La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG) detectó diversas áreas de oportunidad en los centros penitenciarios estatales, principalmente en materia de salud mental, condiciones de higiene, sobrepoblación, atención a casos de tortura o maltrato y atención diferenciada a grupos vulnerables.
Los hallazgos forman parte del Informe Temático de Supervisión a Centros Penitenciarios, elaborado a partir de las visitas realizadas durante 2025 a nueve Centros Estatales de Prevención y Reinserción, dos Centros Estatales de Prevención Social y el Centro Especializado de Internamiento para Adolescentes.
Las supervisiones se realizaron en instalaciones ubicadas en León, Pénjamo, San Miguel de Allende, San Felipe, Guanajuato, Acámbaro, Celaya, Irapuato, Valle de Santiago y Salamanca. En total, mil 496 personas privadas de la libertad respondieron los cuestionarios utilizados para integrar el diagnóstico.
La PRODHEG señaló que la privación de la libertad no significa que las personas pierdan sus derechos fundamentales, por lo que las condiciones dentro de los centros deben favorecer una reinserción social efectiva.
“En un estado democrático de derecho, la privación de la libertad constituye la sanción impuesta por la autoridad; no la pérdida de la condición humana ni de los derechos fundamentales que la acompañan”, afirmó la procuradora de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, Karla Alcaraz.
Entre las principales áreas detectadas se encuentran la prevención y atención de posibles casos de tortura y maltrato, acoso sexual, condiciones materiales e higiene, sobrepoblación, comunicación telefónica con organismos públicos de derechos humanos, acceso a servicios médicos y atención a la salud mental.
La Procuraduría aclaró que estas problemáticas no fueron identificadas de manera generalizada en todos los centros penitenciarios supervisados.
Uno de los principales retos corresponde a la atención de la salud mental. El informe señala que existe una sola persona especialista en psiquiatría para atender a todos los centros penitenciarios, mientras que en Acámbaro una sola persona profesional de psicología brinda atención a una población de 211 personas privadas de la libertad.
El diagnóstico también puso atención en las condiciones para mantener los vínculos familiares y afectivos mediante las visitas familiares e íntimas. En este punto, la PRODHEG identificó obstáculos adicionales para las mujeres privadas de la libertad y planteó reforzar las acciones destinadas a atender situaciones relacionadas con el abandono.
Otro de los aspectos señalados es la presencia de personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad, entre ellos integrantes de pueblos y comunidades indígenas, personas de la diversidad sexual y de género, adultos mayores, personas con discapacidad y personas que viven con VIH.
Ante esta situación, el organismo recomendó fortalecer la atención diferenciada y los protocolos especializados, además de ampliar las oportunidades de acceso al trabajo remunerado, educación y actividades deportivas.
En el caso del Centro Especializado de Internamiento para Adolescentes, la supervisión encontró condiciones favorables en términos generales. Sin embargo, se identificó la necesidad de fortalecer el enfoque diferenciado, especialmente en los espacios y servicios destinados a mujeres adolescentes.
La PRODHEG sostuvo que garantizar condiciones adecuadas dentro de los centros penitenciarios es parte fundamental del proceso de reinserción, pues el objetivo no debe limitarse al cumplimiento de una sanción, sino proporcionar herramientas para que las personas puedan reconstruir un proyecto de vida.
“La reinserción social no solo representa un beneficio individual, sino también una inversión para la construcción de comunidades más seguras, incluyentes y respetuosas de los derechos humanos”, señaló Karla Alcaraz.
El organismo indicó que el informe busca servir como una herramienta para identificar deficiencias y fortalecer las políticas y acciones institucionales relacionadas con el sistema penitenciario.
La PRODHEG planteó que una reinserción social efectiva requiere garantizar el acceso a servicios de salud, educación, capacitación para el trabajo, empleo y desarrollo personal, bajo condiciones que permitan preservar la dignidad y los derechos de las personas privadas de la libertad.
