La secretaria de los Derechos Humanos de Guanajuato, Liz Alejandra Esparza Frausto, informó que el Gobierno del Estado trabaja en un diagnóstico integral para generar una propuesta normativa sobre la operación de centros de rehabilitación o anexos, particularmente ante el debate nacional sobre los internamientos involuntarios de personas con adicciones.
La funcionaria estatal explicó que la dependencia a su cargo participa en una mesa interinstitucional junto con otras áreas estatales para analizar la regulación de estos espacios desde un enfoque de legalidad y respeto a los derechos humanos.
“Desde la Secretaría de Derechos Humanos nos sumamos a este trabajo que se está realizando del gobierno de la gente. Se está realizando todo un diagnóstico para poder generar una propuesta en este tema en cuanto a las regulaciones”, señaló.
Esparza Frausto indicó que, aunque las principales atribuciones recaen en instancias como la Secretaría de Salud y otras dependencias, existe interés del Gobierno estatal por revisar el funcionamiento de estos centros y establecer reglas más claras.
“Estamos trabajando en un diagnóstico. Pronto podrán conocer cuál es este diagnóstico y seguro estoy nos va a dar pauta para generar alguna propuesta ya muy específica”, afirmó.
Sobre los internamientos involuntarios, reconoció que se trata de un tema complejo debido a que muchas familias recurren a estos espacios cuando las personas no están en condiciones de tomar decisiones por sí mismas. Añadió que el reto consiste en garantizar que los anexos operen bajo condiciones legales y con pleno respeto a la dignidad de las personas.
“Sabemos que este tema es muy delicado, sabemos cuáles son las circunstancias por las cuales las personas tienen que ingresar a este tipo de espacios. Yo creo que mientras estos centros operen con todas las regulaciones y en el respeto a los derechos humanos de las personas, no tendría que caer en estas situaciones”, sostuvo.
Finalmente, la secretaria reconoció que existen casos polémicos relacionados con retención de personas por adeudos económicos u otras irregularidades, aunque aclaró que la Secretaría de Derechos Humanos no tiene facultades directas para investigar o sancionar estos hechos.
“La Secretaría de Derechos Humanos es una entidad administrativa dependiente completamente del Poder Ejecutivo. Para estos casos puede ser una instancia correcta el organismo autónomo como lo es la Procuraduría de los Derechos Humanos”, explicó.
Recordó que las denuncias o quejas por posibles abusos pueden canalizarse tanto a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado como a las autoridades municipales correspondientes.
“Hay ocasiones donde las personas quizás no eran regresadas a sus familias porque se adeudaba algo del centro, pero yo creo que también todo eso tendría que verse o por los municipios o por la Procuraduría de los Derechos Humanos”, concluyó.
