BUENOS AIRES, ARGENTINA.— Era la madrugada del 1 de enero de 2012. Jeremías Trasante, Claudio Damián Suárez y Adrián Leonel Rodríguez platicaban sentados en un banco de la cancha de futbol del club Villa Moreno, de la ciudad de Rosario, Argentina, cuando fueron ultimados por un comando armado que les disparó por la espalda.
La policía quiso olvidarse del caso y ocultarlo. Filtró a los medios de comunicación que era un ajuste de cuentas entre bandas del narcotráfico. Lo que no dijo es que Trasante, de 17 años; Suárez, de 19, y Rodríguez, de 20, eran integrantes del Movimiento 26 de Junio, del Frente Popular Darío Santillán —una organización civil que hace trabajo barrial en diferentes zonas del país—, y que vivían en la zona.
Los vecinos del lugar relataron a las autoridades que a las cuatro de la madrugada ingresaron en las instalaciones del club tres personas armadas, quienes preguntaron por un muchacho. Ante la falta de respuesta los hombres empezaron a disparar.
Jere, Mono y Patom, como les decían a los jóvenes del Frente Popular Darío Santillán, recibieron entre cinco y ocho balazos cada uno. Luego los asesinos —uno de ellos usando chaleco antibalas— salieron a la calle y desde ahí dispararon en abanico. Tres personas más, entre ellas una mujer embarazada, resultaron con heridas leves.
El hecho no tendría mayor relevancia más allá del vecindario, a no ser por lo que entraña, o por lo que las autoridades mismas quisieron que entrañara: la diseminación de una idea de violencia ligada al tráfico de droga en cuya cúspide maniobran poderes de muy alto calibre.
REPRODUCCIÓN DEL TERROR
Al avanzar las investigaciones quedaron claros varios asuntos: el triple homicidio entremezclaba a integrantes de la barra brava del club de futbol Newell’s Old Boys y fue represalia de un hecho previo, ocurrido media hora antes, en la que un joven fue rociado a balazos en su auto BMW junto a su novia.
El joven era Maximiliano Quemadito Rodríguez, conocido como el “hijo del quemado”, apodo que llevaba en homenaje a su padre. Tenía prontuario policial y había ganado celebridad a partir de las pugnas internas que hay en la barra brava de Newell’s.
El caso involucró más nombres: Ariel Sebastián Acosta, alias Teletubi, investigado en el atentado a un camión de aficionados del mismo equipo, que en la madrugada del 4 de febrero de 2010 fue blanco de un atentado en el que murió Walter Cáceres, de 14 años. El tercero de los prófugos por el triple asesinato era Damián Martínez. Al ser allanada su casa se encontró un chaleco antibalas.
Media hora antes del asesinato de Jere, Mono y Patom, Maximiliano Rodríguez y su novia vieron cómo dos jóvenes en moto se emparejaron a su carro y dispararon contra ellos. Maximiliano sufrió heridas múltiples. La chica, desesperada, recogió el teléfono Nextel de su novio y pulsó el contacto de Teletubi. Este se acercó al lugar.
La policía informó que después de la balacera el joven le dijo a su novia y a Teletubi: “Esto me lo hizo el Negro Ezequiel”. Allí se gestó la idea de la venganza. Treinta minutos después, a veinte cuadras del lugar, habría tres muertos más. Los asesinos creyeron que los jóvenes del Movimiento 26 de Junio Frente Popular Darío Santillán eran custodios de Ezequiel.
El periodista Jorge Urien Berri publicó el 28 de noviembre de 2014 una columna, en el diario La Nación, donde decía que el triple homicidio arrancó las máscaras sobre el narcotráfico en Argentina: “Desde aquella masacre hubo 675 asesinatos, la mayoría relacionados con la droga. El pico de violencia que comenzó en 2010 siguió escalando: guerras y venganzas entre narcos que luchaban por sus parcelas de territorio y sus búnkeres o puestos de venta; el sicariato; los soldaditos o niños que emplean los narcos y ganan mucho más que los efectivos policiales; la caída de un jefe de policía acusado de connivencia con el negocio de la droga; el ataque a balazos a la residencia del gobernador Antonio Bonfatti…”.
