Carta a un gobierno que viola la ley

Publicado el 5 de junio, 2015

Aunque ocurrió hace dos años y siete meses, la imagen de aquel sábado 1 de septiembre de 2012 está fresca. A las 11:17 de la mañana, entre vítores de la bancada del PRI y rechiflas de la oposición, usted llegó a la máxima tribuna de la nación. Saludó al presidente del Congreso, Jesús Murillo Karam, y dio un abrazo formal y breve a su antecesor, Felipe Calderón. Luego protagonizó el ritual que establece el artículo 87 de la Carta Magna. Con la banda presidencial en su pecho, expresó: “Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la república que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la unión. Y si así no lo hiciere que la nación me lo demande”.

Hoy, en una muestra descarada y cínica de violación a la Constitución y a sus leyes por parte del gobierno que usted encabeza, como muchos otros sectores de la sociedad, le demando que la Secretaría de Educación Pública (SEP), que preside Emilio Chuayffet, rechace el chantaje de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y continúe con la aplicación de la evaluación educativa, de acuerdo con el calendario previamente establecido por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).

La decisión anunciada por la SEP el pasado viernes 29 de mayo mediante un comunicado de apenas tres líneas es absurda, ilógica y, a todas luces, ilegal. No me explico —como tampoco lo hacen millones de mexicanos— cómo es posible que no haya defendido la primera y más importante de las reformas estructurales promovidas por su gobierno: la educativa.

Fue la que más consensos tuvo en el Congreso y la de mayor respaldo social. Incluso se aprobó y fue promulgada en medio de los amagos de un sindicato que pretendía (y pretende) perpetuar sus canonjías: heredar plazas o venderlas al mejor postor.

Cancelar la evaluación, aunque sea temporalmente, es traicionarse, señor presidente, es condenarla al fracaso. Si acepta el chantaje de la CNTE le habrán tomado la medida y su gobierno se convertirá en rehén de este grupúsculo que ha crecido gracias a la toma de plazas, calles, monumentos históricos, instalaciones estratégicas, así como al asalto y la destrucción de todo tipo de comercios.

Lo peor es que, al haber cedido, su gobierno violó diversas disposiciones legales, como lo puntualizó el INEE:

De entrada, el artículo 3 de la Constitución, reformado en febrero de 2013, donde se establece que el Estado debe garantizar “la idoneidad de los docentes y los directivos”.La fracción IX de ese mismo artículo por el que se creó el Sistema Nacional de Evaluación Educativa, coordinado por el INEE, “organismo público autónomo”, al que le corresponde “evaluar la calidad, el desempeño y resultados del sistema educativo nacional”.

La Ley del INEE en la que se establece como una de sus atribuciones “definir los procesos de evaluación y los programas anual y de mediano plazo, conforme a los cuales se llevarán a cabo”.

El artículo 15 de la Ley de Educación en el que se determina que el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia del personal docente, directores y supervisores deberá ser con base en la Ley General del Servicio Profesional Docente (LSPD).

El artículo 7 de la LSPD en el que se atribuye al INEE, en coordinación con las autoridades educativas competentes, establecer “los programas anual y de mediano plazo, conforme a los cuales se llevarán a cabo los procesos de evaluación”.

La promoción a cargos de dirección y supervisión, según el artículo 26 de la LSPD, se llevará a cabo con “concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y las capacidades necesarias, además de haber ejercido como docente un mínimo de dos años”.

Para mantener la plaza, las autoridades educativas y los organismos descentralizados deberán evaluar el desempeño docente y de quienes ejerzan funciones de dirección o de supervisión en la Educación Básica y Media Superior que imparta el Estado, según el Artículo 52 de la LSPD.

Por estos desacatos, juristas como Miguel Carbonell, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, advirtieron que el INEE podría presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una controversia constitucional por la invasión de funciones y la violación a su autonomía.

