Hay una frontera que toda democracia debe resguardar con particular celo: aquella que separa la expresión legítima de la voluntad popular de la instrumentalización política de la multitud.
El análisis no pretende atribuir una intención específica a ningún actor ni reconstruir un episodio particular, sino advertir sobre un patrón institucional: el riesgo de que la exposición pública del adversario y la posterior intervención de la autoridad superior produzcan incentivos contrarios al pluralismo, al federalismo y a la deliberación democrática.
Que la ciudadanía abuchee, critique o rechace a un gobernante forma parte de las libertades inherentes a la vida democrática. Sin embargo, cuando la humillación pública del adversario se convierte en una escena recurrente del ejercicio del poder, conviene preguntarse qué ocurre detrás de la emoción colectiva. No para atribuir, sin pruebas, una estrategia deliberada o una consigna partidista, sino para examinar las responsabilidades institucionales que esa dinámica genera.
La escena puede parecer simple: una multitud grita “¡fuera!”, insulta o rechaza a un gobernante; la Presidenta de la República interviene, llama al respeto y restablece el control del acto. Aunque el episodio parece concluir satisfactoriamente, en términos políticos ocurre algo más profundo: un gobernante legítimo desde el punto de vista constitucional queda expuesto como una autoridad vulnerable, mientras la autoridad nacional aparece como quien contiene la tensión, reconduce el conflicto y restablece el orden.
Desde la ética de la responsabilidad formulada por Max Weber, el político no responde únicamente por sus intenciones, sino también por las consecuencias previsibles de sus actos. En política es necesario preguntarse: ¿qué hice para impedir que la hostilidad escalara?, ¿qué permití con mi pasividad?, ¿qué legitimé con mi actitud? La responsabilidad pública comienza mucho antes de que aparezca la violencia.
El poder puede descubrir que la confrontación con el adversario moviliza a los propios, fortalece la cohesión interna y refuerza el liderazgo. El problema surge cuando la rentabilidad política empieza a competir con la responsabilidad republicana.
La teoría de la elección pública introduce una advertencia adicional: las instituciones también moldean la conducta mediante incentivos. Si la descalificación del adversario cohesiona políticamente a un grupo y, después, la máxima autoridad aparece como mediadora y restauradora del orden, puede surgir un incentivo perverso: tolerar una crisis que deja de ser sólo un costo político y comienza a rendir beneficios de legitimidad.
Desde la perspectiva de Jürgen Habermas, la democracia no consiste únicamente en votar; depende también de que la voluntad colectiva pueda formarse mediante una comunicación pública libre de distorsiones. Cuando la emoción sustituye al argumento y la multitud se transforma en tribunal político, el espacio deliberativo se empobrece. El adversario deja de ser alguien con quien se discrepa para convertirse en alguien a quien se pretende expulsar colectivamente. Ese es un proceso particularmente peligroso.
La ética cívica de Adela Cortina destaca que una democracia saludable requiere reconocimiento del “Otro”, confianza, reciprocidad y responsabilidad. Desde esa perspectiva, la dignidad del adversario no desaparece porque haya perdido popularidad ni porque pertenezca a una fuerza política distinta. El ciudadano tiene derecho a rechazar a un gobernante; lo que no debería ocurrir es que el poder transforme ese rechazo en una pedagogía de la humillación.
La multitud posee una característica que las instituciones no pueden ignorar: diluye parcialmente la responsabilidad individual. Cada persona puede pensar que “solamente gritó”, pero miles de personas gritando generan una presión que ningún individuo sería capaz de producir por sí solo. La emoción puede contagiarse, los mecanismos de inhibición pueden debilitarse y las conductas pueden escalar del rechazo y el abucheo al insulto, la intimidación o la agresión.
Por ello, el asunto adquiere una dimensión constitucional. Quien gobierna una entidad federativa no es un subordinado político de la Presidenta de la República. Su legitimidad emana de la Constitución y, democráticamente, de los ciudadanos que lo eligieron. El federalismo supone coordinación entre órdenes de gobierno, no subordinación personal de unos frente a otros.
Si la escena política produce de manera sistemática la imagen contraria, el pueblo reprende, quien gobierna, aparece sometido y la Presidenta emerge como la única autoridad capaz de rescatarlo, comienza a construirse una pedagogía política de la subordinación. Ese es el verdadero riesgo.
Una democracia constitucional no puede convertir la indignación de la masa en un instrumento de subordinación política, tampoco obtener legitimidad de la crisis que después administra. El liderazgo democrático no consiste en dominar a la multitud, sino, precisamente, en impedir que la multitud domine a las instituciones. Una multitud que hoy humilla verbalmente al adversario puede mañana sentirse autorizada para agredirlo. Y cuando el poder aprende a convivir con esa frontera, quizá todavía conserve el control de la escena, pero ya habrá comenzado a perder algo mucho más importante: el control republicano de la democracia.
