La Fiscalía General del Estado de Guanajuato no participó en la investigación ni en el cateo realizado por autoridades federales en una terminal de almacenamiento de combustible en la comunidad de La Fragua, en San José Iturbide, donde fueron asegurados más de 59 millones de litros de hidrocarburos, afirmó su titular, Gerardo Vázquez Alatriste.
El fiscal sostuvo que las actuaciones estuvieron a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia responsable de investigar la procedencia y trazabilidad del combustible, por lo que dijo desconocer cómo se integró el expediente y cuáles fueron los elementos que motivaron la solicitud de una orden judicial para ingresar al inmueble.
“En tales sucesos, la Fiscalía General del Estado no tuvo contacto directo ni indirecto con el hecho”, declaró.
El miércoles en la mañanera, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que en el caso no se encontraron irregularidades que acreditaran la comisión de un delito, pese a que el aseguramiento había sido presentado previamente como un decomiso histórico de combustible presuntamente robado.
Ante esto, Vázquez Alatriste indicó que no cuenta con información directa sobre las diligencias federales y que lo conocido por él proviene de las publicaciones periodísticas y de las conferencias del Gobierno de México.
“No sé cómo se gestó, cómo se tomó la determinación, cómo se pudo haber establecido que había elementos para solicitar o no una técnica de cateo”, afirmó.
Cuestionado sobre la actuación de las autoridades federales y las posibles fallas en el procedimiento, el fiscal estatal evitó emitir una opinión sobre el trabajo de la FGR. También, argumentó que corresponde a esa institución revisar sus propias actuaciones y determinar si existen aspectos que deban modificarse.
Añadió que debe prevalecer el respeto entre las instituciones de procuración de justicia, por lo que no se pronunciaría sobre decisiones tomadas en una investigación que no estuvo bajo la responsabilidad de la Fiscalía estatal.
Finalmente, señaló que desconoce si la empresa involucrada emprenderá acciones legales por una posible afectación a su reputación, al considerar que se trata de un asunto ajeno a las atribuciones de la dependencia a su cargo.
