El Congreso de Aguascalientes aprobó una serie de reformas en materia de justicia, protección a grupos vulnerables, derechos laborales, transparencia y combate a la corrupción durante la Décima Quinta Sesión Ordinaria de la LXVI Legislatura.
Entre los cambios avalados destaca el endurecimiento de sanciones para los delitos de homicidio doloso y lesiones calificadas cuando las víctimas sean menores de 16 años, personas mayores de 60 años o personas con discapacidad. Además, las reformas incorporan expresamente a las personas con discapacidad dentro de los grupos protegidos por estas disposiciones.
Las y los legisladores también aprobaron modificaciones a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para prohibir de manera expresa los castigos corporales, físicos o humillantes en cualquier ámbito donde se desarrollen los menores de edad.
En materia de transparencia, se estableció la obligación de que el Órgano Superior de Fiscalización publique en formatos abiertos y accesibles los informes de resultados, informes especiales e informes mensuales relacionados con la revisión del gasto público.
Otro de los puntos aprobados fue la posibilidad de que personas servidoras públicas y pensionadas puedan acceder a créditos hipotecarios mancomunados junto con sus cónyuges, siempre que ambos sean derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes (ISSSSPEA).
Asimismo, el Congreso avaló reformas para ampliar derechos parentales y laborales. Entre ellas destaca la posibilidad de extender hasta cuatro semanas la licencia de maternidad cuando el recién nacido sea prematuro o presente condiciones de salud que requieran atención especializada.
En materia de combate a la corrupción, las y los diputados aprobaron la creación del delito de “Ejercicio Abusivo de Funciones”, que sancionará a servidores públicos que utilicen su cargo para obtener beneficios económicos indebidos para sí mismos, familiares o terceros relacionados.
De acuerdo con el dictamen aprobado, las sanciones por esta conducta podrán ir desde tres meses hasta doce años de prisión, dependiendo del monto involucrado en las operaciones realizadas.
Con estas reformas, el Congreso estatal realizó ajustes en distintos ordenamientos legales relacionados con justicia penal, protección de la niñez, seguridad social, transparencia gubernamental y responsabilidades de los servidores públicos.
