La victoria demócrata en las elecciones legislativas de Estados Unidos abre una nueva etapa de confrontación entre el Congreso y la Casa Blanca. También obliga a México a revisar una expectativa que pudo haber alentado en algunos sectores: que un triunfo de los demócratas reduciría de manera sustancial la presión del presidente Donald Trump sobre los aranceles, los cárteles y la relación entre crimen organizado y poder político. Esa conclusión sería prematura.
Los demócratas ganaron el control de la Cámara de Representantes y del Senado en los comicios del 3 de noviembre. El resultado constituye un revés político para Trump y limita su capacidad para impulsar la agenda legislativa republicana. Pero no lo remueve de la Presidencia ni transfiere automáticamente al Congreso la conducción de la política exterior y de seguridad. La nueva mayoría tendrá instrumentos para investigar, citar funcionarios, abrir audiencias, negociar presupuestos y bloquear proyectos. El mandatario, a su vez, conserva el poder de veto sobre las leyes aprobadas.
Ese veto tampoco es absoluto. El Congreso puede superarlo con el voto de dos terceras partes de ambas cámaras, una mayoría difícil de reunir. El efecto inmediato de la victoria demócrata será, por tanto, elevar el costo político de las iniciativas presidenciales y fortalecer los contrapesos, no clausurar por decreto la estrategia de Trump. Además, el nuevo Congreso asumirá en enero. Hasta entonces, la actual mayoría republicana seguirá en funciones.
En materia de aranceles, la discusión tiene un límite adicional. La Suprema Corte de Estados Unidos resolvió en febrero que la ley de poderes económicos de emergencia, conocida como IEEPA, no autoriza al presidente a imponer aranceles. Esa decisión debilitó una de las herramientas invocadas por Trump para presionar a México, pero no eliminó todas las facultades comerciales que el Congreso ha delegado al Ejecutivo. Otras leyes permiten imponer o modificar tarifas bajo condiciones y procedimientos específicos. La mayoría demócrata podrá revisar esas atribuciones y oponerse a nuevas medidas, pero no se sigue de su victoria que los aranceles desaparezcan de la negociación bilateral.
Tampoco es razonable suponer que los demócratas abandonarán la política de presión contra los cárteles. El fentanilo, el tráfico de drogas y la violencia criminal tienen respaldo político para exigir respuestas en ambos partidos. La administración Trump designó a varios cárteles mexicanos como organizaciones terroristas y ha utilizado sanciones financieras contra integrantes de esas redes, sus facilitadores y sus fuentes de financiamiento. Una mayoría demócrata podría cuestionar la eficacia de esa estrategia, exigir mayor transparencia y resistir acciones unilaterales en territorio mexicano. Pero combatir a las organizaciones criminales difícilmente dejará de ser una prioridad en Washington.
En este punto conviene distinguir con cuidado. No es responsable afirmar, sin pruebas judiciales, que determinados políticos mexicanos tienen vínculos directos con un cártel. Sin embargo, el debate no se limita a fotografías, reuniones o relaciones personales. El lavado de dinero, la protección institucional, el uso de empresas fachada y la circulación de recursos ilícitos pueden dejar indicios financieros que las agencias estadounidenses investigan. El Departamento del Tesoro ha anunciado sanciones contra redes de lavado, facilitadores y personas que describe como funcionarios corruptos o protectores de organizaciones criminales. Esas designaciones no equivalen a una condena penal en México, ni prueban por sí solas cada acusación; sí muestran que la atención estadounidense se dirige cada vez más a la infraestructura financiera y política que permite operar a los cárteles.
La diferencia entre una sospecha, una sanción administrativa y una sentencia debe quedar clara. Pero el gobierno mexicano tampoco puede responder a cada señal con una descalificación general de Washington. Si existen indicios sobre operaciones financieras, la respuesta más sólida consiste en investigar, seguir el dinero, identificar beneficiarios reales, presentar pruebas y sancionar conforme a la ley. La cooperación bilateral es necesaria, aunque debe ocurrir con respeto a la soberanía y bajo reglas transparentes. Si México no produce resultados verificables, deja espacio para que otros definan el relato y la agenda.
El asunto afecta también a Estados Unidos. El narcotráfico no es una amenaza que cruce la frontera en una sola dirección: la demanda de drogas, el flujo de armas hacia México, el lavado en circuitos financieros y comerciales y la corrupción que protege esas operaciones forman parte de una misma cadena. Las sanciones y los aranceles pueden generar titulares y presión inmediata, pero no sustituyen la persecución de redes financieras, la reducción de la demanda, el control de armas ni la cooperación entre fiscalías. Un enfoque que responsabilice únicamente a México será incompleto; uno que ignore la complicidad o los flujos que pasan por Estados Unidos también lo será.
La elección puede modificar el método, el ritmo y los límites de la presión estadounidense. Un Congreso demócrata puede frenar ciertas medidas, investigar decisiones de la Casa Blanca y cuestionar una intervención unilateral. No puede, por sí solo, borrar el consenso de que los cárteles representan una amenaza ni impedir que el Ejecutivo utilice las facultades que aún conserva. Tampoco asegura que la política demócrata sea sustancialmente más indulgente con México.
Si en Palacio Nacional se confió en que una victoria demócrata pondría fin a las exigencias de Trump, la apuesta fue demasiado optimista. La relación bilateral entra en una etapa con más controles legislativos, pero también con un debate más intenso sobre drogas, lavado, corrupción y seguridad. Para México, la mejor defensa no será esperar que Washington cambie de partido, sino demostrar con investigaciones propias que el Estado puede seguir el dinero, castigar la corrupción y recuperar el territorio.
