Lo ocurrido en Mexicali durante los últimos días debería obligarnos a mirar la relación entre México y Estados Unidos desde una perspectiva diferente. Washington recibió información suficientemente seria sobre una posible amenaza para suspender actividades y viajes de su personal a Mexicali y advertir a sus ciudadanos que evitaran instalaciones gubernamentales. Canadá emitió también recomendaciones de precaución. En México, inicialmente se informó que no existía evidencia de un riesgo específico o inminente.
La pregunta no es quién tenía razón. La pregunta importante es cómo logró un gobierno extranjero conocer una amenaza potencial en territorio mexicano con suficiente anticipación para modificar preventivamente el comportamiento de sus funcionarios y ciudadanos.
Ésa es la esencia de la inteligencia: saber antes.
El episodio ocurrió después de una operación contra Los Rusos, organización alineada con la llamada Mayiza del Cártel de Sinaloa, en la que fueron asegurados aproximadamente 120 kilogramos de fentanilo gracias, entre otros elementos, al intercambio de información con la DEA. La cooperación México-Estados Unidos produjo un resultado concreto.
Se han difundido distintas versiones sobre posibles represalias de esa organización. También han circulado durante meses señalamientos políticos y periodísticos alrededor de sus relaciones con actores locales. Se dice que Los Rusos habrían tenido vínculos con intereses políticos en Baja California e incluso han circulado versiones sobre posibles apoyos económicos en campañas. Son señalamientos que deberán probarse o descartarse. No deben presentarse como hechos acreditados, pero tampoco ignorarse cuando forman parte del contexto que hoy se discute en la entidad.
También está el caso de la gobernadora Marina del Pilar Ávila, a quien Estados Unidos revocó la visa sin hacer públicas las razones. Han circulado distintas versiones sobre las circunstancias que rodearon esa decisión y sobre investigaciones relacionadas con personas de su entorno. La gobernadora ha rechazado públicamente diversas acusaciones y no existe, hasta ahora, una determinación judicial que permita atribuirle responsabilidad penal.
Conviene separar hechos, investigaciones, versiones e imputaciones. Pero sería igualmente irresponsable fingir que nada está ocurriendo.
Baja California no es una entidad periférica para Estados Unidos. Es parte de uno de los espacios económicos y humanos más integrados del mundo. Decenas de miles de personas atraviesan diariamente la frontera en ambos sentidos. Existen trabajadores transfronterizos, comercio, turismo, inversiones, industrias integradas, cadenas de suministro y miles de ciudadanos estadounidenses que poseen viviendas o desarrollan actividades económicas en Tijuana, Rosarito, Ensenada y otras zonas del estado.
La seguridad de Baja California es, por tanto, un asunto mexicano, pero también una cuestión estratégica para Estados Unidos.
Nuestras economías están profundamente integradas, pero la cooperación en seguridad sigue dependiendo demasiado de acuerdos coyunturales, relaciones entre funcionarios y mecanismos que pueden cambiar con cada administración.
Edgardo Flores Campbell, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California, ha señalado que no basta con celebrar la disminución de ciertos indicadores delictivos; es indispensable evaluar estrategias, exigir resultados, fortalecer la prevención y desarrollar capacidad anticipativa.
Entiendo la dificultad de su posición. Fui el primer presidente de un Consejo Ciudadano de Seguridad Pública en la Ciudad de México. Un consejo ciudadano serio no debe convertirse ni en opositor automático del gobierno ni en oficina de aplausos. Su responsabilidad es acompañar, observar, preguntar, exigir y contribuir a fortalecer las instituciones.
Y ése debería ser también el espíritu de la relación bilateral.
Estados Unidos no puede considerar que el problema termina cuando una droga cruza hacia el norte ni México asumir que su responsabilidad empieza únicamente cuando aparecen armas estadounidenses al sur de la frontera.
El fentanilo necesita productores, precursores, transportistas y protección criminal en México, pero también distribuidores, estructuras financieras, consumidores y redes de lavado en Estados Unidos. Las armas utilizadas por las organizaciones mexicanas tienen cadenas de adquisición y tráfico que deben investigarse del lado estadounidense. El dinero generado por el narcotráfico tampoco desaparece al cruzar la frontera.
El crimen organizado ya construyó su propia integración norteamericana.
Los Estados todavía no.
México cuenta hoy con una oportunidad importante. La conducción de Omar García Harfuch ha colocado nuevamente en el centro conceptos que durante demasiado tiempo fueron relegados: inteligencia, investigación, coordinación y objetivos prioritarios. Precisamente por eso debemos dar el siguiente paso.
Si México, Estados Unidos y Canadá pudieron desarrollar una arquitectura jurídica permanente para administrar comercio, inversiones y cadenas productivas mediante el TLCAN y posteriormente el T-MEC, ¿por qué la seguridad de esa misma región continúa dependiendo en buena medida de acuerdos políticos y mecanismos que no tienen la misma profundidad institucional?
Necesitamos comenzar a discutir un verdadero tratado norteamericano de seguridad.
No una intervención estadounidense en México. Mucho menos subordinación.
Un acuerdo entre iguales.
Un instrumento que establezca protocolos permanentes de intercambio de inteligencia; equipos para seguir dinero y patrimonio criminal; objetivos verificables contra tráfico de armas y drogas; cooperación aduanera y tecnológica; intercambio de información en tiempo real; controles contra corrupción y mecanismos profesionales de evaluación.
Y reciprocidad.
Si una agencia estadounidense descubre que una organización prepara un ataque en Mexicali, México debe conocerlo inmediatamente. Si la inteligencia mexicana identifica quién distribuye toneladas de droga en California, Estados Unidos debe actuar. Si México localiza las rutas de armas provenientes del norte, debe existir una obligación institucional de investigarlas hasta su origen.
La soberanía se fortalece cuando el Estado posee mejores capacidades de inteligencia, investigación y control territorial, y cuando puede cooperar con otros países desde una posición institucional sólida.
Cooperar no significa ceder soberanía. Significa ejercerla con mayor eficacia.
Mexicali nos acaba de recordar algo elemental: una región económicamente integrada necesita también mecanismos de seguridad acordes con el nivel de integración que ya existe.
El crimen organizado lo entendió hace mucho tiempo.
Es hora de que los gobiernos también.
@FSchutte
Consultor y Analista
