El 24 de abril de 2007, 10 trabajadores que remodelaban el antro “Maverick”, al norte de la ciudad de Aguascalientes, fueron privados de su libertad por un comando armado. A 19 años del suceso, no existen detenciones ni rastro del paradero de las víctimas, pese a las labores de búsqueda de sus familiares.
Francisco Javier Espinosa, padre de una de las víctimas y activista, informó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han emitido pronunciamientos para exigir avances en el caso.
La CIDH, que mantiene el caso bajo su jurisdicción desde hace más de una década, estableció un procedimiento de solución amistosa. Sin embargo, según Espinosa, las autoridades locales y federales no han cumplido con los términos acordados.
“Ese procedimiento de solución amistosa implica una disculpa pública, reparación, una serie de medidas de atención, cosa que aún no se ha dado. Se tuvo que haber dado respuesta, pero aún no se ha dado, sin embargo, seguimos en eso” precisó.
Por su parte, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias (WGEID) de la ONU confirmó el pasado 2 de marzo la atracción del Caso Maverick. Con ello, el organismo solicita al Estado mexicano adoptar medidas inmediatas para la búsqueda, localización e investigación de los hechos.
“Al no haber respuesta del estado, buscamos otras alternativas. Estas alternativas no atraen los casos tan fácil, lo hacen cuando en verdad es necesario, entonces eso ha encendido el foco en Aguascalientes” declaró.
Con esta intervención de organismos internacionales, el padre de “Javis” espera que el caso se resuelva y se invite a las familias de las víctimas a participar activamente en la atención de esta problemática, así como en la elaboración de políticas públicas para su combate y prevención.
