La presidenta del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, Alma Delia Camacho Patlán, advirtió que la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares se ha convertido en la principal prioridad institucional, debido a la exigencia constitucional de entrada en vigor el 1 de abril de 2027.
Detalló que, el proceso de adecuación normativa y operativa obliga al Poder Judicial a reorientar su capacidad presupuestal, ante un escenario en el que las necesidades de personal superan por mucho las posibilidades legales de contratación.
“Si usted me preguntara cuándo tenemos que entrar conforme al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, es en abril, primero de abril de 2027. Entonces tenemos un reto muy importante”, señaló.
La magistrada dijo que uno de los principales obstáculos es el déficit de personal para operar el nuevo modelo de justicia civil y familiar.
Adelantó que aunque el diseño institucional requiere alrededor de 400 plazas nuevas, la Ley de Disciplina Financiera limita el crecimiento del Poder Judicial a 65.
“Necesitamos mucho personal. El problema es que la ley de disciplina financiera nada más nos permite el 3%. Estamos hablando así, si quisiéramos pues unas 65 plazas, sí es muy poco… mínimo se necesitan 65”, indicó.
Sin embargo, subrayó que esa cifra resulta insuficiente frente a la magnitud del cambio estructural que implica el nuevo Código.
“¿Y cuánto necesitarían? Uy, necesitábamos como 400 plazas para poder implementar el Código Nacional”, afirmó.
Camacho Patlán enfatizó que esta limitación obliga a redefinir prioridades internas, ya que el margen de crecimiento permitido por la ley es considerablemente menor al requerido para garantizar la operación plena del nuevo sistema de justicia civil y familiar en el estado.
