En Tijuana, Baja California volvió a encender las alarmas. Esta vez no por un enfrentamiento entre bandas criminales, ni por un nuevo hallazgo de violencia extrema, o nuevas fosas clandestinas como vienen apareciendo día a día en las ultimas semanas, sino por un hecho aún más inquietante: la irrupción ilegal de elementos de la Guardia Nacional en un domicilio particular, bajo la simulación de un cateo, en lo que sectores ciudadanos ya califican como un acto de abuso institucional intolerable.
De acuerdo con información conocida hasta el momento, declaraciones de las víctimas en redes sociales y cobertura de medios locales, el incidente ocurrió en perjuicio de una familia de médicos, ciudadanos trabajadores y plenamente identificables, cuyo hogar habría sido allanado mediante un operativo irregular, acompañado de intimidaciones, agresiones, daños en propiedad ajena y robo, bajo el disfraz de una diligencia oficial.
La gravedad del caso no solo radica en la violencia del acto, sino en lo que implica: cuando una corporación armada del Estado opera como si estuviera fuera de la ley, la frontera entre autoridad y criminalidad comienza a desdibujarse peligrosamente en perjuicio directo hacia la ciudadanía.
Pronunciamiento ciudadano: “No es un incidente menor”
Ante estos hechos, el Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Tijuana emitió un pronunciamiento enérgico y categórico, condenando lo ocurrido como un atropello inadmisible contra la ciudadanía.
El comunicado señala que los elementos involucrados podrían haber incurrido en delitos como abuso de autoridad, asociación delictuosa, robo, daños en propiedad, agresiones, intimidaciones, ejercicio ilícito del servicio público y uso indebido de atribuciones, entre otras agravantes, bajo la simulación de un supuesto cateo.
El pronunciamiento, firmado por Edgardo Flores Campbell, presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Tijuana, subraya que lo ocurrido representa una violación directa a la Constitución, al Estado de derecho, a la propiedad privada y a los derechos humanos.
“Lo ocurrido no es un incidente menor: se trata de un acto gravísimo… Es inadmisible que corporaciones creadas para proteger a la población se conviertan en instrumentos de miedo, atropello y violencia institucional”, advierte el documento.
De la misma manera se pronuncio exigiendo una aclaración inmediata y condenando los hechos registrados en imágenes de video cámaras de vigilancia que circulan en redes el presidente Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado de Baja California Roberto Quijano y organismos civiles como Barras de Abogados, y la Confederación Patronal Mexicana COPARMEX, en voz de su presidenta Elisa Ibáñez reprobando el incidente y señalando la falta de información clara y la ausencia de comunicación institucional efectiva haciendo un llamado a que se esclarezcan tan lamentables hechos por parte de la autoridad federal.
Abusos reiterados y rechazo creciente de cámaras empresariales
El caso no ocurre en el vacío. Diversos sectores sociales, cámaras empresariales y organismos de la sociedad civil han venido denunciando desde hace meses una escalada de abusos atribuidos a la Guardia Nacional en Baja California.
Transportistas de carga y pasajeros han reportado extorsiones, revisiones arbitrarias y coacción en distintos tramos carreteros estratégicos del estado, mientras que otros testimonios apuntan a robos y excesos dentro del recinto aduanal, afectando tanto a ciudadanos mexicanos como a extranjeros que transitan por esta región fronteriza clave para el comercio internacional.
En un estado donde el crimen organizado disputa territorios, rutas y economías completas, el hecho de que existan señalamientos reiterados contra corporaciones federales no solo agrava la crisis: la vuelve estructural.
Una corporación con despliegue masivo, pero resultados raquíticos
A seis años de su creación, la Guardia Nacional enfrenta una crítica cada vez más contundente: su enorme despliegue territorial y presupuestal no ha sido acompañado de resultados tangibles proporcionales.
Diversos analistas han señalado que las cifras de detenidos relevantes, aseguramientos estratégicos de droga y decomisos de armas han sido comparativamente raquíticas frente a otras corporaciones históricas, e incluso frente a la extinta Policía Federal.
De acuerdo con registros oficiales recientes, mientras la Guardia Nacional reporta aseguramientos y detenciones limitadas en proporción a su tamaño, corporaciones como el Ejército y la Marina concentran una parte mayor de incautaciones de alto impacto, incluso, la propia policía estatal y de manera independiente la propia policía municipal de Tijuana supera en número de detenidos, aseguramiento de armas y droga al equivalente de toda la Guardia Nacional y su despliegue conjunto en Baja California. Es decir, a pesar de su despliegue nacional y su presupuesto creciente, la Guardia Nacional no ha mostrado resultados proporcionales en detenciones de alto impacto ni en decomisos estratégicos, quedando incluso por debajo de corporaciones locales que enfrentan el delito con menos recursos y mayor exposición cotidiana.”
La comparación es inevitable: la Policía Federal (con todas sus limitaciones) mostraba indicadores operativos más claros en decomisos y capturas estratégicas en años previos, particularmente en coordinación con inteligencia especializada.
En contraste, la Guardia Nacional ha destacado más por su presencia militarizada y administrativa que por resultados verificables en la contención real de estructuras criminales.
Silencio federal e impunidad institucional
Uno de los aspectos más alarmantes del caso es el silencio absoluto de la autoridad federal.
Hasta ahora no existe pronunciamiento público de la Guardia Nacional ni de su Unidad de Asuntos Internos o de Inspección General que informe si se está investigando, interviniendo o sancionando lo ocurrido.
Extraoficialmente, se sabe que la Fiscalía General del Estado habría realizado diligencias en el domicilio afectado. Sin embargo, ninguna autoridad estatal ha salido a clarificar los hechos o a exigir un posicionamiento inmediato ni a transparentar el estado de la presunta investigación.
Para sectores ciudadanos, esta omisión es particularmente grave, pues se advierte que el grupo señalado podría haber venido operando con antelación bajo el mismo modus operandi, sin supervisión ni contención efectiva en perjuicio de la comunidad médica de la región.
Exigen sanciones ejemplares y control real
El Comité Ciudadano concluye con una exigencia directa: investigación inmediata, transparente y con consecuencias reales.
“No puede normalizarse que bajo la portación de uniforme se encubran actos de intimidación, saqueo y arbitrariedad… Ninguna autoridad está por encima de la ley. Ninguna corporación puede operar con impunidad”, sentencia el pronunciamiento.
En un estado donde la violencia convive con la desconfianza institucional, este caso se convierte en un símbolo inquietante: cuando quienes deberían garantizar la seguridad actúan como criminales uniformados, el Estado de derecho deja de ser una promesa y se convierte en una simulación. Nw
