En Milpa Alta, la demarcación más remota de la Ciudad de México, una institución centenaria dio un giro histórico: en lugar de esperar a los ciudadanos, salió a buscarlos. Detrás de ese gesto hay una deuda pendiente con comunidades que, durante décadas, tuvieron que elegir entre trabajar o litigar.
Para los habitantes de San Pablo Oztotepec, Santo Tomás Ajusco o cualquiera de los doce pueblos originarios que salpican las faldas del volcán Teuhtli, la burocracia siempre tuvo la misma geografía: lejana. Resolver una disputa con la autoridad, cuestionar un acto administrativo o simplemente entender sus derechos frente al Estado significaba, en la práctica, emprender un viaje de más de dos horas hacia el centro de una megalópolis que, paradójicamente, los incluye en su perímetro pero raras veces en sus servicios.
Ese muro invisible comenzó a resquebrajarse el pasado 17 de abril, cuando el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México (TJACDMX) instaló su presencia física en la Sala de Usos Múltiples de la alcaldía Milpa Alta con la inauguración de las primeras Jornadas de Vinculación con la Sociedad en la historia del organismo. No se trató de un acto protocolario más. Fue, en palabras de su propio presidente, el primer paso hacia una refundación del papel que juega la justicia administrativa en los territorios históricamente marginados de la capital.
Una distancia que no solo se mide en kilómetros
Milpa Alta no es simplemente la alcaldía más alejada del centro de la Ciudad de México. Es, también, la que concentra la mayor densidad de pueblos y barrios originarios de toda la capital: comunidades con lengua, cosmovisión y formas de organización propias que durante siglos han mantenido una relación ambivalente con las instituciones del Estado mexicano, oscilando entre la desconfianza histórica y la necesidad pragmática de interlocución.
Para estas comunidades, la distancia física hacia los tribunales no es un inconveniente menor: es una barrera estructural que, en muchos casos, equivale a la renuncia tácita al ejercicio de sus derechos. Perder un día de trabajo para trasladarse al centro administrativo de la ciudad, enfrentarse a un lenguaje técnico-jurídico diseñado para especialistas y asumir los costos de representación legal constituyen, en conjunto, un filtro que opera silenciosamente como un mecanismo de exclusión.
El magistrado presidente del TJACDMX, Andrés Aguilera Martínez, no esquivó ese diagnóstico al tomar la palabra ante los asistentes. “La justicia que no se conoce, difícilmente se ejerce. La justicia que no se acerca, pierde su sentido. Y la justicia que no es accesible, deja de ser verdaderamente justa”, señaló ante autoridades locales y representantes comunitarios.
El tribunal sale de su edificio
Desde que Aguilera Martínez asumió la presidencia del TJACDMX en enero de 2026, ha insistido en una premisa que suena sencilla pero implica una transformación institucional profunda: el tribunal debe convertirse en un organismo del pueblo, no solo para el pueblo. La distinción no es semántica. Implica que la institución abandone la lógica de esperar pasivamente a quienes acuden a ella y adopte, en cambio, una postura proactiva de presencia territorial.
Las Jornadas de Vinculación con la Sociedad son la expresión operativa de esa filosofía.
El programa contempla llevar al tribunal a las 16 alcaldías de la capital antes de que concluya 2026, con una estructura de atención que incluye tres ejes fundamentales: orientación jurídica gratuita para ciudadanos que desconocen sus opciones legales frente a actos de la autoridad; representación legal sin costo a través de la Defensoría Ciudadana del Tribunal para quienes no pueden costear un abogado; y capacitación comunitaria orientada a prevenir conflictos antes de que escalen a instancias judiciales prolongadas.
La elección de Milpa Alta como sede inaugural no fue arbitraria. Representa, simbólicamente, el punto de mayor distancia, en todos los sentidos, entre la ciudadanía y la maquinaria institucional.
Si el modelo funciona ahí, la premisa es que puede funcionar en cualquier lugar.
Lo que está en juego: el acceso a la justicia como derecho, no como privilegio.
El debate sobre el acceso a la justicia en zonas marginadas o territorios indígenas y originarios no es nuevo, pero sigue siendo urgente. En México, como en la mayor parte de América Latina, la distribución geográfica de los servicios de justicia reproduce, con frecuencia, las mismas desigualdades que el sistema jurídico debería combatir. Los juzgados, tribunales y organismos de defensa se concentran en los centros urbanos; las comunidades periféricas, rurales o indígenas quedan, en los hechos, fuera del radio de acción real de esas instituciones.
En el caso de la justicia administrativa (aquella que rige la relación entre el ciudadano y el aparato del Estado) el problema adquiere una dimensión adicional: su complejidad técnica la convierte en un terreno inaccesible incluso para personas con cierto nivel educativo que, sin embargo, carecen de formación jurídica. Conocer los plazos para impugnar un acto de autoridad, saber cómo presentar un recurso, entender qué órgano es competente para resolver una queja: son saberes que, en ausencia de orientación institucional, permanecen como patrimonio exclusivo de quienes pueden pagar por ellos.
Es precisamente en ese vacío donde iniciativas como las Jornadas de Vinculación con la Sociedad encuentran su razón de ser más poderosa. No se trata solo de llevar un servicio a donde no existía: se trata de revertir una lógica que, durante décadas, convirtió el acceso a la justicia en un bien escaso, desigualmente distribuido y, en consecuencia, profundamente injusto.
Un convenio, un compromiso y una deuda histórica.
El evento culminó con la firma de un convenio de colaboración entre el TJACDMX y la alcaldía de Milpa Alta encabezada por el alcalde Octavio Rivero, que establece el marco institucional para que la estructura de atención del tribunal opere de manera permanente en el territorio, y no solo como una presencia esporádica.
Rivero, al dirigirse a los asistentes, puso el dedo en una llaga que los habitantes de la zona conocen bien: “Resolver un trámite o buscar justicia legal significaba perder horas de camino, gastar recursos valiosos y enfrentar el cansancio del traslado. Hoy, esa realidad comienza a cambiar. Si la distancia ha sido un obstáculo, nuestra voluntad política será el puente.”
El reto, desde luego, no termina con la firma de un convenio ni con la inauguración de unas jornadas. La historia de las instituciones mexicanas está sembrada de iniciativas que comenzaron con grandes anuncios y se diluyeron en la inercia burocrática. Lo que diferencia a este esfuerzo —o lo que podría diferenciarlo— es la escala de la ambición y la claridad del objetivo: llegar, antes de que acabe el año, a la mayoría de las 16 demarcaciones de una ciudad que alberga a cerca de nueve millones de personas.
Para los pueblos originarios de Milpa Alta, que llevan siglos en los márgenes del Estado y de sus instituciones, ese compromiso vale la pena seguir de cerca. Porque la justicia, cuando finalmente llega, cambia cosas. Y cuando no llega, también.
El TJACDMX fue fundado hace más de 50 años y opera como órgano jurisdiccional autónomo con plena independencia administrativa y presupuestaria. Es el organismo competente para resolver controversias entre ciudadanos y la Administración Pública de la Ciudad de México. Nw
