México se encuentra en un momento definitorio. La discusión sobre la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales no es solo un debate técnico sobre productividad o derechos laborales; es, en realidad, un espejo que refleja las tensiones estructurales de la economía nacional. La pregunta de fondo no es si los trabajadores merecen mejores condiciones (eso es indiscutible) sino si el entorno económico está preparado para sostenerlas sin debilitar la base productiva que las financia.
El país tiene más de 6.1 millones de MiPyMEs, que representan el 99.8% de las unidades económicas. Sin embargo, el dato más revelador es que el 67% de ellas opera en la informalidad. No se trata de un fenómeno marginal; es la estructura misma del tejido empresarial mexicano. Son negocios familiares, tiendas, restaurantes, talleres, hoteles y microempresas que sostienen el empleo local y que operan con márgenes reducidos.
La informalidad, además, concentra más del 54% del empleo, aunque genera alrededor del 25% del PIB, mientras el sector formal aporta el 75% restante. Este contraste revela una economía fragmentada: millones de personas trabajan, pero en condiciones de baja productividad y sin acceso pleno a seguridad social.
En este contexto, la reducción de la jornada laboral a 40 horas plantea un calendario gradual hasta 2030: 46 horas en 2027, 44 en 2028, 42 en 2029 y 40 horas definitivas en 2030 . El diseño reconoce la necesidad de transición. Sin embargo, los datos empresariales reflejan preocupación estructural. En una encuesta nacional, 71.4% de empresarios anticipa aumentos de costos y 66.72% considera necesaria una reducción de impuestos para poder implementarla.
Las empresas enfrentan dos caminos operativos para mantener producción: contratar más personal, lo que podría incrementar costos laborales en aproximadamente 15%, o pagar horas extra, elevándolos hasta 20%. En sectores como comercio, servicios y turismo —caracterizados por horarios extendidos y fines de semana activos— el impacto es aún más sensible.
El momento macroeconómico en 2026 tampoco ofrece mucho margen. Un crecimiento bajo limita la capacidad de absorber nuevos costos sin afectar empleo o inversión. Cuando la economía se expande con dinamismo, las reformas laborales pueden traducirse en mayor eficiencia y bienestar.
Cuando el crecimiento es marginal, cada punto porcentual adicional en costos pesa el doble.
Hay, además, señales que no pueden ignorarse. Entre diciembre de 2023 y noviembre de 2025 se perdieron 43,578 registros patronales ante el IMSS. Es la caída más profunda desde 1998. Mientras tanto, aumentan los registros de personas físicas con actividad empresarial, acumulando cerca de 900 mil nuevos registros en dos años . El empresariado no desaparece; se fragmenta. Menos patrones formales, más autoempleo.
Este fenómeno sugiere una economía que se adapta defensivamente. Cuando el entorno se percibe incierto o costoso, el empresario reduce estructura para sobrevivir. Pero una economía basada en microfragmentación tiene límites en productividad, inversión y escalabilidad.
Aquí es donde el debate trasciende la jornada laboral. El problema no es únicamente el número de horas trabajadas, sino el modelo de contribución y protección social. Muchos trabajadores informales pagan impuestos al consumo vía IVA, pero carecen de acceso a seguridad social . El sistema actual concentra cuotas significativas en el empleo formal, lo que eleva el costo de contratar.
Si México aspira a un verdadero equilibrio, la reforma laboral debería acompañarse de un rediseño estructural: simplificación tributaria, reducción temporal de cargas para MiPyMEs, seguridad social más accesible y universal, incentivos a la productividad y un impulso decidido a la inversión.
En este último punto hay una ventana de oportunidad. Se han anunciado más de 2,500 proyectos de infraestructura en distintos sectores estratégicos . Si se ejecutan con eficiencia, podrían elevar productividad y generar un entorno donde la reducción de jornada no represente presión sino modernización.
El dilema central es claro: avanzar en derechos laborales sin debilitar el motor productivo. No es un conflicto entre trabajadores y empresarios. Es una ecuación económica que exige coherencia de políticas públicas.
México necesita sincronizar su agenda laboral con su agenda fiscal y su agenda de inversión. Una reforma aislada, por bien intencionada que sea, puede generar efectos no deseados en un entorno de bajo crecimiento y alta informalidad. Pero una estrategia integral puede convertir la coyuntura en punto de inflexión.
La historia económica muestra que los países que lograron combinar bienestar laboral con crecimiento sostenido lo hicieron alineando incentivos. No se trata de frenar avances sociales; se trata de diseñarlos con ingeniería institucional sólida.
Los negocios familiares no piden privilegios. Piden reglas viables, certidumbre y condiciones que premien formalizarse y crecer. Si el entorno mejora, la formalidad aumentará de manera natural. Si el entorno se endurece sin crecimiento, la fragmentación continuará.
México está ante una decisión estratégica. La reducción de la jornada laboral puede ser un paso hacia una economía más moderna y equilibrada. Pero solo si se acompaña de las reformas estructurales que el propio contexto exige.
El espejo está frente a nosotros. La pregunta es si veremos únicamente el reflejo inmediato o si aprovecharemos la oportunidad para rediseñar el sistema completo.
