Esta es la primera entrega de una serie de serie de tres artículos
Columnista invitado: Ruben A. Fernández Aceves
Si alguien te preguntara cuál es el gobierno que más afecta tu vida cotidiana, seguramente pensarías en el presidente. O quizás en tu gobernador. Pero no. La respuesta correcta está más cerca: es el municipio. Ese gobierno que decide si tu calle tiene baches o pavimento, si la basura se recoge a tiempo, si hay un parque donde llevar a tus hijos. El gobierno que más te afecta y, curiosamente, el que menos atención recibe cuando se habla de política.
Eso podría estar a punto de cambiar. Aunque no necesariamente para bien.
En el Congreso de la Unión se acumulan varias decenas iniciativas de reforma constitucional que transformarían de raíz lo que tu ayuntamiento puede y debe hacer. El discurso que las acompaña suena bonito: “fortalecer al municipio”, “garantizar derechos”, “acercar el gobierno a la gente”. Pero cuando uno se asoma a los textos, la cosa cambia. Muchas de estas propuestas podrían terminar debilitando al gobierno más cercano que tienes.
En esta serie de tres artículos vamos a desentrañar qué está pasando. En el primero exploraremos una paradoja que parece diseñada para el fracaso: cómo se le exige más al municipio mientras se le da menos. En el segundo veremos qué significa para el vecino de a pie, que su ayuntamiento sea responsable de garantizar derechos que simplemente no puede cumplir. Y en el tercero preguntaremos si México camina hacia un régimen municipal fragmentado, con categorías especiales para unos cuantos y abandono para el resto.
Esto no es un asunto de abogados ni de políticos. Es tu calle, tu seguridad, tu ciudad. Empecemos con la primera entrega:
El espejismo del fortalecimiento municipal
Ponte en los zapatos de un presidente municipal de una ciudad mediana. Un martes cualquiera te llega la noticia: el Congreso acaba de aprobar una reforma que “fortalece” a tu municipio. A partir de ahora tendrás a tu cargo garantizar el acceso universal a internet de banda ancha para todos tus habitantes. Suena estupendo, ¿no? El problema es que nadie —absolutamente nadie— te dijo de dónde vas a sacar el dinero para hacerlo.
Esta viñeta, que parece sacada de una caricatura política, describe con bastante precisión lo que está ocurriendo en el Congreso mexicano. Durante la LXVI Legislatura se han presentado más de cincuenta iniciativas de reforma constitucional que impactan a los municipios. El estribillo es casi siempre el mismo: “fortalecer al municipio”, “acercar el gobierno a la gente”, “garantizar derechos desde lo local”. Palabras que suenan bien en un comunicado de prensa. Pero cuando revisas los textos con calma, la película es otra.
El viejo truco de las leyes generales
La primera señal de alarma es la fiebre de “sistemas nacionales” coordinados desde el centro. Sistema Nacional de Cuidados, Sistema Nacional de Ciberseguridad, coordinación metropolitana obligatoria, distribución de competencias penales… El libreto se repite: el Congreso federal expide una ley general que pone las reglas, y los municipios quedan reducidos a ejecutores de políticas diseñadas en escritorios de la Ciudad de México.
Para el ciudadano de a pie esto puede sonar a detalle técnico, a cosa de abogados. No lo es. Cuando tu municipio deja de decidir cómo organizar un servicio y se limita a obedecer lo que una ley federal le ordena, tú pierdes capacidad de influir. Así de simple. Siempre será más fácil hablar con tu regidor que con un funcionario federal. Siempre será más probable que tu voz se escuche en una sesión de cabildo que en una ventanilla de la Secretaría de Gobernación.
El municipio se diseñó constitucionalmente como el orden de gobierno más cercano a la gente precisamente para eso: para que las decisiones sobre la vida de todos los días se tomen cerca de quienes las viven. Cada vez que una competencia municipal se subordina a un “sistema nacional”, esa cercanía se diluye un poco.
Más obligaciones, la misma cartera
La segunda tendencia es, francamente, más preocupante por lo que significa para los servicios que recibe tu familia. Un montón de iniciativas proponen ampliar las responsabilidades municipales sin garantizar los recursos para cumplirlas.
Una iniciativa obliga a los municipios a proveer internet de banda ancha. Otra les exige separar, reciclar y tratar todos los residuos sólidos. Una más los hace responsables de las condiciones laborales de los bomberos. Hay otra que propone destinar obligatoriamente el 15% del presupuesto a infraestructura de agua potable. Y no falta quien quiere que solo otorguen licencias de construcción si el 20% de los materiales son reciclados.
