El escenario geopolítico actual marca un punto de inflexión para México. La administración del presidente Donald Trump, bajo la agenda Make America Great Again (MAGA), junto con la política exterior delineada por el secretario de Estado, Marco Rubio, ha redefinido las prioridades de Estados Unidos hacia América Latina.
El objetivo explícito es contrarrestar la influencia de Rusia, Cuba y China en el hemisferio, así como revertir el avance de gobiernos de izquierda que, desde la perspectiva de Washington, han desestabilizado la región. En este contexto, Morena y la presidencia de Claudia Sheinbaum enfrentan un entorno internacional adverso. Si bien hoy concentran la totalidad del poder institucional en México, su posición estratégica se asemeja a la de un Titanic con daños estructurales en su línea de flotación.
La administración estadounidense ha identificado a México como un punto crítico para su seguridad nacional, derivado de la expansión del crimen organizado durante los últimos años.
Como ha sido ampliamente documentado por organismos internacionales, centros de análisis y la propia inteligencia estadounidense, una de las consecuencias más severas del periodo 2018-2024 fue el fortalecimiento de los cárteles del narcotráfico. Bajo la doctrina de “abrazos, no balazos”, estas organizaciones criminales ampliaron su control territorial a niveles sin precedente. Informes del Congreso de Estados Unidos estiman que más del 35% del territorio nacional presenta presencia significativa del crimen organizado, con capacidad de influir en la gobernabilidad local.Dicha influencia se extendió al ámbito electoral, con injerencia documentada en comicios locales, estatales y federales desde 2021. Incluso, diversas investigaciones periodísticas y legislativas en Estados Unidos han señalado intentos de estas organizaciones por incidir en procesos políticos más allá de las fronteras mexicanas, coincidiendo con el ciclo electoral en el que resultó electo el presidente Trump.
El plan estratégico diseñado por Trump y Rubio, que cuenta con respaldo bipartidista en comités clave del Congreso estadounidense, tiene como eje central desmantelar la relación funcional entre estructuras del crimen organizado y actores políticos vinculados a Morena.La operación iniciada con Rocha Moya y su círculo cercano constituye el primer eslabón de una cadena de acciones legales y diplomáticas. Fuentes diplomáticas han dejado entrever que las investigaciones en curso abarcan a exfuncionarios federales, gobernadores en funciones y figuras centrales de la administración anterior, incluido el propio López Obrador.
Un componente medular de esta estrategia es garantizar condiciones de competencia electoral para las elecciones intermedias de 2027.
El objetivo declarado es asegurar comicios libres de financiamiento ilícito y de candidaturas con vínculos comprobados al crimen organizado.
Para ello, se contempla el uso de mecanismos de cooperación judicial, intercambio de inteligencia financiera y sanciones bajo la Ley Magnitsky Global. La visión de largo plazo apunta hacia 2030, año en el que Washington buscaría favorecer la llegada de un perfil afín a sus intereses estratégicos. Más allá de la filiación partidista, el elemento determinante es la exclusión de Morena de la contienda presidencial. En ese escenario, nombres provenientes del sector empresarial han cobrado relevancia en análisis de prospectiva política, destacando figuras como Ricardo Salinas Pliego por su perfil opositor y su presencia en el debate público.
Desde esta perspectiva, la reconfiguración del orden geopolítico global y la reactivación de la Doctrina Monroe en su versión contemporánea facilitarán que México transite hacia un nuevo ciclo político.
Durante las administraciones de Barack Obama y Joseph Biden, la política exterior estadounidense hacia América Latina se caracterizó por un enfoque de tolerancia estratégica hacia gobiernos de izquierda. Dicha permisividad permitió que potencias extracontinentales como China, Rusia e Irán, junto con Cuba, ampliaran su presencia económica, diplomática y de seguridad en la región.
El resultado fue el establecimiento de regímenes con déficits democráticos en Venezuela, Nicaragua y Bolivia, así como periodos de alta tensión institucional en Brasil y Colombia. Actualmente, estos dos últimos países atraviesan procesos de realineamiento con Washington, evidenciados en acuerdos de cooperación en seguridad y comercio.
En el caso mexicano, es pertinente señalar que desde 2006 diversas agencias estadounidenses contaban con expedientes sobre irregularidades atribuidas a López Obrador y su movimiento político. Sin embargo, las administraciones demócratas optaron por una política de contención diplomática y no confrontación. Esta decisión, sumada a la política de seguridad interna implementada entre 2018 y 2024, derivó en que México, con la expansión transnacional de sus organizaciones criminales, fuera catalogado como un riesgo de primer orden para la seguridad nacional de Estados Unidos. El tráfico de fentanilo, la crisis migratoria y el lavado de dinero son los tres ejes que sustentan dicha clasificación en los informes anuales del Departamento de Estado.
Ante este diagnóstico, lo previsible en el corto y mediano plazo es un cambio de rumbo en la relación bilateral.
Los escenarios proyectan cuatro ejes: primero, el debilitamiento progresivo y la eventual desarticulación operativa de Morena como fuerza hegemónica; segundo, el restablecimiento del Estado de derecho mediante el fortalecimiento del Poder Judicial y de los órganos autónomos; tercero, la restitución de garantías para la propiedad privada y la certeza jurídica; y cuarto, la recuperación de los contrapesos institucionales inherentes a un sistema democrático funcional.
La materialización de estos ejes generaría un clima propicio para la inversión nacional y extranjera. Sectores estratégicos como energía, infraestructura, manufactura avanzada y tecnología requieren certidumbre legal para detonar proyectos de largo plazo. A su vez, la recuperación institucional tendría impactos directos en el financiamiento y la calidad de servicios públicos esenciales como educación, salud y seguridad ciudadana. Aunque el deterioro institucional y la captura de espacios por parte del crimen organizado han sido profundos, la aceleración histórica que imponen la era digital, la inteligencia artificial y la globalización permite que los procesos de transformación política y económica ocurran en ciclos más cortos que en el siglo XX.
México se encuentra ante una coyuntura crítica. La presión externa, combinada con factores internos de desgaste, abre la posibilidad de retomar la senda de la institucionalidad y la prosperidad. El realineamiento geopolítico del continente no es una hipótesis, sino una política en ejecución. Hay, en efecto, luz al final del túnel para el país. Enhorabuena. Nw
