A una semana del ataque armado contra la camioneta en la que viajaba el hijo del alcalde de Cortazar, Diego Estefanía, el secretario de Gobierno de Guanajuato, Jorge Jiménez Lona, aseguró que el Gobierno del Estado no había recibido previamente ninguna solicitud de protección para la familia o funcionarios municipales.
En entrevista, señaló que las medidas de seguridad se determinan con base en un análisis de riesgo realizado por la Secretaría de Seguridad y Paz. También, explicó que, tras la agresión, la gobernadora instruyó mantener comunicación directa con el alcalde y con la familia del menor lesionado, además de dar seguimiento a las investigaciones para esclarecer los hechos.
“Nosotros no teníamos ninguna solicitud. He estado, por instrucciones de la gobernadora, en contacto tanto con el alcalde como con la familia de Diego, con su hijo, quien tiene atención por parte del Estado”.
Jiménez Lona sostuvo que la prioridad es detener a los responsables del ataque y evitar que el conflicto escale, por lo que el Gobierno estatal ha privilegiado el diálogo entre las partes involucradas.
“Es necesario que se detenga a quien generó esta agresión, que se esclarezcan los hechos. Hemos estado haciendo la contención, el diálogo con las dos partes y estamos atentos”.
Respecto a la solicitud de protección para la síndica del Ayuntamiento, el secretario indicó que ésta sí fue presentada después de los hechos y que actualmente se encuentra en evaluación por parte de la Secretaría de Seguridad y Paz. Además, el funcionario estatal también precisó que la síndica no fue víctima directa del ataque, por lo que pidió evitar información imprecisa sobre el caso.
“Sí solicitaron y se turnó a la Secretaría de Seguridad. Hay un análisis de riesgo y, en base a eso, se otorga o no la protección. La síndica no fue atacada, también quiero precisar. Hay que ser muy prudentes con lo que se diga”.
En respuesta a los señalamientos de la dirigencia estatal del PRI, que aseguró haber solicitado medidas de seguridad con anterioridad, Jiménez Lona reiteró que la petición inicial fue dirigida a la Guardia Nacional y no al Gobierno estatal.
“A quien habían solicitado era a la Guardia Nacional. A nosotros apenas lo recibimos un día después, en la tarde, casi a las cinco. De inmediato se turnó a la Secretaría de Seguridad y Paz; ellos, por ley, tienen que hacer un análisis de riesgo. Le he pedido que tenga mucha prudencia porque él tiene el mando de la Policía Municipal. Será la autoridad judicial la que resuelva este asunto”.
Finalmente, el secretario informó que el alcalde de Cortazar continúa sin regresar a su domicilio debido a un conflicto familiar relacionado con un juicio sucesorio sobre un predio heredado, situación que ya fue denunciada ante la Fiscalía.
