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El costo de acostumbrarnos

Publicado el 19 de noviembre, 2026
El costo de acostumbrarnos

Después de recibir una amenaza, una persona tiene que decidir a quién contárselo, cuánto arriesga al pedir ayuda y qué respuesta puede esperar. Para quien atiende un negocio familiar, esa decisión también toca a sus empleados y a su familia. Si la primera respuesta que encuentra es una ventanilla que la manda a otra, la próxima vez tendrá todavía menos razones para pedir ayuda.

Dos encuestas del INEGI permiten dimensionar el problema. La ENVIPE 2026 ubicó a la extorsión como el segundo delito más frecuente entre la población adulta en 2025, con 6,831 hechos por cada 100 mil habitantes de 18 años y más. La ENVE 2026, que estudia a las unidades económicas, la ubicó en primer lugar, con 787 mil hechos estimados. Cada encuesta mide un universo distinto. La tasa empresarial pasó de 1,562 a 1,467 extorsiones por cada 10 mil unidades económicas entre 2023 y 2025, una diferencia que el INEGI no identificó como estadísticamente significativa.

La cifra oculta alcanzó 93.4 % en la encuesta de población y 91.8 % en la de empresas para el conjunto de delitos de cada encuesta. El indicador incluye los hechos que quedaron sin denuncia o sin carpeta de investigación. Entre los motivos para no denunciar señalados en la encuesta empresarial, 35.3 % correspondió a la percepción de que hacerlo era una pérdida de tiempo. Esa respuesta obliga a mirar qué ocurre con la persona desde que pide orientación hasta que recibe noticias de su caso.

La corresponsabilidad consiste en hacernos cargo de esa respuesta desde nuestras respectivas funciones. Las cámaras empresariales podemos escuchar, orientar, acompañar y proteger la información que se nos confía. A las autoridades les corresponde investigar, proteger a las víctimas y dar seguimiento. A la ciudadanía le toca ayudar a que se conozcan las vías de atención, como el 089 para la denuncia anónima y el 911 para emergencias. La persona amenazada debe poder pedir ayuda en condiciones seguras y decidir cómo proceder.

La corrupción desgasta la confianza de otra manera. Cuando un permiso se destraba con un pago indebido, la persona que cumple las reglas aprende que su tiempo vale menos que el de quien obtiene un trato preferente. Ahí también hay tareas compartidas. Las autoridades pueden publicar tarifas y plazos y explicar por escrito por qué se detuvo una solicitud. Las cámaras podemos documentar en qué trámites se repiten los cobros indebidos. Las empresas podemos revisar cómo autorizamos pagos y cómo actúan quienes hacen gestiones en nuestro nombre.

Este viernes 20 de noviembre, CONCANACO SERVYTUR, CANACINTRA, CANACAR y el G32, Asamblea Nacional de Empresas y Negocios Familiares, convocamos a firmar el compromiso ciudadano de la Revolución de las Conciencias. El enlace partirá de la Cineteca del CECUT, en Tijuana, y reunirá simultáneamente a sedes de todo el país. En cada sede se establecerán mesas permanentes con cámaras empresariales, autoridades y sociedad civil para acordar prioridades, asignar responsables y revisar resultados.

A los 15 días habrá una primera revisión y a los 30, un informe público. Las mesas darán seguimiento a negocios atendidos, denuncias canalizadas, trámites simplificados y alianzas activadas. El Observatorio Antiextorsión puede contribuir con datos agregados, protegiendo la identidad de quienes pidan ayuda. Si llegan más reportes, tendremos que entender si aumentaron los hechos, si más personas encontraron una vía de apoyo o si ocurrieron ambas cosas.

El efecto de una amenaza alcanza al trabajador que pierde un turno, al proveedor que pierde un cliente y a la familia que pierde su ingreso si el negocio cierra. Por eso, al hablar de justicia económica, también hablamos del derecho a recibir protección y de la responsabilidad de sostenerla. La pregunta que cada mesa debe poder responder, también después del primer informe, es qué pasó con la persona que se atrevió a pedir ayuda.

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