De hecho, durante la sesión del pasado miércoles 3 de junio, por acuerdo de todos los grupos parlamentarios, la Comisión Permanente del Congreso exigió a la SEP no suspender el proceso de evaluación del magisterio y le demandó cumplir a cabalidad con la LSPD. Senadores del PAN fueron más allá y advirtieron que Emilio Chuayffet podría ser sometido a juicio político por esta determinación.

También, el presidente de la Comisión de Educación del Senado, Juan Carlos Romero Hicks, anunció que solicitará a la Secretaría de la Función (SFP) que investigue una presunta invasión de funciones por parte de la SEP.

Usted no puede darse el lujo de señalar que será esa dependencia la que explique las razones de tal determinación. ¿Cuándo, señor presidente? Ese mismo día, el miércoles 3, Chuayffet Chemor hizo su primera aparición pública tras el escándalo. Lo hizo durante la firma de un convenio con la Secretaría de la Defensa Nacional. El mexiquense no tocó el tema. Se limitó a decir que México vive “una profunda transformación de su sistema educativo”.

Y fue mejor el general Salvador Cienfuegos quien defendió la reforma educativa: aseguró que es la más importante emprendida por el actual gobierno y añadió que “la educación es la piedra angular que ha permitido y seguirá permitiendo construir los pilares en que descansa la institucionalización y la democracia”.

Por lo demás, creo que usted y su equipo de colaboradores cometieron un error de cálculo al pensar que, con el anuncio de la suspensión temporal, la CNTE frenaría sus acciones para boicotear la elección del domingo 7 de junio. Se equivocaron.

“Nosotros vamos contra la reforma educativa, no nada más contra la evaluación. Vamos por nuestra estabilidad laboral, por las plazas automáticas de los normalistas y por la ley estatal de Oaxaca. ¿Quién nos asegura que después del 7 de junio no van a volver a sacar las fechas para la evaluación?”. Esa fue la respuesta que Benito Vázquez Henestrosa, secretario de Prensa y Propaganda de la Sección 22, hizo tras el escueto comunicado de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente de la SEP.

Más allá de palabras, previo a la celebración de la jornada electoral hubo hechos concretos. En Guerrero quemaron 116 340 boletas electorales del distrito 28 correspondientes a Tlapa; en Oaxaca sustrajeron y destruyeron 16 000 boletas y tomaron las once juntas distritales y la Vocalía Ejecutiva del INE en el estado, así como la planta de abastecimiento de Pemex; además, tomaron el aeropuerto del estado por lo que dieciséis vuelos fueron suspendidos. En Puebla atacaron con bombas molotov instalaciones del INE, la Red Urbana de Transporte Articulado y la Secretaría de Economía; en Veracruz también lanzaron ese tipo de artefactos contra dos oficinas de la Sedesol y prendieron fuego a un módulo del INE donde se consumieron mobiliario y papelería oficial.

Este grupúsculo, usted lo sabe bien, no tiene llenadera. Va por la abrogación total de la reforma educativa. Con esta decisión, usted mismo hizo que su gobierno se viera débil, rebasado, sometido. Y lo peor, que violara la Constitución que juró cumplir y hacer cumplir.

Hoy la nación le demanda rectificar. Está a tiempo. Ojalá lo haga.

Atentamente: Una ciudadana preocupada, como muchos.

El boicot de la CNTE

2 de junio. En las sedes distritales 08, Oaxaca de Juárez; 09, Santa Lucía del Camino; 04, Tlacolula; y 10, Miahuatlán de Porfirio Díaz, militares son desalojados por los maestros de la CNTE.

2 de junio. Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) toman gasolineras de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde regalan el combustible a los automovilistas.

3 de junio. Integrantes de la Coordinadora repliegan a elementos de la Policía Federal y se apoderan del Aeropuerto Internacional de Oaxaca, con lo que logran la suspensión de vuelos.

4 de junio. Gasolineras de la región del Istmo, en Oaxaca, cierran por desabasto de combustible causado por los bloqueos de la CNTE a instalaciones de Pemex.

5 de junio. Maestros de la Coordinadora amenazan con bloquear los accesos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

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