La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, llamó a la prudencia y a evitar acusaciones sin sustento tras el ataque armado contra la síndica de Cortazar Damaris Salazar Balderas, así como los señalamientos públicos que realizó su esposo, Diego Estefanía Torres, quien responsabilizó del atentado al alcalde del municipio, Mauricio Estefanía, con quien mantiene un conflicto familiar desde hace varios meses.
En entrevista, la mandataria estatal confirmó que la Fiscalía General del Estado ya realiza las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y determinar si existe alguna responsabilidad penal. Además, insistió en que, debido a la relevancia pública de las personas involucradas, es necesario esperar los resultados oficiales antes de emitir conclusiones.
“Es un tema muy delicado. La Fiscalía está llevando a cabo las investigaciones y yo haré un llamado a los actores políticos a que actuemos con mesura, que permitamos que avancen las investigaciones y, sobre todo, la atención directa que hemos dado a las víctimas. Lo más importante es esperar estas investigaciones antes de hacer cualquier tipo de señalamiento que no tenga un sustento verídico”, señaló.
Respecto a la intervención de elementos de la Guardia Nacional en torno al conflicto familiar derivado de una disputa por un inmueble, García Muñoz Ledo explicó que el apoyo fue solicitado por las víctimas y que los agentes desconocían que se trataba de una propiedad inmersa en un litigio familiar.
“El llamado de las autoridades siempre será acompañar a las víctimas, pero que tampoco se utilicen las fuerzas del orden para dirimir conflictos que sean familiares”, puntualizó.
Ante la preocupación de que la situación pudiera derivar en problemas de gobernabilidad en Cortazar, la titular del Ejecutivo estatal aseguró que el Gobierno de Guanajuato mantiene comunicación con las partes involucradas y dará seguimiento al caso.
La gobernadora recordó que en Guanajuato ningún servidor público cuenta con fuero constitucional y que cualquier señalamiento debe ser investigado conforme a derecho.
“Parte de nuestro trabajo desde el Gobierno del Estado es garantizar las condiciones de gobernabilidad para los municipios. Hemos hablado con el alcalde y yo creo que hay prudencia, hay mesura. Cualquier servidor público en Guanajuato hay que recordar que no goza de ningún tipo de privilegio. No tenemos ningún fuero constitucional. Aquí cualquier ciudadano tiene que ser analizado y revisado, pero también hay que decir que en este momento no hay indicios de que haya una participación del alcalde”, declaró.
Finalmente, aseguró que la Fiscalía será la encargada de determinar qué ocurrió y si existe alguna responsabilidad derivada de los hechos.
