El Gobierno de Guanajuato mantendrá abiertos los canales de diálogo con los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas y las víctimas de las agresiones ocurridas durante una manifestación en julio de 2020, en la glorieta Santa Fe, en Guanajuato capital, luego de que un juez dictara la no vinculación a proceso de cuatro elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), informó el secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona.
El funcionario estatal aseguró que la administración estatal está dispuesta a atender las demandas de las víctimas y sus representantes, luego de la resolución judicial emitida el lunes 26 de octubre, que favoreció a las cuatro policías imputadas por los hechos.
“Lo que siempre he dicho es el diálogo abierto, siempre les atiendes tu servidor, la gobernadora, los comisionados tenemos esa encomienda y, bueno, lo que sea necesario lo vamos a atender sin lugar a dudas”, declaró.
A más de seis años de los hechos, el juez determinó la no vinculación a proceso de Elizabeth N., Alejandra N., Atzimba N. y Josefina N., al considerar que la imputación presentada por el Ministerio Público carecía de precisión suficiente sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron las agresiones.
De acuerdo con la resolución, la falta de estos elementos impedía establecer una imputación objetiva que garantizara certeza sobre los hechos investigados y el derecho de las imputadas a defenderse.
Sin embargo, los abogados de las víctimas adelantaron que es probable que la Fiscalía General del Estado y los asesores jurídicos de las ofendidas interponga un recurso de apelación para impugnar la decisión.
Argumentan que existen elementos para establecer las circunstancias de los hechos, entre ellos documentos oficiales sobre la puesta a disposición de las víctimas, con fecha, hora y firma de los policías señalados.
Las víctimas identificadas en el proceso son Olimpia N., Verónica N., María del Carmen N. y Karla N. Sus representantes legales buscan que la investigación continúe por la vía judicial.
Cuestionado sobre el respaldo institucional para las personas afectadas, Jiménez Lona señaló que la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, la Secretaría de Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas mantienen la disposición de escuchar sus planteamientos.
El secretario no detalló qué acciones concretas emprenderá el gobierno estatal frente a la resolución judicial, pero afirmó que las organizaciones pueden acudir a las autoridades para exponer sus demandas.
“Lo que nos ha pedido la gobernadora siempre es el respeto a los derechos humanos, el reconocimiento de las diversidades; así se ha hecho en el Gobierno de la Gente y, bueno, el diálogo está abierto”, sostuvo.
También informó que tendría un encuentro con representantes de una organización para atender sus planteamientos.
Añadió que la no vinculación a proceso no representa una sentencia absolutoria sobre los hechos denunciados, sino una determinación judicial de que, con la imputación presentada, no se cumplían los requisitos para continuar el proceso penal contra los cuatro policías.
