El secretario de Seguridad y Paz de Guanajuato, Juan Mauro González Martínez, negó que existan antecedentes documentados de presuntos abusos cometidos por elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) en San Felipe y aseguró que no hay carpetas de investigación de la Fiscalía Estatal de Justicia que les hayan sido solicitadas por posibles irregularidades en ese municipio.
Lo anterior, luego de que el síndico de San Felipe denunciara presuntos casos de abuso policial, entre ellos señalamientos de tortura y agresiones, así como el caso reciente de Abraham, por los que se cuestionó a las autoridades estatales sobre la existencia de investigaciones y posibles sanciones contra los elementos involucrados.
El funcionario estatal sostuvo que las FSPE no participaron en el hecho al que hizo referencia el síndico y afirmó que el asunto se abordó durante una reunión realizada la semana pasada con autoridades municipales.
“Los integrantes de la Fuerza de Seguridad Pública del Estado no tuvieron participación con el lamentable hecho que refiere el síndico. Es ajeno a ello la institución”, declaró.
Sobre los otros casos que, de acuerdo con el cuestionamiento de la prensa, el síndico habría documentado, González Martínez aseguró que la Secretaría no cuenta con antecedentes que acrediten un mal actuar de los elementos estatales.
“Nosotros no tenemos ninguna carpeta de investigación que propiamente nos haya solicitado la Fiscalía. No hay ningún antecedente documentado, ni hay ningún antecedente que propiamente señale un mal actuar de la Fuerza de Seguridad Pública del Estado”, afirmó.
Agregó que tampoco existe, hasta el momento, algún procedimiento documentado por parte del área de Asuntos Internos de la Secretaría relacionado con los señalamientos en San Felipe, ni una petición de la Fiscalía General del Estado o de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato sobre esos hechos.
Reconoció que existen casos en los que elementos policiales no se conducen conforme a los principios de la institución y sostuvo que, cuando se identifican conductas indebidas, se pueden aplicar medidas que van desde la separación del cargo hasta la inhabilitación.
Incluso, señaló que hay integrantes de la corporación que se encuentran en prisión por situaciones relacionadas con conductas ajenas a los deberes y al código institucional.
Explicó que existen procedimientos a cargo de Asuntos Internos y de la Contraloría de Justicia, así como investigaciones iniciadas por la propia Secretaría ante autoridades ministeriales del fuero común o federal.
“Por la discrecionalidad, por el tema también de respetar el debido proceso, porque son presuntos, no voy a dar una cifra exacta”, respondió.
El secretario sostuvo que la actuación de la dependencia no se limita a separar a los elementos señalados, sino que busca que las posibles conductas delictivas también sean investigadas por las autoridades ministeriales.