Ese año registró 182 asesinatos. En 2013 la cifra aumentó a 261. En 2014 fueron 232. Una década antes, en 2004, la cantidad de asesinatos cometidos en Rosario era de solo 70. Desde entonces la ciudad ha sido sacudida por otras 1370 muertes violentas. Un cambio brutal.
Un estudio de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), llamado Calles Perdidas, sostiene que debido a este vértigo mortal las cinco grandes bandas más representativas del lugar, entre ellas la de Alvarado y Los Monos, se fueron atomizando y al ruedo ingresaron grupos más pequeños y difíciles de combatir.
Exhibición de más de 400 kilos de marihuana incautados por la policía de la provincia de Buenos Aires, en diferentes incursiones, en el año 2013. Foto: AFP
¿POR QUÉ ROSARIO?
Rosario es la tercera ciudad más importante de Argentina, después de Buenos Aires y Córdoba. Capital de la provincia de Santa Fe, en ella viven más de un millón de personas, según el último censo realizado en 2010 por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
El lugar representa un importante centro cultural, económico, educativo, financiero y de entretenimiento. Forma parte del denominado Triángulo Agrario, junto con las localidades de Pergamino y Venado Tuerto. Está situado sobre la margen occidental del río Paraná, en la hidrovía Paraná-Paraguay. Y tiene un puerto de 140 hectáreas que maneja tanto cargas generales como a granel.
De ahí que en los últimos 12 años haya sido un punto clave para el desarrollo del narcotráfico. El abogado Carlos Varela dice que el crimen organizado ha crecido en la ciudad por “la ubicación geográfica que tiene y por la falta de perspectivas laborales”.
Conocido por defender a integrantes de distintas bandas relacionadas con el narcotráfico, como Los Monos, explica: “En Santa Fe el poder político no ha ocultado ningún índice de violencia o de delitos como sí ha ocurrido en otras ciudades, por ejemplo, Buenos Aires y el gran conurbano (Provincia de Buenos Aires), cuyos indicadores, el gobierno anterior (de Cristina Fernández de Kirchner) kirchnerista, los mantuvo secretos”.
Gabriel Ganón, exdefensor general de la provincia de Santa Fe, dice que Rosario se transformó en un lugar clave para el narcotráfico por el pésimo funcionamiento de la administración de justicia. Además, “la respuesta al crecimiento de la tasa de homicidios debe explicarse en forma multicausal”.
“Entre las causas más determinantes encontramos la proliferación de armas de fuego de alto calibre con un crecimiento del negocio de la venta de armas en negro. El segundo factor es el creciente descrédito del funcionamiento de las agencias represivas del Estado. Un estudio que encaramos con la cátedra de criminología de la UNR, de nombre Dos lecturas sobre el aumento de la criminalidad en Rosario, sobre resolución de homicidios en la ciudad determinó que solo 20 por ciento de los homicidios fue castigado desde 2012 en adelante”, explica en entrevista.
“El tercer factor es la búsqueda de respeto de los jóvenes que encuentran en el ejercicio de la violencia una forma de reafirmar su autoestima en los barrios populares. Básicamente las causales son las mismas que enumera el informe de la Oficina de Naciones Unidas contra el Delito y el Crimen Organizado (UNODC): descrédito del sistema de administración de justicia y proliferación de armas de fuego”, menciona.
LA ELIMINACIÓN DE LOS PRESCINDIBLES
El informe Calles Perdidas señala que en Rosario los homicidios vinculados con las drogas en 2004 no pasaban de los 70 casos anuales. En 2012 superaron los 160. Hasta la mitad de 2013 ya se contabilizaban 116 asesinatos.
