Luego de que la gobernadora Tere Jiménez reiterara que Aguascalientes es un estado provida y que el Congreso local anunciara un posible acercamiento con la Suprema Corte de Justicia para mantener el límite de seis semanas de gestación para la interrupción legal del embarazo, organizaciones civiles se posicionaron al respecto.
Ángelica Contreras, representante de la asociación Cultivando Género, señaló que el discurso oficial a favor de la vida resulta contradictorio frente a contextos de violencia.
“Yo soy una persona que está a favor de la vida, pero sí me preocupa cuáles son las vidas que le interesan al Estado, porque en Aguascalientes han incrementado las violencias”, afirmó.
La activista aseguró que, de acuerdo con datos del Observatorio de Violencia Social y de Género, en lo que va de 2025 se han registrado 13 feminicidios, aunque solo cuatro han sido oficialmente reconocidos, además de señalar omisiones en la atención a embarazos adolescentes y la falta de aplicación de protocolos como la NOM-046.
“Hablan de que sí les interesa la vida, pero en la práctica realmente no es un estado que esté a favor de las vidas”, sostuvo.
Contreras también aclaró que el proyecto que analiza la Suprema Corte únicamente se limita exclusivamente a la reducción de 12 a 6 semanas, y no a una despenalización total, como se ha difundido desde sectores conservadores.
“El proyecto es muy preciso, se habla únicamente de la reducción de las 12 a las 6 semanas, y eso es lo que la Corte va a analizar”, explicó.
Por último, advirtió que restringir el aborto sin garantizar educación sexual, prevención y servicios de salud solo profundiza el control sobre los cuerpos de las mujeres.
“No quieren que las mujeres decidan, pero tampoco les dan educación sexual ni prevención”, cuestionó.
