Con 19 votos a favor, el Congreso del Estado aprobó la reforma al artículo 27 B de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, modificando los requisitos para ocupar la titularidad del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes.
El cambio central está en el párrafo V, donde se redujo de cuatro a un año el tiempo que deben esperar ciertos funcionarios y dirigentes partidistas para poder aspirar al cargo.
Así queda el artículo 27 B, párrafo V:
“V. No haber tenido cargo de Secretario o su equivalente en el Poder Ejecutivo del Estado, Fiscal General del Estado, Contralor del Estado o de Municipio, Presidente Municipal, Senador, Diputado Federal o local, Síndico o Regidor de algún Ayuntamiento o dirigente de Partido Político durante el año previo al de su designación”.
La única modificación fue sustituir “cuatro años” por “el año previo”, lo que reduce el candado constitucional.
En la exposición de motivos, el documento argumenta que el plazo anterior resultaba excesivo y desproporcionado.
Textualmente, la iniciativa señala que “establecer como requisito que una persona no haya ocupado determinados cargos durante los cuatro años previos a su designación como Auditor Superior de Fiscalización constituye una limitante excesiva que, si bien busca preservar la independencia del órgano fiscalizador, puede generar efectos contraproducentes al restringir de manera desproporcionada el acceso a perfiles altamente calificados y con experiencia reciente y relevante en la administración pública”.
Es decir, el argumento central es que cuatro años era un plazo demasiado amplio frente a la dinámica actual del trabajo legislativo y administrativo.
Con esta reforma, secretarios de Estado, contralores, legisladores, alcaldes o dirigentes partidistas podrán aspirar al OSFAGS tras un año de separación; bastará con pedir licencia o renunciar y cumplir ese plazo.
Al respecto, la presidenta de la Jucopo, Alma Hilda Medina Macías, defendió la medida, señalando que el plazo anterior era excesivo.
“Consideramos que cuatro años es mucho porque el tema de las actualizaciones en cuanto a las leyes, en cuanto al trabajo, creemos que es mucho ese tiempo; platicamos y creemos que puede ser viable”, justificó.
Uno de los nombres que ha entrado en la conversación pública es el de Juan Pablo Diosdado, actual titular de la Contraloría del Estado.
Fue nombrado el 1 de octubre de 2022 y su periodo está ligado al mandato de la gobernadora, que concluye el 30 de septiembre de 2027. Es decir, aún le quedarían aproximadamente un año y siete meses si concluye el sexenio.
Con la reforma aprobada, un perfil como el suyo podría pedir licencia o renunciar y, tras cumplir un año de separación, postularse a la titularidad del OSFAGS.