La investigación demostró que, en 2013, 90 por ciento de los asesinados fueron de jóvenes de entre 18 y 25 años; aparecieron vínculos de acción y reacción entre casos, ya que a un crimen le sucede, poco tiempo después, otro homicidio de similar perfil a pocas cuadras del primero. Signo de una guerra de constantes ajustes de cuentas y venganzas.
El análisis señaló que la presencia de los soldaditos del narcotráfico —mano de obra que ejecuta las directivas de violencia de jefes a los que no se conoce—, se trata de jóvenes que matan o mueren en el territorio de la venta de droga: “Esos jóvenes reciben un pago diario mínimo de 300 pesos por custodiar los negocios de los traficantes, lo que representa alrededor de 10 000 pesos por mes”, explica el documento.
Según el análisis de la UNR también se pudo establecer que en los barrios rosarinos el trabajo inicial de reclutamiento del narco representa un pago de 150 pesos solo para servir como centinelas desarmados y dar aviso de presencias extrañas en las cercanías de los lugares de comercialización, en los llamados búnkeres de las drogas. En Rosario operan más de 400 quioscos (pequeñas tiendas de abarrotes) minoristas de drogas. Un negocio que mueve allí unos dos millones de pesos al año.
El informe Dos lecturas sobre el aumento de la criminalidad en Rosario señala, a su vez, que en 2013 se detuvo a 120 menores por vender drogas en búnkeres. Asimismo, muestra que 50 por ciento de los delitos cometidos en la ciudad quedan impunes por tres razones principales: déficit de la investigación, complicidad policial y temor a denunciar.
Gabriel Ganón comenta que también se debe destacar que la existencia de puestos de venta fijos de drogas en los barrios populares de esa ciudad, administrados directa o indirectamente por la policía, corroe aún más la pobre imagen de legitimidad de la policía y dificulta seriamente el esclarecimiento de los hechos: “Los vecinos que posiblemente pueden ser testigos de un crimen violento temen denunciar porque no saben si al hacerlo están afectando a algún grupo protegido por la propia policía”.
Desde la llegada a la presidencia de Mauricio Macri, en diciembre de 2015, se ha presentado un cambio en la forma de enfrentar el narcotráfico en Argentina, dándole, entre otras cosas, más autonomía al ejército. Foto: Juan Mabromata/AFP
EL LUGAR COMÚN DE LA RUTA DE PASO
En el artículo El crecimiento de narcotráfico en Rosario: violencia disciplinada y la resistencia social frente a este sistema, Caitlyn Yates dice: “Es increíblemente fácil culpar a fuerzas externas por la presencia del fenómeno negativo. Al hablar sobre el aumento del tráfico de drogas y la violencia del narcotráfico en Argentina, palabras como cártel, México y Pablo Escobar caen en el debate. ¿Cómo, en todo caso, es la comunidad internacional que participa con el Estado en Rosario? Una primera consideración es la proximidad de la ciudad de Rosario a las fronteras de Paraguay y Bolivia. Dada esta proximidad, la distribución de drogas en otro mercado limítrofe e internacional es algo fácilmente realizable”.
Además de los países vecinos a Argentina, llega la influencia de las naciones con conocidos problemas de narcotráfico, que explotan los recursos naturales y el capital físico en beneficio de sus empresas. La influencia internacional se refiere a México y la producción interna se refiere a la efedrina, como resultado de la gran elaboración farmacéutica en Argentina. En otras palabras, no todos los tipos de drogas requieren el mismo entorno y, por lo tanto, comienza la búsqueda de nuevos territorios para la distribución organizada de drogas ya establecida. En cuanto a la demanda externa de la efedrina, el cártel de Sinaloa en México es reconocido por el uso de Argentina como el país de donde la obtiene, relata Yates.
“A raíz de la exportación de drogas, la ciudad portuaria de Rosario parece una opción sólida para la distribución internacional. La teoría del efecto cucaracha apoya la idea de que la presión de la producción de narcóticos surgió comparativamente tarde en Argentina. La demanda inicial de la efedrina se reunió en una cierta capacidad de un productor diferente, y no fue hasta que el fabricante secundario fue desmontado por fuerzas como la policía, que la búsqueda de un nuevo aliado fue iniciada. Así, el concepto de la teoría de la cucaracha sugiere que, mientras exista la demanda del producto, también existirá un lugar que lo produzca; perpetuando una incapacidad para exterminar la producción de drogas”, refiere.
