La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), a través de los Centros Empresariales de Tijuana, Mexicali y Ensenada, fijó una postura pública en torno al proceso legal en el que se encuentran involucrados el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y el empresario Ricardo Thompson Navarro, al demandar que toda actuación de las autoridades se conduzca con absoluto apego al Estado de derecho, la imparcialidad y el debido proceso.
Sin embargo, el posicionamiento trasciende un caso en particular. El mensaje del organismo empresarial coloca sobre la mesa una preocupación de mayor alcance: la percepción de que la justicia en México pueda aplicarse de manera selectiva, privilegiando determinados expedientes mientras otros asuntos de alto impacto nacional permanecen sin avances visibles.
Para la COPARMEX, el principio de legalidad sólo puede sostenerse cuando la ley se aplica con el mismo rigor para cualquier persona, independientemente de su cargo, filiación política, influencia económica o posición pública. En ese sentido, recordó que en un Estado democrático toda persona debe responder por sus actos, pero también tiene derecho a la presunción de inocencia, a un proceso imparcial y al pleno respeto de las garantías constitucionales.
Más que un caso judicial: una señal sobre la confianza institucional
El pronunciamiento ocurre en un momento particularmente sensible para Baja California y para el país, donde la confianza ciudadana hacia las instituciones de procuración de justicia enfrenta constantes desafíos derivados de la percepción de impunidad, corrupción y desigualdad en la aplicación de la ley.
Desde la óptica empresarial, la certidumbre jurídica constituye uno de los pilares para el desarrollo económico. Cuando existe la percepción de que la justicia responde a criterios políticos, coyunturales o mediáticos, se debilita no solamente la credibilidad de las fiscalías y tribunales, sino también el ambiente de inversión, la competitividad regional y la estabilidad institucional.
La Federación Baja California de COPARMEX advierte precisamente ese riesgo al señalar que la justicia no debe convertirse en un instrumento sujeto a intereses distintos a los estrictamente jurídicos.
Preocupación por una justicia selectiva
Uno de los puntos centrales del documento consiste en el llamado para que el caso no desvíe la atención de otros asuntos públicos que, a juicio del organismo, igualmente requieren investigación, transparencia y rendición de cuentas.
En ese contexto, la organización empresarial hace referencia a investigaciones relacionadas con presuntos vínculos de actores políticos con la delincuencia organizada, señalamientos internacionales, operaciones de lavado de dinero y el denominado “huachicol fiscal”, al considerar que todos estos asuntos deben recibir exactamente el mismo nivel de atención por parte de las autoridades competentes.
La postura no constituye una defensa jurídica de las personas involucradas en el caso Ruffo-Thompson, sino una exigencia de que la ley sea aplicada bajo criterios uniformes y sin excepciones.
El impacto social de la percepción de parcialidad
Especialistas en gobernanza coinciden en que la confianza pública en las instituciones depende menos del número de investigaciones abiertas y más de la percepción de que todas las personas reciben un trato igualitario frente a la ley.
Cuando la ciudadanía percibe que existen investigaciones selectivas o que algunos expedientes avanzan mientras otros permanecen estancados, pueden generarse diversas consecuencias:
* Debilitamiento de la confianza en las instituciones de procuración de justicia.
* Mayor percepción de impunidad.
* Polarización política y social.
* Incertidumbre para el sector empresarial y la inversión.
* Deterioro de la legitimidad institucional.
Precisamente por ello, COPARMEX sostiene que la fortaleza del Estado de derecho no depende únicamente de sancionar posibles conductas ilícitas, sino de garantizar que todas las investigaciones se desarrollen con independencia, objetividad y plena transparencia.
Llamado a la autonomía de la Fiscalía General de la República
En la parte final del posicionamiento, la Federación Baja California hace un exhorto directo para que la Fiscalía General de la República actúe con plena autonomía constitucional, sustentando cualquier determinación en pruebas sólidas y libres de presiones políticas o mediáticas.
Asimismo, demanda que las investigaciones relacionadas con el llamado “huachicol fiscal” y otros casos de relevancia nacional sean tratadas con el mismo estándar jurídico, evitando cualquier percepción de discrecionalidad en la aplicación de la ley.
Un mensaje sobre instituciones, no sobre personas
Más allá de los nombres involucrados, el posicionamiento empresarial coloca el debate en un terreno institucional: la necesidad de preservar la credibilidad del sistema de justicia como condición indispensable para la estabilidad democrática.
La COPARMEX concluye que no busca defender oficiosamente a persona alguna, sino insistir en que la legalidad debe ejercerse sin sesgos políticos, con bases jurídicas firmes y bajo un principio elemental de igualdad ante la ley.
En una entidad como Baja California, donde la seguridad, la inversión y el fortalecimiento institucional constituyen prioridades permanentes, el organismo empresarial advierte que solamente una justicia imparcial, transparente y aplicada de manera uniforme permitirá recuperar y consolidar la confianza ciudadana en las instituciones del Estado. Nw
