanilla por una pantalla. El Pacto es histórico, después de cien años dimos el primer paso; el siguiente será medir, exigir y, cuando corresponda, sancionar.
Cada trámite innecesario cuesta tiempo. Cada requisito duplicado cuesta dinero. Cada proceso discrecional abre una puerta a la corrupción. Cada retraso puede significar un negocio que no abre, una inversión que no llega o un empleo que no se genera.
Menos burocracia. Menos discrecionalidad. Menos corrupción. Más oportunidades.
El futuro comienza cuando la autoridad cumple la ley.
