El crecimiento de los cárteles y el tráfico de fentanilo están cambiando la forma en que Estados Unidos y otros países del continente evalúan la capacidad del Estado mexicano para garantizar la seguridad regional.
En política internacional existe una verdad incómoda: los países no solo son evaluados por sus decisiones, sino por la percepción que otros Estados tienen sobre su capacidad para gobernar su territorio y enfrentar amenazas comunes. Cuando esa percepción cambia, también puede cambiar el lugar que un país ocupa dentro de la arquitectura regional.
México se encuentra hoy en uno de esos momentos de redefinición.
Durante décadas, el narcotráfico fue visto en Estados Unidos principalmente como un problema criminal. Sin embargo, la expansión del tráfico de fentanilo, el enorme poder económico de los cárteles y su creciente capacidad operativa han provocado un cambio profundo en la manera en que Washington analiza el fenómeno. En ciertos círculos estratégicos estadounidenses, la discusión ya no gira únicamente en torno al combate al narcotráfico, sino alrededor de la estabilidad institucional en la región y de la capacidad real de los Estados para contener redes criminales que operan a escala transnacional.
Ese cambio conceptual tiene implicaciones importantes para México.
En los últimos años ha comenzado a tomar forma una conversación más amplia en el hemisferio sobre cómo enfrentar amenazas criminales que ya no respetan fronteras. Países de Centroamérica, del Caribe y de América del Sur han reforzado mecanismos de cooperación en materia de inteligencia, vigilancia marítima, control financiero y combate a redes de tráfico ilícito. En muchos de esos espacios de coordinación, la preocupación por el papel de los cárteles mexicanos aparece de manera recurrente.
El punto relevante no es que exista una ruptura con México ni que se esté produciendo una exclusión formal de nuestro país en los esquemas de cooperación regional. La relación bilateral con Estados Unidos sigue siendo una de las más densas del mundo: comercio, migración, energía, inversión y seguridad continúan conectando a ambos países de manera estructural.
Lo que sí parece estar cambiando es la valoración estratégica sobre la capacidad del Estado mexicano para enfrentar organizaciones criminales que han adquirido una dimensión económica, territorial y tecnológica sin precedentes.
Cuando un país comienza a ser visto en el extranjero como un espacio donde operan amenazas regionales difíciles de contener, su posición diplomática inevitablemente se vuelve más compleja. Las decisiones empiezan a tomarse con mayor cautela, las alianzas se ajustan y los mecanismos de cooperación se diseñan pensando primero en la gestión del riesgo.
En ese contexto aparece un fenómeno interesante: la persistencia de redes de cooperación construidas durante décadas entre especialistas mexicanos en seguridad y diversas instituciones estadounidenses.
Exfuncionarios, analistas, técnicos en inteligencia y expertos que participaron durante años en programas de cooperación bilateral continúan teniendo interlocución con agencias y centros de análisis en Washington. Muchos de ellos ya no forman parte del aparato gubernamental, pero conservan algo que en el mundo de la seguridad internacional es extremadamente valioso: credibilidad profesional y relaciones de confianza construidas a lo largo del tiempo.
En circunstancias normales, esas redes informales pueden desempeñar un papel positivo. Permiten que el diálogo técnico continúe incluso cuando los gobiernos atraviesan momentos de tensión política. Funcionan como puentes discretos que ayudan a mantener abiertos canales de comunicación estratégicos.
Sin embargo, cuando esos puentes comienzan a ser más activos que los canales oficiales, aparece una señal que ningún gobierno debería ignorar.
Significa que parte de la interlocución sobre temas sensibles empieza a desplazarse hacia espacios donde el Estado formal no necesariamente conduce la conversación. El país sigue siendo representado por su gobierno, pero el debate técnico que influye en decisiones estratégicas puede estar ocurriendo en ámbitos donde la autoridad gubernamental participa menos de lo que debería.
Ese tipo de desplazamientos no ocurre de un día para otro. Se produce gradualmente, a medida que los socios internacionales buscan interlocutores que consideren capaces de entender sus preocupaciones y traducirlas en soluciones operativas.
México posee instituciones sólidas, una economía relevante y un peso geopolítico que ningún país del hemisferio puede ignorar. Pero precisamente por esa importancia estratégica, el margen para permitir que se consoliden percepciones de debilidad es limitado.
El gobierno de Claudia Sheinbaum enfrenta un reto significativo: demostrar que el Estado mexicano mantiene plena capacidad para enfrentar al crimen organizado con eficacia institucional y con una estrategia coherente frente a sus socios internacionales.
Eso implica fortalecer las fiscalías, profesionalizar aún más a las policías estatales y municipales, mejorar la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y profundizar los mecanismos de cooperación internacional en materia de inteligencia financiera, control de armas y desarticulación de redes criminales transnacionales.
También exige comprender que el narcotráfico contemporáneo funciona como una economía global clandestina. Los cárteles no solo trafican drogas: controlan rutas logísticas, utilizan sistemas financieros complejos y operan con estructuras empresariales sofisticadas. Combatir ese fenómeno requiere una respuesta institucional igualmente sofisticada.
México tiene la capacidad para hacerlo. Lo ha demostrado en distintos momentos de su historia reciente. Pero en el contexto actual, la velocidad con la que se produzcan resultados será determinante para moldear la percepción internacional sobre el país.
En el mundo de la seguridad estratégica, las narrativas se construyen rápidamente y tardan mucho en modificarse. Si México demuestra que su Estado mantiene el control de su territorio y de sus instituciones, seguirá siendo visto como un socio indispensable para la estabilidad regional. Si esa percepción se deteriora, otros actores podrían comenzar a diseñar soluciones que no necesariamente coincidan con los intereses nacionales mexicanos.
La relación entre México y Estados Unidos seguirá siendo, por razones geográficas, económicas y políticas, una de las más importantes del continente. Pero dentro de esa relación hay un activo que no puede darse por sentado: la credibilidad estratégica.
Porque en política internacional, cuando un país deja de ser percibido como parte de la solución, el riesgo es empezar a ser tratado como parte del problema.
Fernando Schütte Elguero @FSchutte
Consultor y analista
