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Tres años les ajustó el anillo de Giges

Publicado el 17 de noviembre, 2026
Tres años les ajustó el anillo de Giges

Los señalamientos de presunta corrupción en las contrataciones del INE exigen esclarecer los hechos, determinar responsabilidades y proteger la confianza ciudadana. La buena conciencia proclamada desde el salón Tesorería no sustituye los documentos, los controles ni las decisiones verificables. La reflexión ética consiste en responder a la obligación institucional, sin anticipar culpabilidades por hechos del pasado.

Adela Cortina señala que el servidor público debe quitarse el anillo de Giges, metáfora con la que recupera la narración platónica: a quien posee el anillo se le permite hacerse invisible y, en consecuencia, quedar impune. Si no se hubiese descubierto el tema de compras corruptas, los señalados seguirían actuando indebidamente. Combatir la corrupción exige, además de medidas legales, una ética pública que impida convertir el poder en beneficio particular.

Aplicada al INE, la metáfora plantea una pregunta: ¿los controles detectan las irregularidades o dejan zonas donde nadie responde por lo que autoriza, supervisa o paga? No prueba culpabilidades; muestra por qué la responsabilidad necesita controles eficaces.

Esta exigencia obliga a distinguir dos planos. La legalidad y la ética no son idénticas. La ley pregunta si una conducta está permitida; la ética pública añade: aunque pudiera hacerlo, ¿debería hacerlo quien administra una institución de la República? La temporalidad identifica cuándo ocurrió una conducta y quién tiene el deber de actuar. Si hubo irregularidades antaño, deben investigarse, pero las de hoy demandan una satisfacción al pueblo bueno. El calendario no convierte a los anteriores en pecadores ni concede pulcritud automática a los actuales.

Otras perspectivas filosóficas ordenan la discusión, no la adornan. Aristóteles aporta el criterio del bien común: el cargo pierde su propósito cuando sirve a intereses particulares. Paul Ricoeur vincula la aspiración ética con la justicia y las instituciones; Savater recuerda que decidir libremente implica responder; Pieper exige reconocer la realidad para actuar prudentemente; Han advierte que la exposición mediática no equivale a esclarecimiento.

Por ello, en el INE, esas claves obligan a preguntar para qué se administra, cómo se controla, quién responde y qué puede comprobar la ciudadanía. Una democracia no se limpia mediante espectáculo. Se limpia mediante verdad, expediente, auditoría, responsabilidad y consecuencias.

A ello se suma el ritmo de las investigaciones, que exige una explicación verificable. Para valorar una demora injustificada deben conocerse las fechas de apertura, las diligencias, las etapas alcanzadas y los plazos aplicables. La reserva legal protege actuaciones concretas, pero no elimina la rendición de cuentas.

Defender al INE investigándolo, no exige destruirlo; defender su autonomía tampoco autoriza la impunidad. Debe esclarecerse quién propuso, autorizó, adjudicó, contrató, supervisó y recibió bienes o servicios, y quién debía controlar cada procedimiento.

Cuando existan elementos jurídicos, la revisión debe alcanzar las relaciones contractuales de los organismos electorales locales: no para destruir el Sistema Nacional Electoral, sino para protegerlo.

Conviene recordar el valor de lo construido: el IFE/INE administró doce elecciones federales ordinarias de diputaciones; seis incluyeron la Presidencia y tres produjeron alternancias. Ese patrimonio institucional pertenece a todos y no admite indulgencias partidistas.

La crítica no puede convertirse en linchamiento, ni la presunción de inocencia puede utilizarse como coartada para no investigar. Los indicios justifican el esclarecimiento, no una condena anticipada; las responsabilidades deben establecerse mediante los procedimientos correspondientes. Esa distinción permite exigir resultados sin sacrificar garantías.

Durante décadas aprendimos a vigilar las casillas, las boletas y los votos. Ahora debemos aprender también a vigilar a quienes administran al vigilante. Porque la corrupción es como la humedad: comienza silenciosamente, encuentra grietas y avanza mientras nadie levanta la pintura para mirar debajo.

Con esa imagen en mente, si se acredita que la humedad llegó al árbitro electoral en los últimos tres años, la respuesta no es demoler la casa democrática, sino encontrar la filtración, sancionar a quien corresponda y repararla. Mientras se esclarecen los hechos, las sospechas no deben tratarse como hechos probados, pero tampoco es correcto que desde la alborada del Alcázar se involucre a pasadas administraciones que justificaron su entrega-recepción al amparo de la legalidad. Esa narrativa me recordó el grito ¡el ladrón, el ladrón, el ladrón!

Lo que está en juego es mayor que un expediente: cuando nuestra institución electoral pierde dinero, puede recuperarlo. Cuando pierde profesionalidad, puede reconstruirla. Pero cuando pierde la confianza ciudadana, comienza a perder la razón misma de su existencia. No es ético que desde tribunas oficiales se trate de desdibujar el reparto de los “moches”. Insisto: si los hubo, castigo; si no, disculpas. El INE es patrimonio democrático del pueblo bueno y del pueblo constitucional.

En conclusión, la ética pública no tiene calendario de indulgencias: exige esclarecer lo ocurrido ayer y responder por lo que se hace hoy. Defender al pueblo no es proclamar inocencias por pertenencia a una época, sino someter toda administración al mismo deber de verdad, justicia y responsabilidad.

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