El Gobierno de Guanajuato hizo público por primera vez el Atlas de Riesgo para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, un diagnóstico que identifica 11 municipios considerados como “zonas silenciadas”, donde las condiciones de violencia y presión representan mayores obstáculos para el ejercicio del periodismo y la defensa de los derechos humanos.
Así fue presentado por la gobernadora, Libia Dennise García Muñoz Ledo, durante el Informe Anual del Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, donde además se dio a conocer que en el último año fueron documentadas 219 agresiones, de las cuales 145 fueron contra periodistas y 61 contra personas defensoras de derechos humanos.
La mandataria explicó que el atlas busca convertirse en una herramienta preventiva para identificar focos de riesgo y orientar las acciones de las autoridades antes de que ocurran nuevas agresiones. Aunque el documento comenzó a elaborarse durante la administración anterior, permanecía sin hacerse público para periodistas y defensores.
“Es un ejercicio único e inédito en este país que obedece a la visión que tenemos en este gobierno de no ser reactivos, sino ser preventivos. No hay cabida para la impunidad. No debe haber cabida para la condescendencia ni mucho menos para la omisión de las autoridades”, afirmó.
García Muñoz Ledo señaló que el atlas permitirá focalizar recursos y políticas públicas en las regiones con mayores niveles de riesgo para quienes ejercen la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos.
“Este atlas de riesgo es un mecanismo, un instrumento que nos va a ayudar a focalizar las acciones de este consejo, pero también de este gobierno para seguir garantizando la seguridad y la protección plena de quienes defienden los derechos humanos y de quienes informan de manera objetiva a la ciudadanía”, indicó.
La funcionaria estatal aseguró que como parte del fortalecimiento del mecanismo estatal, el Gobierno anunció una inversión de 1.15 millones de pesos para ampliar las medidas de protección y atender de manera más oportuna los casos de riesgo.
Además, se expuso en el informe anual que actualmente existen 83 medidas de protección vigentes, 90 personas incorporadas al Mecanismo Estatal y 94 casos vinculados al Mecanismo Federal. Entre las acciones de protección más utilizadas destacan 132 números de emergencia, 105 rondines domiciliarios, 40 vigilancias en domicilios, 29 escoltas o acompañamientos, 24 asesorías jurídicas y 17 notificaciones preventivas a municipios.
También, el Consejo canalizó 27 casos a la Fiscalía General del Estado, 23 al Mecanismo Federal de Protección, cinco a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado, uno a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y otro a la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas.
El diagnóstico también muestra que las amenazas continúan siendo la principal agresión registrada, con 83 casos, seguidas por 21 agresiones físicas, 19 actos de intimidación, 18 situaciones de riesgo relacionadas con la labor periodística o de defensa, nueve obstrucciones al ejercicio profesional, ocho homicidios, cinco agresiones contra la libertad de expresión y cuatro casos de lesiones.
Finalmente, la gobernadora reconoció que, aunque el mecanismo ha fortalecido la atención a periodistas y personas defensoras, aún existen retos para garantizar condiciones seguras en todo el estado.
“Lo que queremos es prevenir, llegar antes a advertir los posibles riesgos y atender con toda oportunidad a quienes están trabajando tanto en el periodismo como en la defensa de los derechos humanos. Hoy estamos aquí para visibilizar los avances, pero también poner énfasis en lo mucho que todavía nos falta por avanzar”, concluyó.
