En rechazo a los nuevos mecanismos de evaluación que podrían derivar en despidos, trabajadores del Poder Judicial de la Federación se manifestaron y bloquearon durante algunos minutos el bulevar Adolfo López Mateos, frente a las instalaciones de esta institución en León.
La protesta forma parte de una movilización nacional contra los lineamientos publicados el jueves en el Diario Oficial de la Federación por el Órgano de Administración Judicial, mediante los cuales se establecen evaluaciones periódicas para determinar la permanencia del personal de base en sus puestos.
Hugo Tomás Ruelas Gutiérrez, secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en Guanajuato, aclaró que los trabajadores no rechazan los exámenes de conocimientos, pues estos han sido parte de los procesos para ingresar al Poder Judicial, sino que cuestionan que ahora se utilicen como una condición para conservar sus empleos.
“Nunca habían emitido lineamientos para que esos exámenes se realizaran con motivo o con el efecto de separarnos de nuestros cargos”, señaló.
Explicó que el nuevo esquema establece evaluaciones anuales o bienales, cuyos resultados determinarán la vigencia de las constancias que acrediten la permanencia de los trabajadores. De esta manera, quienes obtengan una constancia de uno o dos años deberán volver a presentar los exámenes para continuar en sus funciones.
El representante consideró que esta disposición genera incertidumbre incluso entre quienes acumulan décadas de servicio, además de que, desde su perspectiva, contradice las garantías de estabilidad laboral contempladas en la reforma judicial y sus disposiciones transitorias.
Detalló que la evaluación estará integrada por un 40 por ciento correspondiente a conocimientos y competencias, mientras que el 60 por ciento restante se calificará mediante criterios como ética, confianza institucional, trabajo en equipo, calidad de la función jurisdiccional, comportamiento profesional y productividad.
Sobre estos últimos aspectos, advirtió que pueden existir decisiones discrecionales, debido a que la calificación dependerá también de valoraciones de titulares de órganos jurisdiccionales, compañeros de trabajo y del propio órgano de administración.
Otro de los cuestionamientos es que los lineamientos establecen diferencias entre el personal de base y funcionarios de mayor jerarquía, pues algunos cargos, como los secretarios de ministros de la Suprema Corte y del Tribunal Electoral, quedarían fuera de estas evaluaciones de permanencia.
“Es incongruente que a la base trabajadora le exijan exámenes de permanencia cada año y a los titulares no”, expresó.
Ruelas Gutiérrez agregó que los lineamientos contemplan la posibilidad de separar del cargo a quienes no aprueben las evaluaciones sin responsabilidad para la institución, lo que, de acuerdo con su interpretación, dejaría a los trabajadores sin indemnización constitucional ni garantías sobre otros derechos relacionados con su antigüedad.
Estimó que las nuevas disposiciones podrían alcanzar a alrededor de 40 mil trabajadores sindicalizados del Poder Judicial de la Federación en el país, sin importar si tienen uno o hasta 40 años de servicio.
La movilización incluyó un paro de labores cuya continuidad dependerá de la respuesta del Órgano de Administración Judicial y de las decisiones que adopten las mayorías sindicales. Los trabajadores buscan que las autoridades revisen los lineamientos y que se valore su modificación o eliminación.
Finalmente, el secretario advirtió que una suspensión de actividades judiciales también puede repercutir en la población, debido a que los tribunales atienden asuntos relacionados con servicios médicos, patrimonio, embargos, bloqueos de cuentas bancarias y otros procedimientos legales.
No obstante, aseguró que los trabajadores han procurado mantener sus manifestaciones de manera pacífica y evitar que las protestas generen afectaciones prolongadas a la ciudadanía.
