Desde el Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes (CCEA) se rechazó la propuesta de incrementar impuestos a los sectores con mayores ingresos y, por el contrario, se pidió aligerar la carga fiscal y administrativa de manera equitativa, tanto para micro, pequeñas y medianas empresas, como para grandes corporativos.
Patricia Muñoz de León, presidenta del organismo empresarial, descartó esta idea, la cual ha cobrado popularidad a nivel internacional, al considerar que cualquier ajuste fiscal debe aplicarse de forma general y no únicamente a un sector.
Lo anterior pese a que, de acuerdo con datos del World Inequality Database, en México el 10% más rico concentra el 79% de la riqueza nacional, mientras que el 1% más rico acumula casi la mitad (48%), lo que ha contribuido a un panorama persistente de desigualdad.
“Las cargas fiscales tienen que ser para todos, si se van a reducir, que se reduzcan para todos. Al final, todos como trabajadores están insertados ya sea en micro, pequeña o gran empresa” opinó.
La empresaria indicó que la defensa de los organismos empresariales para reducir la carga fiscal se ha enfocado en las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), debido a que son las que cuentan con menor capacidad corporativa para enfrentar obligaciones fiscales y administrativas.
No obstante, enfatizó que, en caso de aprobarse mejoras en las condiciones tributarias, estas deben aplicarse para todos los niveles empresariales y no únicamente para los sectores más vulnerables.
“Cuando hablamos de porqué impacta más a la MIPYME, tiene que ver con que no tienen la posibilidad de tener un departamento legal, de recursos humanos, fiscal o contable y eso les complica el subsistir, pero todas las empresas tenemos el mismo impuesto para tributar” agregó.
Organizaciones como el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, la Fundación Friedrich Ebert, Fundar, el Instituto de Estudios sobre Desigualdad (Indesig), México Evalúa, Oxfam México y la UNAM sugirieron en 2024 al Poder Legislativo una reforma fiscal enfocada en cobrar más impuestos a los sectores de mayores ingresos.
Si bien la propuesta no fue aceptada, especialistas estimaron que su implementación podría traer beneficios relevantes, como asignar el equivalente al 1.16% del PIB a un sistema universal de cuidado infantil; destinar un mínimo anual del 2% del PIB estatal al financiamiento de un sistema judicial efectivo; así como duplicar el gasto destinado a salud para alcanzar el 6% recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
