El caso de cuatro jóvenes que fueron interceptados en Aguascalientes cuando se dirigían a Tamaulipas para, presuntamente, ser reclutados por el crimen organizado, no derivó en una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes (CDHEA), informó el diputado Omar Valdés, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local.
El pasado 21 de septiembre, elementos de seguridad interceptaron un autobús en Aguascalientes y resguardaron a cuatro jóvenes: tres originarios de Pinos, Zacatecas, y uno de Aguascalientes. De acuerdo con los primeros reportes, habrían sido contactados mediante ofertas laborales con salarios de hasta 15 mil pesos mensuales para trasladarse a Tamaulipas.
Sin embargo, la Fiscalía General del Estado señaló que los jóvenes viajaban por voluntad propia y descartó que fueran víctimas de reclutamiento forzado. Las autoridades investigan además el posible vínculo del conductor del autobús con los hechos.
En ese sentido, el diputado local señaló que, pese a que el caso fue conocido públicamente, la CDHEA no recibió una queja relacionada con los jóvenes.
“No hay queja. No ha venido, no hay; entonces eso nos limita mucho los procesos”, indicó.
Sobre la posibilidad de que la falta de empleo esté relacionada con este tipo de casos, el diputado rechazó que esa sea la explicación principal y sostuvo que Aguascalientes mantiene oportunidades laborales.
“Yo creo que sí hay trabajo. O sea, sí hay oportunidades”, afirmó.
Buscan que CDHEA pueda intervenir sin queja formal
Ante esta situación, el legislador adelantó que buscará impulsar una reforma para que la Comisión pueda intervenir directamente cuando tenga conocimiento de una posible violación a los derechos humanos, aun cuando no exista una denuncia formal.
“Con que una persona sepa o con que yo, por ejemplo, se los comunique o ustedes se lo comuniquen, ellos ya tienen la autorización o el respaldo legal para poder intervenir y poder darle seguimiento a ese tipo de procesos”, señaló.
El planteamiento busca que información difundida públicamente, incluso a través de medios de comunicación, pueda ser suficiente para que la CDHEA inicie una intervención y dé seguimiento a un posible caso de vulneración de derechos.