El criminólogo Enrique Font dice que hay una variable en la materia que está presente desde hace muchos años, que es el rol de la institución policial involucrada de diferentes formas en los delitos que se dan en las diferentes jurisdicciones de la provincia de Santa Fe. Una policía dedicada a gerenciar el delito, que no ha tenido ningún tipo de reformas desde 1983. Esa policía ha perdido capacidad para regular los delitos actuales, capacidad para extraer dinero de la economía ilegal, hacerlo circular y, al mismo tiempo, mantener los delitos en niveles políticamente aceptables. Esta capacidad, por distintos cambios sociales, se ha ido perdiendo en la policía de la provincia.
“Otro elemento es el rol que han tenido los poderes judiciales, principalmente la administración provincial, con una marcada incapacidad para regular el delito. Es un poder que jamás ha investigado a la policía adecuadamente, salvo pocas excepciones, que tiene fiscales que llevan años con un desempeño bastante pobre a la hora de investigar homicidios u organizaciones criminales. Desde 1983, Santa Fe tampoco tuvo una política de prevención de la violencia. Actualmente el gobierno no elabora diagnósticos precisos y profundos para explicar y contener esta violencia”, comenta.
En Rosario la narcocriminalidad ha crecido mucho, pero el fenómeno en términos de consumo y venta no es muy diferente al resto de las ciudades de Argentina. Los homicidios en la ciudad crecen y en otras grandes urbes no: “Lo que nosotros vemos en la ciudad es que el grueso de los homicidios son, más bien, jóvenes en situación de exclusión, abandonados por la política, que buscan en la participación fluctuante en bandas, un mecanismo de reconocimiento, respeto y construcción de identidad, menciona el especialista”.
Una de las principales preocupaciones de las Abuelas de Plaza de Mayo es la incorporación como docentes de exsoldados, pues podría integrarse a personal vinculado con la última dictadura militar. Foto: Eitan Abramovich /AFP
EL PARADIGMA GRINGO
Desde la llegada a la presidencia de la república del empresario Mauricio Macri, el 10 de diciembre de 2015, se ha presentado un cambio en la forma de enfrentar el narcotráfico en Argentina, dándole, entre otras cosas, más autonomía al ejército.
La derogación del histórico decreto 436 que el 31 de enero de 1984 promulgó el entonces primer mandatario Raúl Alfonsín, con el objetivo de asegurar que el gobierno civil de esta nación tendría el control de las Fuerzas Armadas, acostumbradas a interrumpir sistemáticamente el régimen democrático desde 1930, quedó de lado una vez que quien fuera presidente del Club Boca Juniors (1995-2008) lo desechara mediante otro decreto: el 721, modificado el 6 de enero de 2016.
Raúl Alfonsín limitó en su momento a los militares el manejo de una serie de definiciones en torno a su personal, que pasaron a ser controladas por el Ministerio de Defensa. Con la modificación que hizo Macri, las Fuerzas Armadas vuelven a tener atribuciones para decidir ascensos, traslados, designaciones, premios e incorporación de personal retirado como docentes en los espacios de formación, entre otras cuestiones.
Una de las principales preocupaciones de los organismos de derechos humanos, como Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Asociación de Madres de Plaza de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo y Familiares, sobre esta decisión es la incorporación como docentes de elementos del Ejército que se encuentran retirados, pues podría integrarse a personal vinculado con la última dictadura militar (1976-1983), que dejó 30 000 desaparecidos.
En septiembre pasado, durante la reunión del G-20 en China, el mandatario argentino dijo que “dentro del límite que les marca la ley las Fuerzas Armadas colaborarán en todo lo que sea necesario en la lucha contra el narcotráfico…”.
