Una compra con tarjeta dura segundos, pero detrás de ella conviven decisiones regulatorias, modelos de competencia y prioridades nacionales.
Las comisiones por pagos digitales parecen un asunto técnico; en realidad revelan cómo cada país reparte el costo de su modernización financiera.
La Unión Europea optó por limitar las cuotas de intercambio de tarjetas de consumidores a 0.2% en débito y 0.3% en crédito. Corea del Sur construyó tarifas preferenciales vinculadas al tamaño del establecimiento. Brasil fortaleció la publicación y el seguimiento de la tasa de descuento, mientras sus pagos instantáneos transformaban el comportamiento de consumidores y empresas.
Son rutas distintas para una misma pregunta: ¿cómo extender la digitalización sin excluir al comercio pequeño?
México debe formular su propia respuesta. La ABM informó que, a septiembre de 2025, la tasa de descuento promedio ponderada fue de 2.15% en crédito y 1.72% en débito. Asimismo, precisó que las tasas de 4.50% y 5.39% discutidas recientemente son máximos observados en determinados giros, no promedios.
La precisión importa porque las comparaciones internacionales suelen mezclar conceptos: en algunos países se publica el MDR total; en otros, solamente la cuota de intercambio.
Esa distinción fue anticipada por la literatura económica. Rochet y Tirole mostraron que las plataformas de pago conectan dos lados cuyo comportamiento es interdependiente. Wright examinó cuándo una red puede fijar comisiones demasiado elevadas. Evans y Schmalensee señalaron que intervenir una sola tarifa puede provocar ajustes en otras.
Más recientemente, Aurazo analizó cómo los subadquirentes amplían la aceptación digital en economías en desarrollo, aunque su acceso y su precio también deben estudiarse.
La economía política de las comisiones está en esa tensión. Un sistema requiere inversión, seguridad, prevención de fraude, procesamiento e innovación. Nada de eso es gratuito. Pero una microempresa tiene menos volumen, información y capacidad negociadora que una corporación. Cobrar el mismo porcentaje formal no necesariamente implica igualdad económica; incluso puede profundizar la desventaja del actor más pequeño.
Por ello, CONCANACO propone una mesa técnica nacional que reúna a las autoridades financieras, la banca, redes, adquirentes, agregadores y representantes empresariales. La prioridad sería producir datos comparables sobre el costo efectivo por tamaño y giro, mejorar la información contractual, estudiar tarifas preferenciales y fortalecer alternativas interoperables como SPEI, CoDi y DiMo.
La próxima frontera de inclusión financiera no consiste solamente en abrir cuentas. Consiste en lograr que una tienda, un restaurante o un hotel familiar pueda recibir un pago digital sin entregar una parte desproporcionada de su rentabilidad.
La soberanía tecnológica también se construye desde la caja registradora.
