Ejidatarios de la comunidad de Santa María de Gallardo, al norte del municipio de Aguascalientes, denunciaron la presunta extracción irregular de material pétreo del Bordo El Gigante, actividad que, aseguran, ha sido realizada durante décadas por un particular sin contar con la autorización de la asamblea ejidal y sin que se les haya acreditado el cumplimiento de los permisos ambientales correspondientes.
El Frente de Lucha Campesina -quien acompaña este caso- aseguró que, al tratarse de un terreno ejidal, cualquier aprovechamiento de sus recursos debió ser sometido previamente a consideración de la asamblea. Asimismo, afirmó que los pobladores desconocen si el particular cuenta con la autorización de impacto ambiental emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) o con el permiso de extracción de material pétreo que corresponde otorgar a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).
“Se está violando la autonomía del ejido; el ejido es un ente autónomo, con personalidad jurídica propia, inalienable, imprescriptible e inembargable. En el supuesto de que sí tenga autorización, pedimos una explicación respecto a las facultades para el otorgamiento de ese permiso, al tratarse de un espacio ejidal” acusaron.
Los ejidatarios sostienen que la extracción de materiales como arena, grava y tepetate ha provocado un deterioro ambiental en la zona. Aseguran que la actividad ha ocasionado la caída de árboles característicos del lugar, como sauces y mezquites, además de alterar el equilibrio del ecosistema del bordo.
Además, las obras para la extracción han destruido parte del drenaje de la zona, lo que ha provocado un vertedero de aguas negras que ya se reportó ante el Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes (MIAA), pero que aseguran, debe ser pagado por el particular que las destruyó.
Los ejidatarios también denunciaron que el particular presentó una denuncia penal por los presuntos delitos de despojo y extorsión en contra de tres ejidatarios ante la Fiscalía General del Estado (FGE), lo que derivó en la imposición de una órden de restricción que les impiden acercarse al particular.
Ante ello, anunciaron que solicitarán un informe a la Fiscalía para conocer los fundamentos jurídicos de la investigación, al considerar que los hechos denunciados corresponden a un conflicto de naturaleza agraria y, en su caso, de competencia federal, por lo que estiman que deberían ser atendidos por la Fiscalía General de la República (FGR) o por el Tribunal Unitario Agrario, y no por la autoridad estatal.
“No vamos a permitir que se continúe con este ecocidio, no lo vamos a permitir. Nuestra lucha es pacífica totalmente, es una denuncia social, irá creciendo gradualmente y agotaremos todos los recursos legales disponibles” sentenció.
Asimismo, informaron que elaborarán un oficio dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum, así como a las personas titulares de la SEMARNAT y la CONAGUA, con el propósito de exponer los hechos y solicitar la intervención de las autoridades federales.
No obstante, el delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) en Aguascalientes, Vicente Díaz Núñez, aseguró que la dependencia ya tuvo conocimiento del caso luego de recibir, hace un par de meses, a la comisariada ejidal de Santa María de Gallardo. Tras revisar la documentación y la naturaleza jurídica del predio, afirmó que el sitio donde se realiza la extracción no corresponde a un terreno ejidal, sino a un bien de competencia federal.
“Ellos argumentan que es un terreno ejidal, pero no, es un bordo de competencia federal. Quizás en su momento pudo ser considerado así, pero desde el momento en que ellos deciden donarlo para la construcción de un bordo captador de agua, pasa a terreno federal, entonces el permiso del aprovechamiento corresponde a SEMARNAT y CONAGUA. Efectivamente, el terreno y el propietario cuentan con los permisos, nosotros mismos los revisamos” informó.
Tras la revisión, el delegado señaló que la PROFEPA informó a los ejidatarios sobre los resultados de la inspección y dio por concluido el asunto, al no encontrar elementos que acreditaran alguna irregularidad en el aprovechamiento del material pétreo por parte del particular.
En cuanto a los señalamientos por presuntas afectaciones ambientales, Díaz Núñez indicó que hasta el momento la dependencia no ha recibido una denuncia formal por ese motivo. No obstante, explicó que, a raíz de reportes difundidos en redes sociales, durante abril personal de la PROFEPA realizó visitas de inspección al sitio, donde concluyó que “no hay evidencias de ecocidio en el vaso de captación”.
