El fiscal general de Guanajuato, Gerardo Vázquez Alatriste, informó que la institución trabaja en mecanismos legales para conseguir la reparación integral del daño a las víctimas del caso Punto Legal y recuperar parte del dinero y los bienes que perdieron.
El funcionario estatal sostuvo que las condenas de prisión impuestas a los responsables no son suficientes para resarcir las afectaciones económicas de las personas perjudicadas, por lo que la Fiscalía busca avanzar en los procedimientos que permitan restituir parte de su patrimonio.
El fraude inmobiliario de Punto Legal en León, Guanajuato fue atribuido al despacho jurídico dirigido por Edgar Francisco Franco Ríos, que ofrecía supuestos remates bancarios e inmuebles a precios atractivos mediante redes sociales y publicidad directa.
En los últimos años, las víctimas entregaron cantidades de entre 250 mil y 750 mil pesos, sin recibir las propiedades. Desde 2019 se han acumulado más de 360 denuncias y, en los juicios principales, se contabilizaron 107 víctimas.
Franco Ríos acumula condenas que superan los mil 256 años de prisión por fraude, aunque el tiempo máximo de reclusión efectiva previsto es de 40 años. Las resoluciones judiciales ordenan la reparación del daño por más de 33 millones de pesos. Sin embargo, las víctimas exigen a la Fiscalía General del Estado rastrear y asegurar los recursos para recuperar su dinero.
Además, existen investigaciones y procesos contra otros presuntos involucrados, entre ellos familiares y empleados vinculados al esquema.
“Las víctimas les tiene sin cuidado que el culpable esté en la cárcel y que llevemos más de mil 300 años de sentencia, que sabemos que no lo va a cumplir, porque la legislación de la materia no permite más que 40 años efectivos”, expresó.
Recordó que las sentencias condenatorias acumulan más de mil 300 años de prisión, aunque el tiempo efectivo de encarcelamiento no puede superar los 40 años, conforme a la legislación aplicable.
Por ello, Vázquez Alatriste señaló que, además de las penas privativas de la libertad, es necesario avanzar en acciones que permitan resarcir las pérdidas económicas de las víctimas. También, aseguró que existen avances en las gestiones y que mantiene reuniones periódicas con las familias afectadas para informarles sobre las acciones emprendidas y las posibilidades de recuperar sus recursos.
“Estamos trabajando en ello, estamos avanzados, hemos hablado con la familia y lo hemos dicho en las reuniones periódicas con las víctimas para darles esa certeza de que sí van a tener una parte de su dinero, del patrimonio que perdieron”, afirmó.
El titular de la Fiscalía afirmó que la procuración de justicia no debe limitarse a obtener sentencias condenatorias, sino que también debe contemplar medidas para atender las pérdidas económicas ocasionadas por los delitos y avanzar en la reparación integral del daño.
