Desarrolladores inmobiliarios han expresado su preocupación por las nuevas disposiciones establecidas en la Ley General de Aguas, la cual limita la expedición de nuevos permisos de extracción en zonas con estrés hídrico, confirmó el director del Instituto del Agua del Estado (INAGUA), Noel Mata Atilano.
El acuífero 0101, que abastece a la zona metropolitana de la entidad, se encuentra bajo decreto de veda desde el año 1962. Bajo el actual marco normativo, la explotación de este recurso debe restringirse para asegurar su sustentabilidad, lo que incide en la planificación de nuevos desarrollos habitacionales.
“En esta nueva ley, se menciona que los acuíferos que están en riesgo de sobreexplotación, como es el nuestro, ya no se dará mayor cobertura de agua. Entonces, quienes tienen reserva para el desarrollo de vivienda, les preocupa si tendrán el derecho de construir nuevas redes para nuevas viviendas” externó.
Ante este escenario, y dado que el valor de la tierra está vinculado a la disponibilidad de servicios básicos, el INAGUA informó que mantiene una mesa de trabajo con los organismos operadores de la capital, Jesús María y San Francisco de los Romo, con el objetivo es mediar y garantizar el suministro para futuros desarrollos sin comprometer la integridad del acuífero.
“En el caso de la zona metropolitana, estamos buscando junto con los organismos operadores de agua (MIAA, CAPAS, ORGOA) que, de manera responsable y ordenada, cuenten con derechos para que se los puedan asignar a los nuevos desarrollos de vivienda” confirmó.
Esta ley, en vigor desde diciembre de 2025, ha recibido críticas por parte de trabajadores del campo, autoridades municipales y hasta constructores, quienes señalan afectaciones por las disposiciones que priorizan el uso ambiental y doméstico, mientras se establecen medidas estrictas contra lo que la norma define como acaparamiento del recurso.
