La proliferación del comercio informal en corredores turísticos, comerciales y vialidades de Tijuana reaviva el reclamo empresarial por la ocupación del espacio público, la competencia desigual y la falta de una política municipal de ordenamiento. El desafío para el Ayuntamiento es conciliar el derecho al trabajo con el cumplimiento de la ley y la recuperación de los espacios públicos.
Tijuana, Baja California, 8 de octubre de 2026. — La expansión del comercio ambulante en distintos puntos de Tijuana ha colocado nuevamente sobre la mesa una discusión que va más allá de la presencia de vendedores en las banquetas: la desigualdad de condiciones para competir, la capacidad de las autoridades municipales para regular las actividades económicas y el deterioro del espacio público en una de las ciudades fronterizas de mayor dinamismo comercial del país.
La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO) de Tijuana, presidida por Olivaldo Paz Gómez, exigió al XXV Ayuntamiento implementar una política integral y permanente de ordenamiento del comercio informal, al considerar que la proliferación de puestos ambulantes está generando afectaciones a la movilidad peatonal, la limpieza, la seguridad y las actividades del comercio establecido.
El posicionamiento surge después de que Empresarios Turísticos Asociados, A.C. (ABACAT) solicitara la intervención de la Dirección de Inspección y Verificación Municipal, encabezada por Adriana Barrera, ante la concentración de comerciantes ambulantes en la Zona Norte, particularmente sobre la avenida Miguel Negrete y la calle Arias Bernal, en sus cruces con las calles Coahuila y Baja California.
CANACO informó que también presentó una solicitud formal ante la autoridad municipal, recibida por la Secretaría de Gobierno, para demandar medidas que trasciendan los operativos aislados.
El costo de cumplir la ley frente a la informalidad
Uno de los principales argumentos del organismo empresarial es la disparidad de obligaciones entre los negocios formalmente establecidos y quienes realizan actividades comerciales en la vía pública.
Mientras los primeros deben asumir gastos por arrendamiento, impuestos, licencias, permisos, obligaciones laborales, seguridad social, protección civil y manejo de residuos, las condiciones regulatorias y los costos de operación del comercio ambulante pueden ser considerablemente distintos.
Esta diferencia, advierte el sector empresarial, puede traducirse en una desventaja competitiva para los establecimientos que cumplen con las disposiciones legales.
El presidente de CANACO sintetizó el reclamo:
“No estamos en contra de las personas que trabajan para llevar sustento a sus familias. Estamos en contra de que existan dos reglas distintas para realizar una misma actividad económica”.
Sin embargo, el debate también exige distinguir entre el comercio ambulante autorizado, las actividades que operan sin permisos y la informalidad laboral o fiscal. No son categorías equivalentes y requieren respuestas institucionales diferentes.
La ocupación comercial de la vía pública no implica necesariamente una actividad ilegal.
El problema aparece cuando se incumplen las disposiciones aplicables, se obstruye el libre tránsito o se toleran condiciones que vulneran derechos de terceros.
De la Zona Norte a los principales corredores comerciales
El reclamo empresarial no se limita a un sector de la ciudad.
De acuerdo con CANACO, la presencia creciente de vendedores informales también se observa en Zona Río, el crucero de la 5 y 10, los bulevares Lázaro Cárdenas, Díaz Ordaz, Salinas y Agua Caliente, así como en los alrededores de la garita internacional y colonias como Cacho, Gabilondo y Calete.
Se trata de zonas con características distintas, pero que comparten una elevada actividad comercial, tránsito vehicular y circulación peatonal.
En estos espacios, la ocupación irregular de banquetas y áreas comunes puede afectar no solamente a los establecimientos mercantiles, sino también a personas adultas mayores, personas con discapacidad y peatones que requieren infraestructura accesible y segura.
La problemática adquiere especial relevancia en una ciudad fronteriza cuya economía depende, en parte, del intercambio comercial, los servicios y el turismo binacional.
Para los establecimientos que operan legalmente, el deterioro de la imagen urbana, la acumulación de residuos y la falta de control sobre el uso de espacios públicos representan factores que pueden afectar la experiencia de los consumidores y las condiciones del entorno comercial.
La informalidad: un fenómeno que persiste pese a la mejoría de los indicadores
El reclamo de CANACO ocurre en un contexto económico que presenta una aparente contradicción.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI, durante el segundo trimestre de 2026 Baja California registró una tasa de informalidad laboral de 36.2%, inferior al 38.4% del mismo periodo de 2025.
Esto equivale a aproximadamente 651 mil personas ocupadas en condiciones de informalidad en la entidad, una reducción estimada de más de 20 mil trabajadores respecto al año anterior. 
No obstante, la reducción estatal de la informalidad laboral no necesariamente significa que haya disminuido la presencia de vendedores ambulantes en las principales vialidades de Tijuana.
La medición del INEGI comprende distintas modalidades de ocupación informal y no constituye un censo de puestos ambulantes ni de permisos municipales.
Por ello, la percepción de crecimiento del comercio callejero expresada por CANACO requiere contrastarse con información oficial sobre permisos expedidos, establecimientos inspeccionados, sanciones y ocupación del espacio público.
Ordenamiento, no solamente operativos
Para el organismo empresarial, el problema no se resolverá mediante inspecciones esporádicas o acciones que únicamente trasladen a los comerciantes de una vialidad a otra.
CANACO propone establecer mecanismos permanentes de regulación y facilitar la incorporación de comerciantes a la economía formal mediante la simplificación administrativa y la reducción de obstáculos para obtener permisos y cumplir obligaciones.
“La formalidad debe facilitarse, no castigarse”, sostuvo Olivaldo Paz.
El planteamiento abre otra discusión: hasta qué punto la complejidad de los trámites, los costos de operación y las limitadas alternativas económicas contribuyen a mantener actividades comerciales fuera de los esquemas formales.
Una estrategia de ordenamiento tendría que considerar tanto las obligaciones de quienes ocupan la vía pública como la necesidad de ofrecer alternativas viables de regularización, sin afectar injustificadamente el sustento de las familias.
El Ayuntamiento, ante la exigencia de resultados
El señalamiento empresarial coloca a la administración municipal frente a preguntas concretas: ¿cuántos comerciantes ambulantes cuentan con autorización vigente?, ¿cuántos operan sin permiso?, ¿qué criterios se utilizan para asignar espacios públicos? y ¿qué mecanismos existen para evitar la ocupación irregular de banquetas y vialidades?
También resulta necesario conocer cuántas inspecciones se han realizado, qué sanciones se han impuesto y cuáles son los resultados verificables de las acciones municipales.
Hasta ahora, el comunicado de CANACO no aporta un padrón actualizado ni cifras sobre el crecimiento de vendedores ambulantes. Tampoco incorpora una respuesta del Ayuntamiento a las solicitudes presentadas.
La Cámara manifestó su disposición para participar en mesas de trabajo con las autoridades y los sectores involucrados.
El fondo del conflicto no es únicamente la competencia entre comerciantes formales e informales, sino la capacidad del gobierno municipal para administrar el espacio público con criterios transparentes, garantizar condiciones de competencia equitativas y proteger el derecho de los ciudadanos a transitar por calles y banquetas seguras.
La exigencia de piso parejo plantea, finalmente, una prueba para el gobierno de Tijuana: demostrar que el ordenamiento comercial puede pasar de los operativos ocasionales a una política pública permanente, con reglas claras, indicadores verificables y resultados visibles para comerciantes y ciudadanos. Nw
Comunicado CANACO Tijuana
