Las principales oenegés defensoras de los derechos humanos en Venezuela exigieron este miércoles derogar la ley contra el odio, una norma que en la última década ha servido para justificar cientos de arrestos contra personas que “generara incomodidades” al gobierno chavista.
La presidenta interina, Delcy Rodríguez, reconoció el martes un “uso abusivo” de esta legislación y pidió al Parlamento reformarla como parte de negociaciones políticas entre el gobierno y un sector de la oposición.
Rodríguez, quien gobierna bajo presión de Washington, planteó modificar la norma casi diez meses después de la caída de Nicolás Maduro en un operativo militar estadounidense.
A comienzos de año impulsó una amnistía que permitió liberar a cientos de presos políticos, muchos de ellos encarcelados bajo esta ley, que establece penas de entre 10 y 20 años de prisión.
De acuerdo con la oenegé Foro Penal, al menos 927 personas han sido imputadas por “instigación al odio” desde que la norma fue creada en 2017.
“Es una ley que ha demostrado claramente el talante represivo del poder”, declaró a la AFP Gonzalo Himiob, director de Foro Penal.
El abogado explicó que, debido a la manera en que fue tipificado el delito, la legislación se convirtió en “una fórmula para ser utilizada básicamente contra quien generara incomodidades en el poder”.
La norma facilitó el arresto de dirigentes políticos, opositores y periodistas, así como de personas que se quejaron por el mal estado de los servicios públicos o difundieron memes contra el gobierno en WhatsApp.
Himiob señaló que los “criterios amplios y difusos” de la ley permiten considerar casi cualquier hecho como una forma de instigación al odio.
La legislación fue impulsada en 2017 por la propia Delcy Rodríguez, después de un periodo de fuertes protestas contra el gobierno, cuando presidía la Asamblea Constituyente, instancia que funcionó como un “suprapoder” y dejó sin funciones al Parlamento de 2015, de mayoría opositora.
Foro Penal advierte que todavía permanecen tras las rejas 328 presos políticos, al menos seis de ellos imputados bajo la ley contra el odio.
Himiob considera que la norma “debe ser completamente derogada” y no reformada. Otras organizaciones comparten esta postura.
“Una reforma parcial es insuficiente para resolver los vicios de origen, las restricciones desproporcionadas y las incompatibilidades con los estándares internacionales de derechos humanos”, señaló en un comunicado enviado a la AFP Provea, una de las siete organizaciones firmantes.
El Parlamento creó una comisión encargada de trabajar en una reforma que busca “avanzar en la despenalización de las conductas previstas” en esta legislación, según una carta enviada por la presidenta al jefe de los diputados, su hermano Jorge Rodríguez.
