La confianza no se decreta. Se construye todos los días a partir de reglas claras, instituciones sólidas y decisiones que den certidumbre a quienes arriesgan su capital. Por eso, cuando esas condiciones se alteran, el impacto no es inmediato en los titulares, pero sí profundo en la percepción del país.
La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el bloqueo de cuentas bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera obliga a abrir una discusión de fondo: ¿hasta dónde puede llegar la autoridad en el combate a la ilegalidad sin debilitar el Estado de Derecho?
El fallo valida que una autoridad administrativa pueda restringir el acceso a recursos financieros con base en indicios, sin la necesidad de una orden judicial previa. Se trata de una medida que, aunque busca atender riesgos legítimos, introduce un elemento de incertidumbre que no puede ignorarse.
El combate a las operaciones ilícitas es indispensable. Nadie puede cuestionar la necesidad de contar con herramientas eficaces para enfrentar actividades que dañan a la economía y a la sociedad. Pero igual de importante es que esas herramientas se utilicen bajo reglas precisas, con controles institucionales y con pleno respeto a los derechos fundamentales. Cuando ese equilibrio se rompe, las consecuencias trascienden lo jurídico. Se trasladan al terreno económico, al entorno de negocios y, sobre todo, a la confianza que sostiene la inversión.
Permitir el bloqueo de cuentas sin control judicial previo tensiona principios básicos como la presunción de inocencia y el debido proceso. En la práctica, puede generar efectos equivalentes a una sanción anticipada, en la que personas y empresas ven restringida su operación sin haber tenido la oportunidad de defenderse en condiciones de equidad.
Para una empresa, particularmente para una micro, pequeña o mediana, la liquidez es la posibilidad de pagar salarios, cumplir con proveedores, sostener operaciones y mantener empleos. Interrumpir ese flujo, incluso de manera temporal, puede tener consecuencias irreversibles que van más allá de lo financiero: impactan familias, cadenas productivas y
comunidades enteras. Además, este tipo de medidas envía señales que trascienden a los casos particulares. Cuando
no existen garantías claras sobre el respeto al debido proceso, se genera un efecto inhibidor en la actividad económica.
Las decisiones empresariales comienzan a condicionarse por la incertidumbre, y la percepción de riesgo se incrementa.
En ese contexto, la resolución tiene un impacto directo en el entorno económico. La inversión, tanto nacional como internacional, depende de la confianza en las reglas del juego. Cuando existe la posibilidad de que los activos puedan ser restringidos sin un control judicial oportuno, esa confianza se erosiona. Y cuando la confianza se debilita, las decisiones
de inversión se postergan, se redimensionan o se redirigen hacia otros mercados con mayor certidumbre.
México compite en un entorno global cada vez más exigente. La relocalización de cadenas productivas y la integración regional abren oportunidades relevantes, pero también elevan el estándar de lo que los inversionistas buscan.
No se trata de debilitar al Estado en su capacidad de actuar frente a actividades ilícitas.
Se trata de fortalecerlo a través de instituciones que operen con legalidad, transparencia y contrapesos efectivos. Un Estado fuerte no es aquel que actúa sin límites, sino aquel que actúa dentro de ellos.
La resolución de la Corte no cierra el debate. Por el contrario, lo abre y lo vuelve urgente. Existe una responsabilidad clara para el Poder Legislativo y las autoridades regulatorias: definir con precisión los alcances de esta facultad, establecer controles efectivos y evitar cualquier margen de discrecionalidad que pueda derivar en abusos.
Se requiere establecer criterios objetivos sobre qué constituye “indicios suficientes”, fijar plazos claros para la duración de las medidas, garantizar la revisión judicial oportuna y asegurar que las personas afectadas cuenten con mecanismos reales de defensa. Sin estos elementos, el riesgo es estructural.
También es indispensable fortalecer la coordinación institucional para evitar decisiones aisladas que generen efectos desproporcionados. La legalidad no puede depender de interpretaciones discrecionales; debe sustentarse en marcos claros que generen confianza. México necesita instituciones que combatan la ilegalidad con firmeza, pero también con
legalidad. Necesita certeza para crecer, para atraer inversión y para consolidar su posición en el entorno global.
Porque al final, la certeza jurídica es su punto de partida. Y sin ella, cualquier oportunidad se vuelve frágil.
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