La diputada local Alejandra Peña Curiel defendió que la nueva Ley de Protección, Inclusión y Atención a la Neurodiversidad del Estado de Aguascalientes sí fue construida con la participación de personas neurodivergentes y especialistas, luego de que en 2021 la Suprema Corte invalidara disposiciones estatales por falta de consulta a grupos vulnerables.
La legisladora explicó que la iniciativa, presentada junto con la diputada Mirna Medina Ruvalcaba, busca transformar la manera en que las instituciones atienden a las personas neurodivergentes, dejando atrás enfoques centrados únicamente en la discapacidad.
“Es un cambio de paradigma obligatorio. Obliga a las instituciones del Estado a transitar del viejo modelo médico patologizante, es decir, que los trataba como una discapacidad, hacia un modelo social de derechos humanos que reconoce al autismo, el TDAH, la dislexia, la dispraxia, el síndrome de Tourette, entre otros”, señaló.
Respecto a las dudas sobre posibles omisiones en los procesos de consulta, la diputada aseguró que se actuó con cautela para evitar errores similares a los que en el pasado derivaron en acciones de inconstitucionalidad.
“Nosotros sí fuimos muy cuidadosos en presentar y documentar los foros de consulta porque entendemos la importancia de la materia. Lo que queremos es visibilizar un tema que por años fue invisibilizado, abrirle la puerta a tantas personas que por años tuvieron las puertas cerradas y empezar a resolver los problemas que urgen una solución”, afirmó.
Entre las medidas contempladas por la iniciativa se encuentran la capacitación institucional, la creación de espacios de descanso sensorial y ajustes que favorezcan la inclusión de estudiantes y trabajadores neurodivergentes en escuelas, centros laborales y dependencias públicas.
La legisladora reconoció que la implementación de la ley requerirá recursos económicos, aunque consideró que el presupuesto no debe ser un obstáculo para garantizar derechos.
“Estamos confiados de que el que exista la necesidad de mayor presupuesto no significa la limitación de derechos de las personas que viven en alguna condición neurodivergente”, concluyó.
