No hay discurso económico en México que no elogie a las pequeñas empresas. Se les llama motor de la economía, columna del empleo, corazón de la comunidad. Se les menciona en informes, campañas y foros. Y, sin embargo, cuando llega el momento de decidir las reglas que las afectan, casi nunca están en la mesa. Se habla de ellas, pero rara vez con ellas.
Lo dije ante la Presidenta de la República con una frase que resume años de frustración: todos hablan de nosotros sin ser nosotros. No era una figura retórica. Tras el asesinato de Julio Almanza, nuestro prosecretario nacional, en 2024, descubrimos que en mesas de seguridad con la autoridad se daba por hecha la presencia de nuestra Confederación sin que estuviéramos ahí. Nuestra silla la ocupaba otro. Esa representación simulada es peor que la ausencia, porque legitima decisiones que nadie consultó con quienes las padecen. Ese día decidimos no volver a ceder nuestra voz.
La invisibilidad de los negocios familiares empieza en la ley y en la estadística. En México no existe una definición legal de negocio familiar. Existen las MiPyMEs, una categoría que clasifica a las empresas por su tamaño, pero que no dice nada de quién las conduce, de dónde salió el capital ni qué pasará con ellas cuando su fundador ya no pueda atenderlas. Bajo la misma etiqueta conviven la filial de un corporativo y la fonda que sostiene a tres generaciones. Y lo que no se nombra no se mide; lo que no se mide no se atiende.
Por eso hemos propuesto una definición: negocio familiar es la unidad económica, de cualquier tamaño o sector, en la que una familia participa en la propiedad, influye en las decisiones y busca la continuidad entre generaciones. Y hemos pedido al INEGI que incorpore tres preguntas en sus censos y encuestas: si la persona propietaria o un familiar participa en la operación, si parte del personal son familiares y si el negocio está controlado por otra empresa. Con eso, México sabría por primera vez cuántos negocios familiares tiene y qué les pasa.
Lo que sí sabemos es suficiente para entender lo que está en juego. Los Censos Económicos cuentan casi 5.5 millones de unidades económicas en el sector privado; el 95.4% son microempresas. Casi una de cada cuatro personas ocupadas en ellas es propietaria, familiar o trabaja sin remuneración: alrededor de 6.5 millones de personas. El comercio, los servicios y el turismo, donde el negocio familiar es la regla, concentran cerca del 60% del PIB y el 64% del empleo. El empleo de México no depende de unos cuantos grandes. Depende de millones de pequeños.
Esos millones de pequeños tienen ideas propias, aunque pocas veces se les pregunte por ellas. Creen que la familia también es una unidad económica y no solo afectiva. Creen que el patrimonio es fruto del esfuerzo y merece protección, y que nadie debería pagar dos impuestos para trabajar, uno al Estado y otro al crimen. Creen que la comunidad es su mercado y su destino. Piensan en generaciones, no en trimestres. Y quieren cumplir: lo que piden es que cumplir sea posible para quien no tiene un despacho detrás.
Conviene también decir lo que no son. No son enemigos de la gran empresa; muchas empresas ancla son familiares y muchas cadenas compran a proveedores locales. No piden privilegios ni dádivas. No son víctimas: resisten, pero resistir no debería ser la meta de nadie. Y no son el brazo de ningún partido. Su lealtad es con su negocio y con su comunidad.
A esa agenda le hemos llamado justicia económica: que las reglas, las cargas y las oportunidades guarden proporción con la capacidad de cada quien y reconozcan el esfuerzo de quien trabaja, invierte y cumple la ley, para que pueda trabajar sin miedo, conservar el fruto de su esfuerzo y heredarlo. No es caridad ni subsidio permanente. Es la corrección de reglas que, al tratar igual a desiguales, castigan al pequeño.
Algo ha cambiado. En los últimos dos años se aprobaron leyes contra la extorsión, para eliminar trámites, para ordenar los pagos digitales y para ampliar el régimen simplificado, que responden a propuestas construidas desde el territorio. Y en octubre, la Asamblea Nacional de Empresas y Negocios Familiares, el G32, sesionó en 17 estados para que cada entidad definiera, por escrito, sus propios compromisos y les diera seguimiento a los 15 y a los 30 días. Es la forma en que los negocios familiares están aprendiendo a hablar por sí mismos.
Pero falta lo esencial: que el Estado los reconozca como sujeto de política pública, que los mida, que reúna en un solo programa los apoyos hoy dispersos y que les dé un lugar permanente en las mesas donde se decide su futuro. Hay una regla sencilla que propongo adoptar en todos los órdenes de gobierno: nada sobre los negocios familiares sin los negocios familiares.
Los negocios familiares no necesitan más elogios. Necesitan que se les escuche antes de decidir. Que se hable con ellos, no solo de ellos.