Cada una de estas propuestas, vista por separado, suena razonable. ¿Quién va a estar en contra del internet para todos? ¿Quién se opone al reciclaje? El asunto es que no se hace la pregunta incómoda: ¿con qué dinero?
Salvo excepciones rarísimas, los municipios mexicanos dependen en su mayoría de las transferencias federales. Sus ingresos propios —el predial, básicamente— representan una tajada menor de sus presupuestos. Cuando el Congreso les carga nuevas obligaciones sin darles nuevos recursos, los pone ante un dilema cruel: o incumplen la nueva responsabilidad, o descuidan las que ya tenían. En cualquier caso, quien pierde eres tú.
En Estados Unidos hay un término para esta práctica: unfunded mandates, mandatos sin fondos. Está tan mal visto que existe legislación federal para frenarlos. Aquí el Congreso los multiplica sin rubor.
El municipio de las mil promesas
La tercera pieza de este rompecabezas es la expansión del catálogo de servicios públicos municipales. Transporte público de pasajeros, internet, gestión comunitaria del agua… La fracción III del artículo 115, esa lista de servicios que debe prestar el municipio, amenaza con convertirse en un inventario de buenas intenciones que nadie puede cumplir.
El resultado es algo que podríamos bautizar como el “municipio maximalista pero impotente”: una institución a la que la Constitución le exige la luna pero le da una linterna. Un gobierno local que, en el papel, debe garantizarte conectividad, agua de calidad, reciclaje integral, transporte digno y protección contra la violencia, pero que en la práctica apenas alcanza a tapar baches y recoger la basura. Cuando le va bien.
Lo que esto significa para ti
Cuando tu municipio no puede cumplir con una obligación constitucional, no puedes demandar al Congreso que aprobó la reforma. Puedes demandar al ayuntamiento que no la cumple. La responsabilidad patrimonial —esa obligación de pagar por los daños causados— recae en el municipio, no en la Federación que le impuso la carga. El que pone la regla se lava las manos; el que tiene que cumplirla se queda con el problema.
Cuando los recursos municipales se dispersan entre decenas de obligaciones, ninguna se cumple bien. La basura se recoge con menos frecuencia. Las calles se bachean más despacio. La policía tarda más en aparecer. No porque tu presidente municipal sea un inepto, sino porque le exigimos que haga de todo con presupuesto para casi nada.
Y cuando las decisiones importantes se toman en sistemas nacionales controlados desde el centro, tu capacidad de influir como ciudadano se achica. El cabildo abierto, la protesta vecinal, la carta al regidor… todo eso pierde fuerza cuando las reglas vienen de una ley general que tu ayuntamiento no puede tocar.
La paradoja del fortalecimiento
El Congreso actual, según se desprende del análisis de las iniciativas, muestra una ideología que mezcla cuatro ingredientes: es estatista porque desconfía de la autonomía local; es centralista porque prefiere la coordinación federal al autogobierno; es garantista porque usa los derechos humanos para justificar la intervención del centro; y es selectivamente indigenista porque fortalece a ciertos municipios mientras debilita al resto.
El resultado es una paradoja que debería sonrojarnos: se habla sin parar de “fortalecer al municipio” mientras se vacía su autonomía constitucional. Se le cargan más responsabilidades mientras se le regatean recursos. Se le exige garantizar derechos mientras se le subordina a sistemas nacionales.
No estoy diciendo que los legisladores sean malintencionados. Muchas de estas iniciativas nacen de preocupaciones legítimas: el acceso a internet importa, el reciclaje urge, la protección contra la violencia es necesaria. Lo que falla es la receta. Cargar al municipio sin fortalecerlo es como pedirle a alguien que corra un maratón mientras le amarras los pies.
Para los ciudadanos, el mensaje debería ser claro: no basta con aplaudir las buenas intenciones. Hay que preguntar siempre —siempre— ¿con qué recursos? ¿con qué capacidades? ¿bajo qué reglas? Un derecho que no puede ejercerse es solo una promesa rota. Y los municipios mexicanos están acumulando promesas que no van a poder cumplir.
El verdadero fortalecimiento municipal no pasa por darle más tareas al ayuntamiento. Pasa por darle más herramientas. Más ingresos propios. Más capacidad administrativa. Más libertad para decidir cómo resolver los problemas de su comunidad. Mientras el Congreso no entienda esto, seguiremos atrapados en el espejismo: creyendo que fortalecemos al municipio cuando en realidad lo estamos asfixiando.
En el próximo artículo: ¿Qué pasa cuando tu ayuntamiento debe garantizar derechos humanos sin poder hacerlo?
Rubén Fernández Aceves
Abogado experto en derecho municipal
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