La propuesta del Gobierno del Estado de Aguascalientes para incrementar el Impuesto Sobre Nóminas (ISN) del 2.5% al 3% en 2027 ha generado rechazo entre los principales organismos empresariales de la entidad, que advierten mayores costos de operación, posibles afectaciones al empleo formal y ajustes en los precios de productos y servicios.
El incremento está contemplado en el Paquete Económico 2027, presentado por el Ejecutivo estatal al Congreso de Aguascalientes. Aunque representa un aumento de 0.5 puntos porcentuales, equivale a 20% más sobre la tasa actual del impuesto que pagan los empleadores por las remuneraciones a sus trabajadores.
La propuesta forma parte de la intención del Gobierno estatal de homologar este gravamen con la media nacional y todavía debe ser analizada por el Poder Legislativo.
Juan Carlos Soledad Pérez, representante de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) en Aguascalientes, pidió reconsiderar la iniciativa ante el bajo crecimiento económico y la disminución de registros patronales.
“Creemos que no hay condiciones en México ni en Aguascalientes para un incremento de tal magnitud, debido a que no ha habido crecimiento económico, se han venido disminuyendo los registros patronales y porque próximamente comienza la reducción de la jornada laboral, lo que genera condiciones complicadas”, expresó.
Además, señaló que las empresas enfrentarán nuevas obligaciones laborales durante 2027, por lo que aumentar sus cargas fiscales podría complicar la contratación de trabajadores y generar mayores presiones sobre el empleo formal.
Por su parte, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO SERVYTUR) de Aguascalientes también manifestó su oposición a la propuesta.
Su presidenta, Maricela Acosta Herrera, adelantó que buscarán reunirse con legisladores locales para solicitar que se reconsidere el ajuste, tomando en cuenta los gastos adicionales que deberán asumir los establecimientos comerciales.
“No es el momento adecuado para hacer el incremento porque estamos siendo objeto de muchos gastos que no teníamos contemplados, por ejemplo, la reducción de la jornada laboral, que va a obligar al patrón a contratar más empleados. Desde mi punto de vista lo mejor sería que no se aumentara”, sostuvo.
En el sector restaurantero, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) en Aguascalientes, Francisco Javier Belausteguigoitia Basso, reconoció que algunos establecimientos podrían anticipar ajustes en sus precios antes de que concluya 2026.
Explicó que cada restaurante deberá evaluar sus costos y decidir si modifica los precios de sus menús durante los próximos meses, en lugar de esperar al inicio del siguiente año.
“Provoca que tengamos que ajustar procesos en nuestros menús y un análisis de precios para ver cómo no afectar a nuestros clientes; sin embargo, si alguien decide subir sus precios ahorita, en enero no lo hará pese a la inflación, pero será una decisión de cada establecimiento”, advirtió.
Ante el rechazo empresarial, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (SEDECYT), Esaú Garza de Vega, planteó establecer un mecanismo de diálogo entre representantes del sector privado, dependencias estatales y legisladores.
El funcionario propuso que las secretarías de Finanzas, Planeación y Economía participen en las reuniones para revisar los planteamientos de las cámaras antes de que se tome una decisión sobre el ajuste fiscal.
“Llevaremos a cabo mesas de trabajo con los integrantes de diversas cámaras para conocer sus perspectivas, analizar su percepción y que esté Finanzas, Planeación y Economía, e incluso que se sumen diputados para tener su intromisión directa y sobre de ello tomar decisiones”, señaló.
