La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que el procedimiento vigente en Aguascalientes para el cambio de identidad de género es discriminatorio, al imponer obstáculos innecesarios que vulneran derechos humanos. Por ello, ordenó garantizar un mecanismo accesible y acorde con estándares constitucionales e internacionales.
El caso fue promovido por una asociación civil que impugnó normas del Código Civil estatal y de la Ley de Ingresos 2024. Aunque en un inicio se desechó la demanda, en revisión se reconoció su interés legítimo para defender derechos relacionados con la identidad y la igualdad de género.
Al analizar el fondo, la Corte concluyó que el procedimiento actual resulta excluyente y revictimizante, ya que exige la intervención de una persona juzgadora o agente ministerial, obliga a incluir anotaciones marginales en los documentos (actas), visibilizando el cambio de sexo o género, impone un juicio civil con presentación de pruebas para sustentar la solicitud y no contempla una vía administrativa sencilla y directa.
Estos requisitos, señaló el Máximo Tribunal, constituyen barreras que perpetúan la discriminación y vulneran el derecho a la identidad.
La Corte reiteró que, conforme a estándares internacionales, estos trámites deben basarse únicamente en la autopercepción de la persona, sin exigir pruebas médicas o psicológicas, y deben garantizar rapidez, accesibilidad, privacidad y confidencialidad.
Como efecto de la sentencia, se ordenó que el Registro Civil de Aguascalientes permita realizar la adecuación de actas mediante un procedimiento administrativo, al menos para la asociación promovente y sus afiliados, eliminando así las prácticas discriminatorias señaladas.
Esta decisión es trascendental porque Aguascalientes es una de las siete entidades donde la identidad de género autopercibida no puede tramitarse por la vía administrativa.
Wilfrido Salazar, abogado y activista en pro de los derechos de la diversidad sexual, celebró la decisión. Señaló que, aunque queda pendiente conocer los alcances legislativos y legales de esta determinación, el hecho sienta un precedente ante años de indiferencia por parte del Poder Legislativo local. Recordó que, desde 2017, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) ya había respaldado el reconocimiento de la identidad autopercibida (Opinión Consultiva OC 24/17).
“Es un paso muy positivo. Lo poco que se ha podido avanzar en la agenda LGBT, ha sido gracias a las acciones de inconstitucionalidad. Varias legislaturas desde 2009 han sido omisas precisamente en no homologar derechos humanos que ya han sido reconocidos en la constitución y en tratados internacionales en la materia” declaró.
Sin embargo, el camino legal aún presenta retos. Será necesario observar si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) obliga al Legislativo local a adaptar las leyes a su determinación, y si exige al Registro Civil invalidar los artículos que imponen una serie de requisitos extensos y obstaculizantes para este trámite. Se anticipa que este proceso tomará un tiempo considerable, dada la histórica renuencia de los legisladores hacia estos temas.
Al respecto, el activista cuestionó las prioridades de la actual legislatura:
“Es indignante que el legislativo pierda tiempo y recursos en crear el día de la persona no nacida, cuando hay una resolución de la SCJN que determina que las personas son personas hasta que nacen, por lo que ningún legislativo puede ir más allá contraviniendo esto. Los derechos humanos son progresivos, no puede haber retrocesos” criticó.
Tras la aprobación del amparo, la diputada Alma Hilda Medina Macías, presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Congreso de Aguascalientes, dijo no estar de acuerdo con la decisión de la Suprema Corte.
“Como diputada no estoy de acuerdo en ese tipo de políticas, de decisiones, pero bueno, quiero revisar bien el documento para poder emitir una posición como presidenta de la Jucopo y que atañe al Congreso de Aguascalientes”, señaló.
Cuestionada sobre los posibles efectos en la legislación vigente, la diputada sostuvo que primero tendrán que analizar con detalle la sentencia para llevar a cabo una reforma de ley.
“Hay que ver cómo viene, la temporalidad y en qué sentido obligaría al Congreso y ver cómo podríamos fijar una postura”, añadió.
Por otro lado, el diputado morenista, Rodrigo Mireles Cervantes, celebró la decisión del órgano supremo, haciendo un llamado a la actual legislatura a actuar conforme a lo establecido en la resolución del amparo.
“Es otro logro de la Suprema Corte de Justicia. Recordemos que la Suprema Corte se ha dedicado a leerle la plana al Congreso del Estado, no es la primera jurisprudencia que emite al Congreso; y ya que se da esta situación, pedirles a mis compañeros diputados que tomen acción”, apuntó.
Cabe destacar que, en los últimos años, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido diversas sentencias que han obligado al Congreso de Aguascalientes a modificar o dejar sin efectos normas aprobadas a nivel local, entre ellas:
