Aguascalientes está dentro del Top 10 de los estados que han creado el Sistema Estatal Anticorrupción con reformas constitucionales satisfactorias. Sin embargo, ese sistema aún no puede implementarse porque no se ha promulgado la ley secundaria que dé vida ese mecanismo de combate a la corrupción.
A cuatro meses de que venza el plazo para la implementación de los sistemas anticorrupción en los estados, Aguascalientes está en rojo en el Semáforo Anticorrupción creado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y Transparencia Mexicana.
“Solo Nayarit y Chiapas están listos para empezar con el desarrollo de sus Sistemas Estatales Anticorrupción. Son los únicos que cumplen con los requisitos mínimos y podrán iniciar con los nombramientos de su Comisión de Selección, Comité de Participación Ciudadana y reformas legales secundarias”, señalan las organizaciones que auspician el estudio.
Aguascalientes ha cumplido ocho de los 10 indicadores tomados en cuenta para el índice, al establecer:
El Sistema Estatal Anticorrupción
El Comité Coordinador
El Consejo de Participación Ciudadana
Obligatoriedad de declaraciones de funcionarios
Nuevo régimen de responsabilidades de servidores públicos
Mecanismos de selección equilibrados entre los poderes
Fiscalía especializada en combate a la corrupción
Tribunal de Justicia Administrativa
Desde el 7 de diciembre de 2016, el grupo de organizaciones presentó una Ley Modelo que adapta la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción al contexto estatal. La propuesta contempla, a grandes rasgos:
Que los sistemas sean coordinados por seis entidades públicas y una ciudadana, que deberá presidir el comité
Que el Comité de Participación Ciudadana se integre por cinco representantes de organizaciones sociales / ciudadanas y por la academia
Que se preserve la representatividad ciudadana, las condiciones de autonomía y funcionalidad de la operación del Sistema Local Anticorrupción
Que los Órganos de Control y Vigilancia funcionen eficazmente para contener y reducir la corrupción en todas sus formas
Que se garanticen presupuesto y condiciones para la debida operación de los sistemas.
Que cada entidad cuente con una plataforma digital con los mismos estándares y protocolos, capaces de conectarse e interactuar con la plataforma nacional, para cruzar datos a nivel municipal, estatal y federal.
