La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó este lunes que Rubén Rocha Moya vuelva a ocupar la gubernatura de Sinaloa, luego de que el mandatario oficialista intentara regresar al cargo durante un breve periodo.
Rocha Moya solicitó una primera licencia el 1 de mayo, después de que autoridades estadounidenses solicitaran su arresto y extradición por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, fundado por Joaquín “Chapo” Guzmán.
El viernes retomó sus funciones, pero permaneció en el cargo apenas 32 horas, ante el rechazo de Sheinbaum y de integrantes del oficialismo.
La presidenta confirmó que esta vez se trata de una “licencia definitiva”, al ser cuestionada por AFP sobre la posibilidad de que Rocha Moya regresara nuevamente a la gubernatura, cuyo mandato concluye el 31 de octubre de 2027.
Sheinbaum calificó como “imprudente” la actuación del gobernador durante los últimos días.
“Si estás bajo investigación, yo creo es mejor separarte del cargo (…). No sé qué llevó al gobernador con licencia a regresar. No he hablado con él, tampoco pienso hablar con él”, declaró.
Mientras Sheinbaum ofrecía su conferencia matutina, decenas de personas se manifestaron en las inmediaciones del palacio de gobierno de Culiacán, capital de Sinaloa, en rechazo a Rocha Moya.
Los manifestantes corearon “Fuera Rochismo” y colocaron una pancarta con el mensaje “Fuera Rocha” en la entrada del recinto.
El Congreso de Sinaloa aprobó el domingo por unanimidad la separación de Rocha Moya del cargo, con el objetivo de que este lunes se designara a un gobernador interino que, de acuerdo con Sheinbaum, concluirá el mandato hasta 2027.
Ese año se renovará la mitad de las gubernaturas del país, además de la totalidad de la Cámara de Diputados y diversos cargos locales.
El gobernador interino deberá, según Sheinbaum, “garantizar la gobernabilidad de Sinaloa” y asegurar que las elecciones de junio de 2027 se desarrollen adecuadamente.
Además de Rocha Moya, otros nueve políticos cercanos a él fueron señalados por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
La presidenta enfrenta presión del gobierno de Donald Trump, quien ha sostenido que el narcotráfico tiene influencia sobre el gobierno de México.