Meses antes, el 26 y 27 de julio, el presidente realizó una prueba piloto en la lucha contra el crimen organizado y las posibles amenazas del terrorismo en las fronteras, en la provincia de Misiones, entre las localidades de El Dorado y Montecarlo. Convocó a las fuerzas de seguridad, las policías locales y a las justicias provinciales, a las que sumó el apoyo logístico de las Fuerzas Armadas.
En forma paralela, Argentina pidió asistencia logística e intercambio de información para combatir esos delitos a Estados Unidos, Israel y varios países europeos.
Gabriel Ganón considera que el gobierno de Macri está equivocando su política en la materia: “Las políticas de ataque o guerra al narcotráfico con su posible militarización no mejorará la situación. Esta es la línea de acción elegida por el gobierno. Sobredimensionar el fenómeno para expandir los poderes policiales. En ese sentido, la creciente militarización del fenómeno nos podría llevar a pensar en una mexicanización de Argentina”.
La intervención del Departamento de Estado estadounidense en la materia ha sido un elemento a tomar en cuenta por el actual gobierno. Carlos Varela comenta sobre el tema: “En los últimos tiempos, Estados Unidos ya ha logrado, por medio de recursos económicos o manejo de información, abortar la conformación de un enclave de ideología diferente a la imperante en su país. Ya consiguieron, al menos por ahora, materializar, para bien o para mal, sus claros objetivos: repensar una nueva estrategia en la lucha contra el crimen organizado al emplear a las Fuerzas Armadas”.
Ganón, exdefensor general de Santa Fe, coincide con Varela al decir que, si bien no está seguro de que el Departamento de Estado se encuentre detrás de la idea de militarizar la lucha contra el narcotráfico, el actual gobierno argentino escucha mucho a los estadounidenses.
Ninguno de los dos especialistas cree que en este momento los recursos naturales estén detrás de los intereses del crimen organizado o el Departamento de Estado estadounidense como sucede en otras naciones, a pesar de que Argentina tiene una de las reservas acuíferas potables más importantes del mundo y el yacimiento de petróleo Vaca Muerta.
A pesar de esto, una delegación del Ministerio de Defensa viajó a Estados Unidos para desarrollar varios puntos de un proyecto de “cooperación militar” acordado con anterioridad entre el presidente argentino, Mauricio Macri, y su par estadounidense, Barack Obama.
Entre esos puntos destaca la instalación de una base militar de Estados Unidos en Triple Frontera (Argentina, Brasil y Paraguay) y otra en Ushuaia (Tierra del Fuego): esta última es la más polémica porque sus límites provinciales se extienden hasta la Antártida, la mayor reserva de agua dulce congelada del mundo.
El gobierno de Macri justifica la instalación de la base militar estadounidense en Ushuaia alegando que en el lugar se realizarán “tareas científicas”. “Ushuaia se convierte en una base logística para apoyar las tareas científicas en la Antártida”, según un anuncio gubernamental.
Otra de las iniciativas del gobierno actual que ha causado polémica es la aprobación, por parte del Consejo de Seguridad Interior (CSI), del Protocolo de Actuación en las Manifestaciones Públicas, mejor conocido como “Protocolo Bullrrich”, ya que fue la ministra de Seguridad, Patricia Bullrrich, quien lo impulsó.
Según este protocolo, ante una manifestación pública las fuerzas de seguridad procederán de acuerdo con las siguientes reglas: “Comunicarán la situación en forma inmediata al Ministerio de Seguridad de la Nación, o las autoridades competentes de los gobiernos provinciales y de la ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a su jurisdicción; se establecerá un espacio de negociación para que cese el corte y se dará aviso a la justicia; resuelta positiva o negativamente la negociación, el jefe del operativo de seguridad impartirá la orden a través de altoparlantes, megáfonos o a viva voz, que los manifestantes deben desistir de cortar las vías de circulación de tránsito y deberán retirarse.
