Tras un año de parálisis operativa, usuarios en distintas entidades denuncian falta de claridad en el cálculo de bonificaciones, retención de prendas y cobro de intereses acumulados durante el cierre.
La reapertura de las 300 sucursales del Nacional Monte de Piedad abrió un frente de inconformidad nacional centrado en la falta de transparencia con la que se reanudaron las operaciones. A lo largo del país, usuarios que acudieron a los mostradores señalaron opacidad en la aplicación de las promociones anunciadas por la institución y cuestionaron que se traslade a los deudores el costo financiero de un paro laboral ajeno a ellos.
El conflicto gremial, que inició el 1 de octubre de 2025 y se prolongó durante 370 días, paralizó las actividades presenciales en las 32 entidades federativas. Aunque la institución mantuvo habilitados canales para recibir dinero en bancos y tiendas de conveniencia, miles de personas interrumpieron sus aportaciones ante la falta de certidumbre sobre el destino de sus bienes y la ausencia de fechas programadas para su devolución.
Al presentarse en ventanilla, los clientes encontraron que el personal exige el pago de intereses devengados durante los doce meses en que las instalaciones estuvieron cerradas. La inconformidad radica en que los esquemas de regularización anunciados por la dirección general de José Antonio Murillo —que prometían 45 días sin cobro de intereses y quitas de entre 45 y 75 por ciento según la antigüedad— carecen de criterios claros de desglose en el mostrador, donde a los usuarios sólo se les notifica el saldo final sin explicar cómo se aplicaron los supuestos beneficios.
A la falta de claridad en las tarifas se sumaron inconsistencias técnicas. En plazas como la matriz del Centro Histórico de la Ciudad de México, Yucatán, Puebla y el norte del país, se documentó la retención de prendas a clientes que realizaron transferencias bancarias durante el periodo de inactividad, bajo el argumento de que los pagos no se encuentran reflejados en el sistema local, pese a la exhibición de los comprobantes bancarios.
Asimismo, quienes liquidaron sus adeudos desde los primeros meses del año debieron esperar hasta el fin de la huelga para tramitar la entrega de sus pertenencias. En el caso de aparatos electrónicos, la propia administración reconoció que el año de almacenamiento continuo pudo derivar en fallas en baterías y componentes, dejando en manos de los usuarios la solicitud de revisiones técnicas caso por caso para determinar el estado físico de sus garantías. Nw
