A unas semanas de que el Congreso de Aguascalientes aprobara una reforma para A unas semanas de que el Congreso de Aguascalientes aprobara una reforma para proteger a docentes, directivos y personal administrativo frente a amenazas, intimidaciones y acusaciones sin sustento, el diputado Maximiliano Ramírez Hernández anunció que impulsará una nueva iniciativa para establecer sanciones penales contra quienes acosen o ejerzan violencia en contra de maestras y maestros.
El legislador explicó que la propuesta surge tras recibir solicitudes de docentes que piden una protección más eficaz ante este tipo de situaciones.
“Estamos preparando otra iniciativa. Algunos maestros se acercaron con un servidor donde nos piden que también los defendamos de una manera pronta y expedita, donde en el Código Penal quede muy claro”, señaló.
Indicó que la iniciativa se encuentra en proceso de elaboración y que será presentada en aproximadamente 15 días, tras ser revisada con integrantes de la Comisión de Educación y representantes del magisterio.
Cuestionado sobre qué diferencia tendría esta propuesta respecto a la reforma aprobada recientemente, la cual ya contempla sanciones penales para proteger al personal educativo, Ramírez sostuvo que ambas propuestas son diferentes, aunque no precisó cuáles serían las modificaciones concretas que distinguirían a la nueva reforma.
“Es muy diferente. Nosotros lo que queremos es salvaguardar la integridad de los maestros en caso de acoso y en caso de violencia”, respondió.
Al respecto, el director del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), Luis Enrique Gutiérrez Reynoso, confirmó que se mantiene un diálogo permanente con el Poder Legislativo para esta y otras iniciativas, reafirmando su postura a favor del respeto a los derechos de docentes y alumnos.
“Nosotros hemos sido muy respetuosos del Congreso y hemos platicado de manera permanente con ellos. Tenemos una postura de respeto a los docentes y estamos a favor de que se cuide su integridad y el liderazgo que representan, pero también de respetar los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes” declaró.
Así mismo, recordó que el sistema educativo local cuenta con protocolos claramente establecidos para atender controversias hacia los docentes, descartando falta de certeza jurídica para atender cualquier situación que se presente.
“El protocolo establece suspender del cargo al docente mientras se investiga y se llega a la resolución. Una vez que se concluye el proceso, se determina si se le reinstala o si se le separa del cargo definitivamente” explicó.
Apenas hace unas semanas, el legislativo local aprobó la reforma con la que se protege a maestros, directivos y personal administrativo, con penas de uno a tres años de prisión para quienes amenacen, intimiden o coaccionen a personal educativo durante el ejercicio de sus funciones.
