Los hechos de Tapalpa, Jalisco son una buena noticia para el Estado. Significan una bocanada de legitimidad, un justo reencuentro de las fuerzas armadas con su vocación y su deber constitucional. Ganan tiempo frente al hegemón. Con esa acción se logró tomar la iniciativa en «conflicto armado interno» que México padece desde finales del siglo pasado. En cualquier conflicto, ser reactivo es la receta del fracaso. Únicamente se puede ganar si se ha conquistado y se mantiene la iniciativa hasta el fin del conflicto.
Ese domingo, se demostró que los Centros de Fusión de Inteligencia siguen siendo relevantes como núcleo de intercambio de inteligencia. Retener la iniciativa es mucho más complicado que ocupar territorios. Pero ocupar territorios es prerrequisito para ejercer soberanía que se traduzca en orden público, Estado de Derecho y paz positiva, bienes públicos que solo un Estado capaz, puede proporcionar a sus pobladores. México está en una fase inicial para recuperar algunas de las capacidades cardinales para ejercer soberanía. Apoyarnos en el sistema judicial ajeno o en sus fuerzas armadas o en su dinamismo económicos o en las remesas familiares que proporciona, denota incapacidad gubernamental.
En un país con la extensión territorial y la orografía del nuestro, mantener la iniciativa ganada depende más de logística que de estado de fuerza. El «arte operacional»implica muchos elementos, pero dos son centrales: planeación de operaciones y logística. El estado de fuerza es importante sin duda, pero es una herramienta táctica más útil para recuperar territorios arrebatados. Pero el movimiento de suministros, el despliegue oportuno de tropas, (logística) es lo que permite concentrar recursos con agilidad y tino para atacar los centros de gravedad territorial (bastión) del enemigo. Ello se logra eficientemente si se sabe cómo piensa el adversario (inteligencia) por que la batalla se gana primero en la mente y luego en el territorio. Es axiomático.
La tarea iniciada el 22 de febrero pasado y el esfuerzo sostenido de las fuerzas del orden, militares y policiales, debe considerar a las organizaciones criminales más sofisticadas, pero también a autodefensas, guardias blancas, policías comunitarias, gavillas, etc. que operan como excepción del Estado de Derecho. Ocupan territorio nacional, son irregulares en diverso grado y en ciertos páramos, sustituyen al Estado en cobro de impuestos, impartición de justicia o construcción de infraestructura pública. La economía «informal» (25.4% del PIB nacional según estimaciones serias), declaradamente delictiva en algún porcentaje, es signo inequívoco de la operación de esa gama de organizaciones de la «sociedad incivil», parafraseando a Kofi Annan y su iniciativa «responsabilidad de proteger» de 2005.
En los próximos meses esos grupos irregulares someterán a la «prueba del ácido» las capacidades logísticas y de planeación operacional de las cuatro armas del Estado mexicano: Ejército, Fuerza Aérea, Armada y Guardia Nacional. Máxime por el hecho de que esos grupos tienen acceso a armamento de grado militar, y porque algunos de sus mandos fueron adiestrados en tácticas de contrainsurgencia y de combate urbano. Es decir, tienen capacidades que no dudarán en aplicar frente a las fuerzas del orden y a sus propios rivales irregulares. Nuestro «conflicto armado interno» (noción legal) es también una guerra urbana (noción estratégica), se reconozca o no. Es pues necesario anticipar que algunas de esas facciones, presionadas por sobrevivir, desarrollen alguna forma degradada de «guerra popular prolongada» pues es la lógica del combatiente débil, que conoce el terreno y tiene apoyo del pueblo bueno, frente al combatiente profesional y gubernamental cuya misión es controlar territorio. Debe esperarse que las organizaciones irregulares, algunas designadas como terroristas por un poder extranjero, seleccionen acciones del siguiente menú: a) Ataques dispersos (como a tiendas de conveniencia), b) Toma temporal de poblaciones semiurbanas (como en «tierra caliente» de Michoacán), c) Ataques a instalaciones militares (como en Guerrero), d) sabotajes seleccionados. A este respecto, no pueden descartarse ataques cibernéticos como en los casos de SEDENA, CFE, PEMEX, BANXICO y tantos otros. Obien, ataques cinéticos incluyendo drones a instalaciones estratégicas o a estructuras emblemáticas como monumentos, torres de electricidad, presas, aeropuertos o estadios.
Mantener la iniciativa frente al enemigo, implica contar con capacidades de contrainteligencia pasiva (defensiva) y activa (ofensiva) superiores. El Estado mexicano ha sido deficitario en este rubro, aunque se han hecho progresos. De cara a los desafíos venideros, los responsables de la seguridad pública deben cuestionarse si están actualizadas bases de datos criticas como: el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública; de Personas Desaparecidas y No Localizadas; de Fosas Comunes y de Fosas Clandestinas; de Personas Fallecidas y No Identificadas; de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad Privada; de Prestadores de Servicios de Seguridad Privada o el Registro Público Vehicular. Operar sin esa inteligencia básica implica una enorme vulnerabilidad, que es aprovechada diario.
La inteligencia nacional (civil, militar, policial) debería concebir riesgos concretos y anticiparse a amenazas concretas. De eso trata la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 2025. El segundo párrafo del artículo 1º señala: «Las acciones de investigación e inteligencia que se realicen en el marco de la presente Ley, serán planificadas, coordinadas y ejecutadas para cumplir con los objetivos, las estrategias y líneas de acción previstas en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública …». Pero, ¿cuándo se aplicará esa estrategia para cercenar la hidra de apoyos gubernamentales que han permitido prosperar a esos grupos civiles?
Por Mario Vignettes del Olmo