“Si los manifestantes no cumplieren con la orden recibida, se les solicitará que depongan el corte bajo apercibimiento de proceder conforme lo establecido para los casos de los delitos cometidos en flagrancia, según lo dispuesto en los códigos de procedimiento penal de cada jurisdicción, poniendo en conocimiento del magistrado competente, y se procederá a intervenir y disolver la manifestación; las instrucciones de la autoridad policial se harán por medio de frases cortas y claras. El personal de las fuerzas de seguridad no deberá reaccionar ante provocaciones verbales o gestuales de algunos manifestantes”.
En la reunión del G-20 en China, Macri dijo que, “dentro del límite que les marca la ley, las Fuerzas Armadas colaborarán en todo lo que sea necesario en la lucha contra el narcotráfico”. Foto: Daniel Dabove/AFP
LA MEXICANIZACIÓN DE ARGENTINA
En febrero de 2015 se dio a conocer que el papa Francisco le había escrito un correo electrónico a Gustavo Vera, presidente de La Alameda, una Organización No Gubernamental que lucha contra la trata de personas y el trabajo esclavo, donde le decía: “Ojalá estemos a tiempo de evitar la mexicanización”.
El correo electrónico decía textualmente:
“Querido hermano:
“Gracias por tu correo. Veo tu trabajo incansable a todo vapor. Pido mucho para que Dios te proteja a vos y a los alamedenses. Y ojalá estemos a tiempo de evitar la mexicanización. Estuve hablando con algunos obispos mexicanos y la cosa es de terror.
“Mañana me voy, por una semana, a hacer ejercicios espirituales con la Curia Romana. Una semana de oración y meditación me hará bien.
“Te deseo cosas buenas. Saludos a tu madre. Y, por favor, no te olvides de rezar por mí.
“Que Jesús te bendiga y la Virgen Santa te cuide.
“Fraternalmente,
“Francisco”.
Rápidamente la información se filtró en los medios de comunicación, lo que alteró a las autoridades mexicanas, que casi enseguida salieron a aclarar la situación.
El gobierno mexicano envió una carta diplomática al Vaticano. El entonces secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade (hoy secretario de Hacienda), se reunió con el nuncio apostólico en México, Christopher Pierre, para expresarle “la tristeza y preocupación” del gobierno mexicano por el comentario de Francisco.
Poco más de un año después, el 1 de julio de 2016, llegó a Argentina, invitado por el Ministerio de Seguridad de este país, el exguerrillero salvadoreño y líder del Frente Frabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) Joaquín Villalobos, para participar en la Conferencia sobre “Seguridad pública en América Latina”, en el Centro de Información de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que se realizó en Buenos Aires.
El exasesor de seguridad del gobierno de Felipe Calderón y uno de los hombres que diseñó la lucha contra el narcotráfico en México, sostuvo en el encuentro: “Cuando se produce la transición democrática hay un cambio de paradigma en términos de la seguridad, durante los regímenes autoritarios era al ciudadano al que había que perseguir, el control del ciudadano era el elemento fundamental, esto se revirtió con el cambio democrático en América Latina.
“Durante este proceso de cambio no se tuvo en cuenta que todas las garantías que se consiguieron para proteger al ciudadano de los abusos del Estado se han convertido en garantías para proteger a los criminales”, aseguró Villalobos, implicado en el asesinato del poeta y periodista salvadoreño Roque Dalton, el 10 de mayo de 1975.
Días después, el 28 de julio, arribó a Argentina el presidente mexicano Enrique Peña Nieto. En su encuentro con el mandatario Mauricio Macri se firmaron 17 acuerdos en materia de ciencia, tecnología, seguridad social y educación, entre otros.
El presidente de Argentina afirmó que su país ha emprendido una etapa de cambios observando la experiencia de México: “Tenemos una visión compartida, queremos trabajar en una Argentina que camine hacia la pobreza cero, que combata y derrote al narcotráfico y que fortalezca más su sistema institucional para lograr el respeto con el mundo”.
A pesar de esto, Ganón, Varela y Font no creen que por ahora la tendencia de Argentina sea a mexicanizarse.
