El secretario de Gobierno de Guanajuato, Jorge Jiménez Lona, reconoció que el delito de acecho previsto en el Código Penal estatal requiere ajustes para evitar que pueda utilizarse como una herramienta de presión contra periodistas y garantizar el ejercicio de la libertad de expresión.
En un encuentro sobre protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos, el funcionario estatal señaló que, a partir de los análisis realizados sobre la legislación estatal, se han identificado áreas de oportunidad que deben ser atendidas en coordinación con el Congreso del Estado.
Jiménez Lona consideró particularmente relevante revisar la figura de acecho para impedir que una denuncia por este delito pueda emplearse con el propósito de silenciar a periodistas.
“Vemos con agrado los señalamientos que ha hecho el doctor sobre el tema de acecho, que también consideramos importante ajustar, que no se preste la denuncia para callar a los periodistas”, afirmó.
El secretario de Gobierno sostuvo que quienes ejercen el periodismo deben contar con garantías para desarrollar su trabajo y que ninguna disposición legal debe convertirse en un mecanismo de presión.
“Los periodistas tienen que hacer su trabajo, los periodistas tienen que tener garantía de que su trabajo no va a ser utilizado y que no se va a usar ninguna medida de presión para callar o silenciar a los periodistas en Guanajuato”, señaló.
Ante este escenario, Jiménez Lona asumió el compromiso de revisar la legislación junto con el Congreso del Estado para determinar las modificaciones necesarias y fortalecer las herramientas de protección.
“Me llevo el compromiso, me llevo la tarea de hacer esos ajustes, de analizar junto con el Congreso reformas, mejorar, que siempre se requiere para atender”, expresó.
El funcionario estatal también destacó como uno de los avances del estado la creación de un Atlas de Riesgo público, herramienta que permite identificar no solamente estadísticas, sino también puntos vulnerables en los municipios y zonas donde es necesario reforzar las medidas de seguridad.
Explicó que este instrumento contempla tanto a madres buscadoras como a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, y permite ubicar los riesgos específicos en cada municipio.
Jiménez Lona señaló que la protección de estos sectores no corresponde únicamente al Gobierno estatal, sino que requiere la participación de los tres niveles de gobierno, además de los poderes Legislativo y Ejecutivo.
“La seguridad nos corresponde a los tres niveles de gobierno. Hoy estoy representando al Poder Ejecutivo del estado, pero aquí debería de estar también el municipio, aquí debería de estar también la autoridad federal, deberían de estar los legisladores”, apuntó.
El secretario reconoció que la legislación de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanosenfrenta áreas que deben actualizarse. Recordó que su aprobación representó un proceso complejo debido a las resistencias que existieron en su momento, pero sostuvo que actualmente es necesario revisar su funcionamiento y fortalecerla.
También refrendó el compromiso de mantener una atención directa a las solicitudes de protección de periodistas y personas defensoras, particularmente cuando exista una situación de riesgo.
“En el caso personal, así lo hago, hago mi esfuerzo por atender siempre de manera directa, de manera inmediata, así lo voy a seguir haciendo”, afirmó.
Jiménez Lona sostuvo que la protección del ejercicio periodístico y de la defensa de los derechos humanos debe mantenerse al margen de intereses partidistas, y consideró que el tema adquiere especial relevancia ante los próximos preelectorales.
“Estamos convencidos de que proteger el libre ejercicio de estas labores es una causa que trasciende ideologías, los colores partidistas”, puntualizó.
